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“Regular, no prohibir”: el mensaje al Congreso sobre plataformas digitales

Plataformas como Uber, DiDi y Rappi generan cientos de miles de empleos en Colombia. El gremio que reúne a este sector de la economía elaboró una serie de propuestas para “escalar el poder transformador de la economía digital colombiana para el año 2030”.

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Diego Ojeda
16 de abril de 2026 - 07:12 p. m.
José Daniel López, presidente de Alianza In.
José Daniel López, presidente de Alianza In.
Foto: Diego Ojeda
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El peso de las plataformas tecnológicas en la economía colombiana es considerable. Cifras manejadas por el gremio de aplicaciones e innovación (Alianza In) sostienen que para el año 2024, la actividad de este sector representó el 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cifra es mayor en el mundo, pues esta industria aporta el 15 % del PIB global. Esta brecha se traduce en un gran potencial de crecimiento para el país. Mucho de esto depende de la regulación.

De cara a los cambios políticos que se avecinan para Colombia, con la instalación del nuevo Congreso, y la llegada del nuevo presidente de la República, Alianza In, elaboró una serie de propuestas con las que busca “escalar el poder transformador de la economía digital en Colombia en el periodo 2026-2030”.

El presidente ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, señala que la tecnología tiene un gran potencial para aportar a cumplir los grandes propósitos sociales del país, sobre todo en materia de reducción de brechas, movilidad, seguridad y el grueso de las actividades que hacen parte de la cotidianidad de las personas.

En esto, el país ya tiene un papel protagónico en la región. El líder gremial señala que Colombia es el tercer país en América Latina con mayores niveles de levantamiento de capital para emprendimientos tecnológicos. Su participación es de USD 513 millones. Solo la superan Brasil y México.

Aquí las plataformas de delivery y movilidad han sido claves. “En 2024 hubo 21,5 millones de cuentas en plataformas de movilidad que tomaron algún servicio con vehículo particular. La discusión no es si esas plataformas van a funcionar o no, el panorama ya está consolidado, incluso con los taxis a bordo, con 6,9 millones de cuentas”, detalla.

En suma, son más de 1,2 millones de cuentas de conductores que han trabajado en plataformas, así como 186.000 taxistas. Para entender mejor estas cifras, tenga presente que una cuenta no equivale a una persona, ya que un conductor puede tener varias cuentas registradas en varias plataformas.

En las plataformas de reparto, las cifras llegan a 600.000 cuentas. Lo que también está representando una fuente de ingreso para miles de familias en el país.

Para López, este tipo de formas de trabajo son dinamizadoras, ya que elimina barreras de acceso al mercado laboral. “En 10 minutos se puede empezar a generar ingresos por estos canales”, puntualiza.

El beneficio también ha sido para el comercio, pues 135.000 cuentas de comercio han comercializado sus productos mediante plataformas de reparto. Las cifras también indican que cuando hay la presencia de este tipo de plataformas en una ciudad, la inseguridad se reduce en un 11,2 %.

“No es un lecho de rosas, hay retos urbanos y de convivencia que no desconocemos, pero es cierto que el impacto social que se está logrando es fundamental”, resalta el líder gremial.

El papel de la regulación

Para el gremio, este es un tema que debe abordarse con moderación, pues no se puede caer en el extremo de arreglarlo todo, pero tampoco en el de pretender que sectores clave sigan creciendo sin reglas de juego claras.

“Los congresistas deben tener cuidado con la regulación de la innovación. El frenesí legislativo no es un buen consejero. En IA nos preguntamos si la prioridad de la acción del Estado y el Congreso debe ser la promoción de leyes o de control político que nos prepare para esa gran revolución que ya está en marcha. Seguramente lo uno y lo otro”, dijo Díaz en su intervención.

También cuestionó el enfoque fiscalista que rodea a muchas decisiones tributarias, en donde estos sectores solo se ven con intenciones de recaudar impuestos, más no con un potencial transformador. Esos énfasis, señala el presidente de Alianza In, ahuyentan las inversiones, hacen que el país sea menos competitivo y presionan al alza los costos de los servicios de cara a los usuarios.

Las propuestas

En la hoja de ruta que propone para el entrante Congreso y Gobierno, propone regular, y no prohibir, las plataformas de movilidad. En este sector hay muchos malestares de fondo que podrían resolverse en los próximos cuatro años, como el sistema de cupos y las restricciones de antigüedad excesivas.

“Es fundamental avanzar en la desregulación del sector de taxis. No tiene sentido que cada cuatro meses deban someterse a una revisión para poder seguir operando. También es necesario comprender mejor la realidad de este segmento: el 56 %, según Ipsos, no es propietario del vehículo; el 78 % afirma que logra cumplir sus metas económicas gracias al uso de plataformas; y el 54 % señala que utiliza menos efectivo, lo que tiene un impacto positivo en su vida cotidiana”, detalla.

Sobre las plataformas de reparto, celebró lo que se logró con la reforma laboral, pues se brindan opciones reales de seguridad social para estos trabajadores.

López también considera clave modernizar el marco legal del crédito fintech. En su análisis, este sector no puede quedar bajo la sombra de las normas bancarias, sino tener sus propias reglas de juego, con base en las realidades propias del sector.

A esto se suman otras acciones, como fortalecer la infraestructura digital para prevenir el fraude y regular las plataformas de crédito colaborativo.

Sobre el uso de plataformas cripto, el gremio propone la exención del impuesto a las ganancias de capital por el mantenimiento de activos a largo plazo; un umbral libre de tributación para micropagos cotidianos; así como un régimen de cero impuestos para fondos de inversión institucionales y family offices de activos digitales en Colombia.

En suma, que el sistema tributario sea atractivo para la inversión, que incentive a las personas a declarar ante la DIAN, en lugar de ocultar sus dineros en paraísos fiscales.

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