Nuevas reglas de seguridad para vehículos: ¿barrera para la importación?

Una nueva reglamentación sobre seguridad vial ha levantado dudas por los efectos que podría tener sobre la importación y comercialización de algunos vehículos en Colombia, con potenciales implicaciones sobre la llegada de carros de mercados como Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia.

La reglamentación no ha entrado en efecto aún, pues esto sucedería el 2 de mayo, pero desde hace días autoridades de Colombia y Estados Unidos sostienen conversaciones para intentar encontrarle solución a los problemas que, dicen desde ese país, tendría la nueva reglamentación.

Según lo explicado por María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), el cambio normativo se deriva de la adhesión de Colombia al Acuerdo de 1958 de la ONU, mediante el cual se adopta una serie de regulaciones técnicas para los vehículos y sus partes. En 2023, Colombia formalizó y ratificó esta adhesión con la Ley 2290.

“A través de esta ley, la Nación se compromete a adoptar los estándares técnicos de seguridad vehicular establecidos en el Acuerdo de 1958, conocidos como reglamentos UNECE, los cuales son comúnmente aplicados por la Unión Europea. La Ley 2290, al vincularse a dicho acuerdo, no contempla el reconocimiento automático de otras normativas técnicas igualmente válidas y más recientes, como los Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), desarrollados y actualizados permanentemente por Estados Unidos, y que también son adoptados por fabricantes en México y Brasil, principales proveedores de vehículos para el mercado colombiano”, precisó Lacouture.

El problema, dice Lacouture, es que estas otras certificaciones no serían reconocidas en el país, lo que terminaría por complicar el comercio de vehículos con estos países.

El Gobierno de Estados Unidos ya le expresó al país su preocupación por este tema. El representante de Comercio, Jamieson L. Greer, envió una carta a la ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, Cielo Rusinque, en la que advierte que esta serie de regulaciones podría poner en riesgo cerca de US$700 millones anuales, valor de las exportaciones automotrices de su país hacia el nuestro.

“El hecho de que Colombia no rectifique esta situación podría resultar en el cese total de importaciones automotrices desde Estados Unidos a partir del 2 de mayo, fecha en la que está previsto que entre en vigor la primera de estas regulaciones”, se lee en la misiva, en la que también se advierte que nuestra nación podría estar incurriendo en una práctica comercial desleal.

Greer le pidió al Gobierno de Colombia retrasar la implementación de esta medida hasta que se encuentre una “solución permanente”.

En este marco, la ministra Rusinque se reunió (el jueves de la semana pasada) con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña y el representante Greer. En ese encuentro, se explicó que el cambio obedece a una política de seguridad de las Naciones Unidas en la que se ha trabajando desde años atrás y que el proceso cumplió exitosamente trámites en el Congreso y la Corte Constitucional.

“Esto es algo que involucra a varios actores y para considerar un aplazamiento se debe conversar primero con las entidades involucradas, entre estas el Ministerio de Transporte”, informó la ministra, quien detalló que en la reunión entre ambas partes hubo una escucha y se entendieron las razones que tiene Colombia en esta materia, además de la receptividad a las advertencias económicas que hace Estados Unidos.

La mirada del Gobierno

El Ministerio de Transporte manifestó a este medio que, en el año 2022, expidió unos reglamentos técnicos (siete en total) enfocados en seguridad vial y en mejorar los estándares de los vehículos y componentes que son importados desde Colombia.

Estos reglamentos técnicos, dice la entidad, emplean mejoras en materia de llantas para motos, frenos y llantas de vehículos de cuatro ruedas o más, cintas reflectivas, cinturones de seguridad, cristales y frenos de motocicleta, entre otros.

La cartera también dijo que lo que pasará el 2 de mayo, hasta donde se tiene previsto, será la entrada en vigencia del reglamento técnico de llantas de motocicleta (Resolución 20223040065305 de 2022). Sobre esto, precisa, “no existía una normativa en Colombia, con lo que se cumple con el objetivo de contribuir a la prevención de siniestros viales, así como a la protección de la vida e integridad de los motociclistas como uno de los actores más vulnerables en las vías y demás actores viales”.

Contrario a lo que advierte la misiva del vocero estadounidense, el Ministerio de Transporte dice que no se cerrará la puerta comercial de Colombia el 2 de mayo, pues, con el propósito de facilitar la adaptación del sector a los nuevos requisitos en el reglamento, se seguirá permitiendo la certificación con los estándares americanos (FMVSS) durante 18 meses a partir de la entrada en vigencia del mencionado reglamento.

