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Este miércoles se radicó una de las ponencias que será sometida a consideración en el cuarto debate de la reforma laboral, proyecto de ley que iniciará su último debate, en la plenaria del Senado, el próximo lunes 9 de junio.
Esta ponencia tiene la firma de la senadora Angélica Lozano, Juan Felipe Lemos y Carlos Abraham Jiménez. Según lo explicado por la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, el mencionado documento recoge el 99 % de lo que se aprobó en el tercer debate, salvo cuatro novedades.
Estudiantes del SENA
Se ajustó la redacción del texto para que quede claro que, en su etapa lectiva, los estudiantes del SENA tendrán cobertura en salud pagada por sus empleadores. También se precisó que el trabajo que realicen les contará y se les certificará como práctica profesional. Con esto último se espera que los aprendices tengan más garantías para insertarse en el mercado laboral.
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Sobre este punto, hay que recordar que ha habido una amplia discusión, ya que los sectores afines al Gobierno defienden que los contratos de estos estudiantes deben tener un carácter laboral y no de aprendizaje.
La principal diferencia entre ambos contratos está en los beneficios que otorgan. El contrato laboral brinda todas las prestaciones de ley a un trabajador formal en Colombia, como afiliación a seguridad social, caja de compensación familiar, vacaciones pagadas, cesantías y primas. En cambio, el contrato de aprendizaje solo cubre cotizaciones a salud, pensión y riesgos laborales.
Además, según lo aprobado hasta ahora, los estudiantes del SENA tendrán derecho a recibir el 70 % de un salario mínimo durante su etapa lectiva y el 100 % durante la etapa práctica.
Régimen simple para cesantías
Las cesantías son una de las prestaciones que más protegen a los empleados en temporadas de desempleo, además de ser un ahorro para apalancar proyectos como compra de vivienda y estudios.
El problema es que, al hacerse en un solo pago anual, a muchas empresas se les dificulta cumplir con esta obligación. Por eso, la ponencia propone permitir a los empleadores realizar cotizaciones mensuales.
Esto sería opcional, es decir, cada empleador podría decidir si hace las cotizaciones a cesantías de forma mensual o anual.
Formalización de transportadores
Tras el paro de transportadores, en septiembre del año pasado, el Gobierno se comprometió a llevar en la reforma laboral mecanismos que faciliten la formalización de este sector.
En el tercer debate del proyecto de ley, estos mecanismos no fueron tenidos en cuenta en el articulado (salvo por la senadora Aida Avella, para quien era fundamental que se incluyera este tema en el articulado).
Esta ponencia vuelve a poner en la discusión a los transportadores. Se prevé que este sea uno de los puntos en los que se logre consensos, teniendo en cuenta que esta iniciativa, de momento, ya cuenta con el apoyo de por lo menos la mitad de los ponentes.
Trabajo parcial
La ponencia propone que tanto microempresas (empresas con menos de 10 trabajadores), hogares y trabajadores de tiempo parcial, puedan hacer cotizaciones al sistema de seguridad social.
Esto, de entrada, sería un paso importante (recomendado por múltiples expertos) para mitigar los elevados niveles de informalidad que hay en Colombia, pues hoy el umbral para entrar en la formalidad es un salario mínimo, el cual se le otorga a quienes trabajan la jornada completa.
El beneficio sería que este tipo de trabajadores puedan tener coberturas ante elementos tan básicos como los riesgos laborales, la salud y aportes a pensión. Según lo expuesto en el artículo 67 de la ponencia, también se incluyen otras prestaciones como cesantías y primas.
Algunos sectores, como las centrales obreras, se oponen a estas medidas argumentando que promueven el trabajo por horas, lo que podría precarizar aún más el mercado laboral. Temen que muchas empresas migren hacia este tipo de contratación, afectando la estabilidad laboral, y señalan que quienes trabajen bajo estas modalidades difícilmente se afiliarán a sindicatos.
Los punto álgidos de la reforma
El tercer debate del proyecto de ley se aprobó en tan solo un día. Gran parte de esto se debe al consenso que hubo entre los senadores de la Comisión Cuarta, pero también porque un bloque importante de artículos pasó con la salvedad de que las proposiciones que se presentaron quedaban como salvedad para ser discutidas en la plenaria.
En otras palabras, que las diferencias que persisten en los artículos más polémicos se limarían en el cuarto y último debate de la laboral.
Probablemente, los puntos más complejos que tendrá esta discusión será el inicio de la jornada nocturna y el recargo por trabajar en días de descanso.
Sobre el primero, los congresistas afines al Gobierno han insistido en que la jornada nocturna debe ir de seis de la tarde a seis de la mañana. Los más críticos sostienen que debería permanecer como está vigente (desde las nueve de la noche), o que se aplique un régimen especial en donde solo en las medianas y grandes empresas (cerca del 3 % del tejido empresarial colombiano) se empiece más temprano.
Lo que se aprobó en tercer debate es prácticamente lo mismo que salió de la Cámara de Representantes, es decir, que la jornada nocturna inicie a las siete de la noche y vaya hasta las seis de la mañana.
Sobre el segundo también se propuso que el recargo por trabajar un domingo sea del 100 %, mientras que por laborar un festivo sea del 75 %. Quienes argumentan esto se apoyan en que Colombia es el segundo país de la región con mayor cantidad de festivos, y que los recargos que se otorgan en la actualidad están por encima del de otros países latinoamericanos.
Sin embargo, lo aprobado establece que ambos días se paguen al 100 %, con la opción de que las empresas puedan aplicar una gradualidad (80 % para el primero de la vigencia de la eventual ley laboral, 90 % para el segundo año y 100 % para el tercer año).
Otro punto importante será la formalización de las madres comunitarias mediante su vinculación al ICBF. En la práctica, no hay quienes se opongan a esta propuesta, el problema está en la capacidad fiscal del país para cumplir con esos salarios y prestaciones.
Se estima que en el país hay 40.000 madres comunitarias, pero según lo expuesto por la directora del ICBF, solo habría recursos para unas 2.300. De entrada se aplicaría una gradualidad, en la que año tras año se sumarían más trabajadores. Lo que está en discusión es si el Gobierno tiene el dinero suficiente para llegar a la meta del 100 % (para esto se necesitaría un concepto favorable desde el Ministerio de Hacienda).
A esta lista se sumaría la licencia de paternidad, el trabajo por horas y los tiempos del trabajo a término fijo, entre otros temas que serán debatidos este lunes 9 de junio.
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