Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Restcafé S.A.S. (OMA) entró en proceso de reorganización empresarial, lo que significa que alcanzó un acuerdo con sus acreedores para continuar operando mientras cumple, de manera gradual, con el pago de sus deudas.
La reorganización empresarial es una especie de salvavidas para las compañías que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En lugar de caer en la quiebra, este mecanismo les permite negociar con sus acreedores nuevas condiciones —como plazos, tasas y montos de pago—, con el objetivo de estabilizar sus finanzas, preservar el empleo y mantener la operación del negocio mientras se recuperan.
Según lo informado por la Superintendencia Financiera (autoridad que le dio luz verde a este plan de reorganización) el acuerdo al que llegó OMA obtuvo el 77,3 % de votación favorable de los acreedores calificados, cumpliendo así con las mayorías legales exigidas.
De esta manera, OMA se comprometió a reorganizar un pasivo cercano a los COP 76.000 millones, bajo los plazos y condiciones acordados con sus acreedores, luego de que uno de ellos —titular de obligaciones solidarias— aprobara la exclusión de créditos por aproximadamente $38.000 millones. Este monto será atendido en un plazo de diez años.
“Con la confirmación del acuerdo, la compañía busca la preservación de 477 empleos directos y la continuidad operativa de 86 puntos de venta a nivel nacional, fortaleciendo la viabilidad de su unidad productiva”, informó la Superintendencia.
Sobre el acuerdo de reorganización de la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.S (Pesto), el juez del concurso dispuso la suspensión de la diligencia, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. Esto en el marco de de una acción de tutela interpuesta por un acreedor contra la sociedad deudora, hasta tanto se adopte una decisión de fondo sobre la referida acción constitucional, relacionada con la presunta vulneración del derecho de petición.
Sobre esto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “esta decisión responde al cumplimiento de las mayorías legales y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, reflejando la importancia de los mecanismos concursales como instrumentos de salvamento empresarial, en un marco de seguridad jurídica y protección de la prelación legal de créditos”.
La Superintendencia de Sociedades continuará ejerciendo sus funciones de seguimiento y control, con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo y velar por el adecuado desarrollo del proceso, en beneficio de los todos los acreedores, y la estabilidad del tejido empresarial.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
