Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El futuro del trabajo en Colombia se sigue discutiendo en el Congreso. Tras ser revivida en la Comisión Cuarta del Senado, la reforma laboral ha recibido señales que apuntan a que, esta vez, se podría avanzar hacia su aprobación.
Uno de estos respaldos vino del coordinador ponente Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal), quien aseguró que se decidió no archivar el proyecto y se comprometió a tener lista la ponencia a más tardar el próximo martes, con el fin de iniciar su análisis, debate y eventual conciliación. Todo esto en medio de una contrarreloj, pues el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio, cuando finaliza la actual legislatura.
En la sesión del 20 de mayo, la Comisión Cuarta citó a centrales obreras, representantes del Gobierno y empresarios para discutir sobre los temas de fondo que tiene esta reforma. En esta discusión se dieron varias cifras que aclaran el panorama que deberán resolver las nuevas reglas que tendrá el mercado laboral.
Las primeras se relacionan con la informalidad. Según el DANE, en Colombia esta es del 57,7 %, lo que se traduce en que el grueso de los trabajadores no tiene garantizado un salario mínimo, tampoco acceso a salud, protección ante riesgos laborales, cotización a pensión, cesantías, vacaciones y caja de compensación familiar, entre otras prestaciones.
Puntualmente en el agro, según lo explicado por el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, el 82 % de los ocupados son informales. Explica que gran parte se debe al desconocimiento de las realidades laborales que hay en el campo, pues allí los trabajos son estacionales, es decir, dependen de aspectos como la recolección de la cosecha y los periodos de siembra.
Es por lo anterior que Bedoya propone que se cree un contrato especial, uno que permita a los trabajadores laborar en virtud de esos ciclos estacionales (de máximo 6 meses) y que sean flexibles para que se pueda prestar servicios a varios empleadores de forma simultánea. En esta forma de contratación se respetaría el salario mínimo, pagando al trabajador la proporción del tiempo que ha dedicado, así como lo equivalente para el pago de cesantías, auxilio de transporte, primas y reconocimiento de vacaciones, cotización de pensión y cobertura ante riesgos laborales.
Otras cifras importantes fueron aportadas por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que desde su cartera se adelantó un modelo económico que proyecta el impacto que tendría la reforma laboral.
Señala que en un escenario de bajo impacto los trabajadores experimentarían un incremento promedio en sus ingresos cercano al 3 %, además de la creación de 91.000 nuevos puestos de trabajo, y un aporte al crecimiento de la economía del 0,37 %. Los renglones de la economía en donde más se verían nuevas plazas laborales serían, con 17.300; entretenimiento (12.200) e industria (11.800).
Estas cifras difieren con el estudio que han empleado los críticos de la reforma, el cual provino desde el Banco de la República y estima que la eventual aprobación de la laboral implicaría la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo. Sobre este último hay que decir que se elaboró en 2023, y que desde entonces el articulado del proyecto de ley ha tenido múltiples cambios.
Sanguino también mencionó un estudio de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el cual indica que la masa monetaria salarial podría crecer hasta un 10,7 %, lo que implicaría una mayor demanda de productos y servicios y, por ende, mayor crecimiento de la economía. “Sin la reforma el PIB crecería un 2,7 % a finales de 2025; con reforma este podría ser de un 3,9 %, y para 2026 del 6,3 %.
Uno de los puntos más apreciados de la reforma tiene que ver con las madres comunitarias, quienes recibirían los beneficios de la formalidad por medio del ICBF.
La subdirectora de esa entidad, Astrid Cáceres, informó que son más de 40.000 las madres comunitarias, lo que implica un enorme desafío presupuestal para cumplir con la promesa de su formalización.
Desde la reforma se propone que la vinculación se haga de forma progresiva, iniciando el primer año con el 25 %, y así avanzando hasta llegar al 100 % en cuatro años. El problema es que, de momento, solo habría recursos para cumplirles a 2.300, es decir, al 6 %. De dónde saldrá el resto del dinero es una pregunta que hoy preocupa a varios senadores.
Finalmente está el concepto que presentó el Ministerio de Hacienda. Esta cartera coincide en que la aprobación de la reforma puede derivar en más productividad, estímulos para la contratación, programas de empleo y la formalización. No se dio un impacto fiscal detallado, pues el grueso de los artículos depende de una reglamentación.
Aún así, se aproximó a decir que parte de los artículos cuyo impacto fiscal hay que analizar con más detenimiento son el 21, que es el relacionado a pago a estudiantes de medicina (con un costo anual estimado entre los $149.966 millones y los $233.664 millones); la ampliación de la licencia de paternidad (cuyo pago recae en el presupuesto de la salud vía ADRES); y la protección laboral en procesos de descarbonización.
Desde el Gobierno se ha dicho que se seguirá apostando a la consulta popular, la cual es vista como un “seguro de vida”, en el eventual caso de que la reforma no triunfe en el Senado. Desde el empresariado se ha hecho la invitación a que se avance en los debates, bajo la premisa de que en todo momento se busquen consensos.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