“Esto les dará tiempo para realizar los ajustes necesarios y cumplir con los requisitos técnicos y ensayos definidos por los estándares de la ONU”, precisa el Ministerio, al añadir que en la construcción de esta nueva regulación se realizaron mesas tanto del sector público como del privado, con el objetivo de no levantar barreras de comercio mientras se materializa esta política de seguridad vial.

Si se analizan los reglamentos adoptados por la ONU, estos suman más de 100. De momento, el país solo ha anunciado la entrada en vigencia de uno (que es el que se prevé para el 2 de mayo), o por mucho dos (incluyendo el de frenos de vehículos de cuatro ruedas o más, que se tiene planeado para el 16 de ese mismo mes).

De fondo, la argumentación del Gobierno es que no es un cambio de reglas de un día para otro, ya que se están implementando tiempos de transición para que los fabricantes se adapten al cambio. Tampoco es un cambio extremo, pues los reglamentos no se están adoptando en bloque. En suma, no se está desechando la certificación americana, sino que se está reforzando con lo que ya otras naciones han suscrito de la ONU.

Las posibles afectaciones

Aún así, desde algunos sectores se insiste en levantar algunas advertencias. La presidenta de Amcham explica que, en la práctica, estas nuevas regulaciones podrían representar una barrera técnica, pues los vehículos y las autopartes que provengan de países que no cumplan con este nuevo estándar tendrían que incurrir en una especie de doble certificación, es decir la FMVSS (que ya poseen de fábrica) y la UNECE, lo que implica costos adicionales.

Para ella, esto podría traducirse en un desestímulo a la importación de vehículos; menor oferta para el consumidor local; posibles aumentos de precios; afectación de la competencia y la libre elección y tensiones comerciales adicionales con Estados Unidos. Otras fuentes consultadas por este medio también hablan de una posible escasez de autopartes, lo que, a su vez, afectaría el mantenimiento de los vehículos.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Estados Unidos es el quinto proveedor de vehículos y autopartes de Colombia, con una participación de mercado del 9,3 %, lo que en 2024 representó US$471,4 millones.

Datos suministrados a El Espectador por la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores de Colombia (Aconauto), los vehículos fabricados en Estados Unidos que más se venden en Colombia son el Chevrolet Camaro, Corvette y Colorado; las Ford Mustang, Explorer, Expedition y F-150; los Jeep Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee; además de las camionetas BMW y Mercedes-Benz, y algunos modelos de Toyota y Subaru.

Desde la asociación también se cree que, en Colombia, las posibles afectaciones de esta medida podría impactar 250.000 empleos, que son los que se generan en los concesionarios de estas marcas.

¿Cómo saber si un vehículo es seguro?

El director de investigaciones del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), Giovanni Gonzáles, explica que un de las formas para evaluar la seguridad de los vehículos es poniendo a prueba la eficiencia de sus sistemas de frenos ABS, airbag, absorción de impacto de la infraestructura y cristales, entre otros componentes.

Aquí cobran relevancia los programas de evaluación de automóviles nuevos (NCAP, por sus siglas en inglés), los cuales están del lado del consumidor y realizan pruebas en condiciones críticas (como colisiones) para garantizar si un vehículo se considera seguro para sus ocupantes y para otros actores viales en el entorno. Al final del ejercicio se le da una calificación, la cual puede ir de cero a cinco estrellas.

No obstante, detalla, también son importantes los estándares técnicos de seguridad (ya sea la normativa americana o la europea), pues las pruebas que se le hacen a los vehículos y a sus partes son pensadas a largo plazo, es decir, al comportamiento que tendrán, por ejemplo, las pastillas de freno de un carro en la disipación del calor, su durabilidad y qué tanto va cambiando su eficiencia en el frenado. Lo mismo se suele hacer con los fluidos, las mangueras, las llantas, los cristales, los cinturones y demás sistemas de un carro.

La seguridad de los vehículos es un tema fundamental que, desde hace algunas décadas, ha ganado aún más terreno de cara al consumidor final: las herramientas y tecnologías activas y pasivas de seguridad son hoy uno de los puntos de venta más importantes para prácticamente todos los carros.

Vale anotar que la seguridad vial es un tema crucial en un país en donde los siniestros viales son una de las 10 principales causas de muerte en el país, según datos del DANE. Y es un tema aún más importante si se tiene en cuenta que los siniestros viales afectan, principalmente, a la población más joven. En lo que va del año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha registrado más de 1.800 víctimas, entre muertos y lesionados.

Pero también es clave encontrar un equilibrio con el lado económico de la ecuación por los potenciales impactos sobre el consumidor, pero también sobre un sector que genera empleos y es motor del comercio y del PIB nacional.

Este martes se espera que se dé una nueva reunión entre el Mincomercio y las autoridades de EE.UU. tras la que se espera haya una decisión que otorgue algo más de luces en este panorama.

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