Reficar, el desfalco del siglo

La investigación que analizó 177 contratos (121 de la firma constructora CB&I y 56 de Reficar), por valor de US$1.730 millones, revela que los 36 hallazgos fiscales representan irregularidades por US$943 millones. El resto de hueco fiscal (US$1.936 millones) corresponde al lucro cesante, es decir, al dinero que dejó de producir la refinería por el retraso de 27 meses en la entrega de la obra.

Para entender la magnitud del problema es necesario volver la mirada al proceso de adjudicación del contrato y a todas las anomalías que vinieron con él. Las dos empresas que hicieron ofertas para quedarse con el 51 % de Reficar no certificaron ninguna experiencia en temas de refinación y no superaron el valor mínimo de la licitación. Ni Petrobras ni Glencore, compañía que finalmente se quedó con el contrato, después de duplicar el valor de la oferta, tenían la capacidad para llevarlo a cabo.

Eso se demostró el 16 de febrero de 2009, tan sólo dos años después de haber iniciado la obra, cuando Glencore declaró que tenía un imprevisto que afectaba la ejecución del proyecto de manera definitiva. Dos días después, la junta directiva de Ecopetrol, por unanimidad, autorizó la salida de Glencore y se quedó con el 100 % del proyecto. En ese momento ya estaba contratado el constructor (CB&I), se había definido el modelo de financiación y se habían seleccionado los posibles proveedores.

Para la Contraloría, uno de los primeros errores estuvo ahí. En vez de pagar US$541 millones a Glencore, Ecopetrol debió haberlo sancionado. En efecto, jurídicamente, la repentina salida de la empresa tenía varias consecuencias económicas. Por ejemplo, una garantía por valor de US$75 millones, penalidades por US$166.000 diarios por retrasos o US$40 millones por incumplimiento. Sin embargo, nada de eso se cobró. Glencore salió como si nada hubiera pasado y Ecopetrol, responsable absoluto de la construcción de la refinería, tuvo que crear una entidad tenedora de valores en el extranjero, Ecopetrol Capital AG, que recibió créditos a largo plazo por US$7.000 millones.

En 2012, la filial de Ecopetrol le transfirió US$2.240 millones a Reficar, que, según el contralor general, hoy todavía tiene una deuda de US$1.657 millones con Ecopetrol.

A esta serie de irregularidades, producto de la corrupción o de la negligencia —lo definirá la investigación de la Fiscalía—, se suma el hecho de que todos los contratos están en inglés y nueve de cada 10 tienen errores o cláusulas de conveniencia irregulares.

Por su parte, Reficar respondió que la mayoría de los hallazgos de la Contraloría se refieren a problemas de gestión o desempeño en la ejecución de trabajos por parte de la empresa contratista CB&I y algunos subcontratistas. Y además niega que los resultados de la auditoría hagan referencia a actos de corrupción o desfalco por parte de Reficar. Asegura que tampoco existen hallazgos con alcance penal.

Sin embargo, los efectos de los sobrecostos y las adiciones presupuestales no se han hecho esperar. Mientras la tasa de rentabilidad del proyecto esperada era de 16,10 %, la actual es de 4,35 % y se ubica por debajo de la deuda del proyecto (5,5 %). Lo más grave del asunto es que este a penas es el primer informe de la Contraloría. La segunda parte empezará en enero de 2017 y espera duplicar los hallazgos fiscales.

La investigación que analizó 177 contratos (121 de la firma constructora CB&I y 56 de Reficar), por valor de US$1.730 millones, revela que los 36 hallazgos fiscales representan irregularidades por US$943 millones. El resto de hueco fiscal (US$1.936 millones) corresponde al lucro cesante, es decir, al dinero que dejó de producir la refinería por el retraso de 27 meses en la entrega de la obra.

Para entender la magnitud del problema es necesario volver la mirada al proceso de adjudicación del contrato y a todas las anomalías que vinieron con él. Las dos empresas que hicieron ofertas para quedarse con el 51 % de Reficar no certificaron ninguna experiencia en temas de refinación y no superaron el valor mínimo de la licitación. Ni Petrobras ni Glencore, compañía que finalmente se quedó con el contrato, después de duplicar el valor de la oferta, tenían la capacidad para llevarlo a cabo.

Eso se demostró el 16 de febrero de 2009, tan sólo dos años después de haber iniciado la obra, cuando Glencore declaró que tenía un imprevisto que afectaba la ejecución del proyecto de manera definitiva. Dos días después, la junta directiva de Ecopetrol, por unanimidad, autorizó la salida de Glencore y se quedó con el 100 % del proyecto. En ese momento ya estaba contratado el constructor (CB&I), se había definido el modelo de financiación y se habían seleccionado los posibles proveedores.

Para la Contraloría, uno de los primeros errores estuvo ahí. En vez de pagar US$541 millones a Glencore, Ecopetrol debió haberlo sancionado. En efecto, jurídicamente, la repentina salida de la empresa tenía varias consecuencias económicas. Por ejemplo, una garantía por valor de US$75 millones, penalidades por US$166.000 diarios por retrasos o US$40 millones por incumplimiento. Sin embargo, nada de eso se cobró. Glencore salió como si nada hubiera pasado y Ecopetrol, responsable absoluto de la construcción de la refinería, tuvo que crear una entidad tenedora de valores en el extranjero, Ecopetrol Capital AG, que recibió créditos a largo plazo por US$7.000 millones.

En 2012, la filial de Ecopetrol le transfirió US$2.240 millones a Reficar, que, según el contralor general, hoy todavía tiene una deuda de US$1.657 millones con Ecopetrol.

A esta serie de irregularidades, producto de la corrupción o de la negligencia —lo definirá la investigación de la Fiscalía—, se suma el hecho de que todos los contratos están en inglés y nueve de cada 10 tienen errores o cláusulas de conveniencia irregulares.

Por su parte, Reficar respondió que la mayoría de los hallazgos de la Contraloría se refieren a problemas de gestión o desempeño en la ejecución de trabajos por parte de la empresa contratista CB&I y algunos subcontratistas. Y además niega que los resultados de la auditoría hagan referencia a actos de corrupción o desfalco por parte de Reficar. Asegura que tampoco existen hallazgos con alcance penal.

Sin embargo, los efectos de los sobrecostos y las adiciones presupuestales no se han hecho esperar. Mientras la tasa de rentabilidad del proyecto esperada era de 16,10 %, la actual es de 4,35 % y se ubica por debajo de la deuda del proyecto (5,5 %). Lo más grave del asunto es que este a penas es el primer informe de la Contraloría. La segunda parte empezará en enero de 2017 y espera duplicar los hallazgos fiscales.