La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro naufragó en su primer paso por el Congreso, ya que la falta de quórum impidió que se debatiera.
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Sus críticos argumentaron que ese documento no fomentaba los cambios que ellos consideran necesarios para el mercado laboral colombiano, es decir, la generación de empleo y la reducción de la informalidad. Al contrario, dijeron en su momento que esa propuesta encarecía los costos de la contratación formal, reduciendo así la capacidad de las empresas para mantener y generar plazas de trabajo.
Parte de los artículos en los que se basaron para argumentar lo anterior son los relacionados con el recargo del 100 % en días de descanso y festivos, así como la aplicación de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. (hoy arranca a las 9:00 p.m.).
En su momento, el Gobierno explicó que, evidentemente, esa no era una reforma que apuntaba a la generación de trabajo, sino más bien a poner al día al país en materia de derechos laborales, dignificando el empleo, reforzando la estabilidad laboral y dando protagonismo a aspectos como la asociación sindical y la huelga. Esto en línea con los convenios internacionales que ha ratificado el país, por cierto.
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Tras el hundimiento de la iniciativa, el presidente Petro dijo que insistiría en la segunda legislatura (que comenzó el 20 de julio). Los meses pasaron y en este tiempo, según lo informado por el Ministerio del Trabajo, se adelantaron diálogos con comunidades, gremios y sindicatos para pulir la reforma y alistar la propuesta que terminó radicándose este jueves.
Algunas de las principales preguntas en este momento son: ¿qué tan diferente es esta versión 2.0 de la original? y si logrará convencer a las mayorías en el Congreso para su aprobación.
Según lo explicado por Fabio Arias, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este proyecto de ley “mantiene el espíritu de la primera reforma”, pues defiende la estabilidad laboral, la regulación de la intermediación y tercerización, la formalización de los trabajadores domésticos, los rurales y los de plataformas de reparto, además de poner al día al país en estándares internacionales relacionados con las libertades sindicales.
No obstante, lo que para las centrales obreras es positivo, para ciertos gremios resulta negativo, pues se interpreta el documento como una especie de copia y pega que no tuvo en cuenta las recomendaciones que se le hicieron antes de su nueva radicación.
Tal es el caso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, asegura que no fueron tenidos en cuenta para el rediseño de la laboral y que ni siquiera se convocó a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (en donde se encuentran empresarios, Gobierno, sindicatos y pensionados).
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“Nuevamente se equivoca el Gobierno al radicar una reforma que está fundamentada en el proyecto que se hundió en la primera legislatura”, aseguró Cabal.
No obstante, la nueva reforma sí trae una serie de cambios frente a la primera propuesta. Ejemplo de esto es la posibilidad de que los trabajadores de una microempresa coticen seguridad social a tiempo parcial; protección a víctimas de violencias basadas en género, una regulación para el contrato de profesionales del arte y la cultura, así como el derecho a recargos para periodistas, comunicadores y labores afines.
La posición de Cabal es en el sentido de que permanecen los artículos que, a su juicio, afectan la capacidad de contratación, es decir, los recargos al 100 % en días de descanso y festivo, así como el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m.
Para las centrales obreras, esta apuesta en la reforma laboral no necesariamente se traduce en una amenaza a la contratación, ya que al mejorar los ingresos y la estabilidad laboral de los trabajadores se aumenta la demanda y, por ende, la necesidad de las empresas de aumentar su mano de obra para responder a la producción.
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En temas más puntuales, como lo es la formalización de repartidores que trabajan mediante aplicaciones del tipo Rappi y DiDi Food, José Daniel López, presidente de Alianza Inn (gremio de las empresas de este ramo), considera que sí hay cambios positivos frente al primer documento, ya que ahora se contempla la posibilidad de que un trabajador se vincule a la plataforma como dependiente o independiente.
Según lo explicado por López, esta fórmula permitirá avanzar en la formalización de los más de 120.000 repartidores que hay en el país, pues las empresas comenzarán a contribuir en sus aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales…), sin que esto amenace las dinámicas con las que operan este tipo de plataformas tecnológicas.
Si se logra formalizar a estos trabajadores sería un avance en la materia. En junio la informalidad en Colombia estuvo presente en 55,7 % de los trabajadores, para un total de 12,8 millones de personas en esa condición.
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El articulado de este proyecto también apunta a formalizar a los trabajadores domésticos (que, según el DANE, suman unos 650.000), más los tres millones que se dedican a las labores de la ruralidad en el país.
Analistas como Víctor Julio Díaz, quien es abogado laboralista y socio fundador de la firma Díaz Daza y Solano SAS, creen que más allá de esto la reforma no representa una gran transformación para el país.
“Es una simple modificación a unas normas que en ningún momento tienen en cuenta el mercado laboral colombiano ni sus necesidades y, por lo tanto, no tiene grandes transformaciones”, añade, al insistir en que esta reforma sí debería velar por la generación de empleo formal, además de reunir las propuestas e intereses de todos los que conforman el mercado laboral colombiano.
Finalmente, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, asegura que esta es una reforma que sí responde a las necesidades que tiene el mercado laboral pues, por ejemplo, tiene en cuenta la irrupción que están teniendo las nuevas tecnologías en el mismo, de allí que se haya incluido un capítulo para repartidores y plataformas de reparto.
Pero también se ve reflejado esto en otros aspectos como el impacto que tendrá la automatización (trabajo hecho por máquinas), así como la descarbonización y la transición energética (especialmente en industrias que dependen de los hidrocarburos).
Para esto se ha plasmado en la reforma todo un paso a paso para buscar mecanismos de reconversión laboral y reubicación antes de que se contemple la alternativa del despido. Si finalmente la empresa no puede mantener la contratación de quienes resulten afectados por estos cambios, la misma deberá solicitar el permiso al Ministerio del Trabajo para recortes colectivos de personal. A su vez, estas personas estarían cobijadas por un seguro de desempleo, garantías para seguir cotizando en el sistema de seguridad social y su inclusión en una ruta de empleabilidad para encontrar otro trabajo.
Se espera que en los próximos días se asignen los ponentes que tendrá este proyecto de ley, quienes tendrán que trabajar en el diseño de la ponencia (los primeros ajustes que tendría la reforma) antes de comenzar su primer debate.
Según la consultora Thank, “este proyecto de ley inicia su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde el gobierno cuenta con María Eugenia Lopera (del partido Liberal) liderando esta Comisión. Sin embargo, el bloque de la ‘oposición’ a la reforma sigue marcando mayorías. El gobierno Petro deberá hacer un trabajo arduo y muy milimétrico para darle un trámite satisfactorio a esta reforma social”.
Para esta consultora, el Ministerio vuelve a “repetir el error” de no haber buscado consensos ni voluntades políticas, por lo que no hay garantías reales de que el tránsito que tenga esta nueva versión sea diferente al que tuvo la iniciativa presentada en la primera legislatura.
Lo cierto es que el mercado laboral colombiano tiene problemas urgentes (informalidad, desempleo, brecha de género, acertada formación para el trabajo) que requieren de cambios para su resolución. La pregunta es cómo, si los dos grandes interesados (trabajadores y empresarios), al menos a la luz de la reforma, no parecieran ponerse de acuerdo.
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