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Reglamentación frente a paraísos fiscales, a la espera

Pese a que en la reforma tributaria se establecen pautas para poner freno a la fuga de capitales, faltan normas para controlar transacciones como la venta de materias primas.

Héctor Sandoval Duarte
01 de octubre de 2013 - 05:00 p. m.
Islas Caimán es uno de los destinos para llevar grandes sumas sin pagar impuestos.  / 123rf
Islas Caimán es uno de los destinos para llevar grandes sumas sin pagar impuestos. / 123rf

Pese a que la reforma tributaria del Gobierno aprobada por el Congreso de la República en diciembre pasado incorpora mecanismos para poner freno a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales y establece la determinación de los mismos, la red Justicia Tributaria —organización conformada por académicos y exfuncionarios estatales— señaló que es la hora en la que el Estado aún no tiene clara la legislación para controlar este fenómeno.

“Hay una problemática clara donde los paraísos fiscales se están utilizando para hacer planeación nociva internacional. Nosotros somos conscientes de que tenemos en el proceso un decreto reglamentario con el listado de los paraísos fiscales y esto es algo que nos va a ayudar para poner control y programas de fiscalización a transacciones que ya hemos identificado”, comentó el director de Gestión de Fiscalización Internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Diego González-Bendiksen.

Según el funcionario, el decreto que alista el Gobierno para reglamentar el control a operaciones que se hacen a través de paraísos fiscales, como financiamiento, compra de activos y venta de materias primas al exterior, estará listo antes de terminar este año.
Agregó que la DIAN estima —con cifras al corte de 2011— que $11,4 billones fueron el monto declarado por los contribuyentes que realizaron operaciones con vinculados en paraísos fiscales.
De acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria), el Gobierno debe determinar los paraísos fiscales siguiendo criterios como “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales bajos sobre la renta, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; carencia de un intercambio de información o existencia de normas o prácticas que lo limiten; falta de transparencia a nivel legal e inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica”.

Álvaro Pardo, miembro de la red de Justicia Tributaria, manifestó que “las cifras sobre paraísos fiscales muestran que casi el 80% de la inversión extranjera que llega al país proviene de éstos. Uno no sabe quiénes son los inversionistas que están llegando”. Añadió que estos destinos se han utilizado para transferir las ganancias de las compañías que se crean en Colombia.
“La DIAN no puede actuar para fiscalizar las operaciones que nacionales hacen a través de domiciliados en paraísos. Estamos esperando hace nueve meses y nos dicen que el decreto para saber cuáles son esos destinos está en las altas esferas del Gobierno”, comentó Pardo, al tiempo que reiteró que estas maniobras tributarias le están pasando factura a la meta del recaudo tributario para este año, la cual se sitúa por encima de los $100 billones.

En opinión de José Roberto Acosta, gerente de inversiones de la firma Asesores en Valores, “políticos y empresarios al parecer tienen sus recursos en paraísos fiscales como mecanismo de elusión y casi de evasión tributaria. En el momento en que se le ponga el cascabel al gato, muchos van a ver vulnerados sus réditos de capital y eso es lo que quieren hacer de manera gradual”.

Agregó que la destinación de grandes montos de recursos hacia paraísos fiscales se ha sofisticado y que la DIAN reconoce que no tiene el personal suficiente ni “los dientes necesarios” para perseguir esas maniobras.

En consonancia con esto, el año pasado se tramitó en el Congreso un proyecto para obligar a las sociedades a revelar sus controlantes en el exterior, todo con el propósito de poner coto a la creación de compañías en el extranjero que abren subordinadas en Colombia, a través de las cuales se sacan grandes sumas de dinero.
 

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval

Por Héctor Sandoval Duarte

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