Reversazo del Gobierno en Emergencia Social

Después de 11 días de tire y afloje entre el Gobierno y las asociaciones médicas y científicas, por los decretos de la Emergencia Social que afectaban la autonomía en el ejercicio de la profesión, este martes, hacia las 9:30 p.m., las presiones de los profesionales de la salud surtieron efecto: serán ellos quienes elaboren los estándares y las guías que serán aplicados en las diferentes instancias del sistema, y no el Organismo Técnico-Científico, del que forman parte los ministros de Hacienda y Protección Social, el director de Colciencias y tres profesionales acreditados de la salud, como lo establecía el Decreto 131.

El martes en la noche el Gobierno expidió un comunicado en el que reitera “el respeto a la autonomía científica de médicos y odontólogos”, y asegura que la reglamentación de este decreto debe aclarar que “las guías son referencias de las cuales se pueden apartar los médicos y que solamente serán obligatorias aquellas que los mismos médicos en sus comisiones científicas definan y que, sin embargo, también podrán apartarse de estas guías obligatorias con la debida justificación”.

Las sanciones para aquellos que se aparten de esos estándares sólo podrán imponerse por los tribunales médicos de ética. “La única institución competente para conocer de los casos, de los cuales puedan derivarse sanciones a médicos y odontólogos, son las instituciones conformadas por sus pares, que son los tribunales de ética respectivos”, dice el tercer punto del comunicado.

Sobre el tema de la igualación de los Planes Obligatorios de Salud, de los regímenes tanto Contributivo como Subsidiado, el Gobierno enfatizó, nuevamente, que “cualquier revisión futura es para mejorarlo”. En el último punto el Ejecutivo expresó su voluntad de “consensuar la reglamentación para que no queden dudas sobre estas materias”.

Minutos después de que se conociera el documento, Gustavo Malagón, presidente de la Academia Nacional de Medicina, declaró su complacencia por las determinaciones tomadas. “El presidente Uribe expresó su voluntad de llevar a los decretos reglamentarios las precisiones necesarias encaminadas a mantener la autonomía del médico y se mostró dispuesto a interrumpir su agenda para dedicarse a la reglamentación de los decretos”, manifestó en un comunicado. A la reunión extraordinaria asistieron el ministro de la Protección Social, Diego Palacio; el presidente Álvaro Uribe, y los representantes de las organizaciones médicas.

Antes del encuentro, que comenzó hacia las 7:00 p.m., la Defensoría del Pueblo había enviado una carta al Ministerio de la Protección Social, rechazando los decretos por considerar que limitan el campo de acción de los médicos y afectan la capacidad de ahorro de los ciudadanos, al obligarlos a pagar la salud con sus cesantías.

El próximo sábado están convocadas miles de personas en todo el país para marchar en contra de las medidas. Asociaciones de pacientes, centrales obreras, pensionados y hasta seguidores de Facebook (cerca de 32 mil usuarios han aceptado la invitación) se unirán en una voz de rechazo.

La voz de los pacientes

Ya alzaron su voz de protesta los médicos, las asociaciones científicas y hasta los aspirantes a la Presidencia de la República contra los decretos de la Emergencia Social. Este miércoles, a las 8:00 a.m., en el auditorio Compensar de Bogotá, la palabra se la toman cerca de 60 asociaciones de pacientes de enfermedades de alto costo, huérfanas, crónicas y degenerativas de todo el país. A esa hora están citados el ministro de la Protección Social, Diego Palacio; la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones para discutir los polémicos decretos.

Quizás el tema más importante que pondrán sobre la mesa es el acceso a medicamentos y procedimientos no POS (denominados ahora Prestaciones Excepcionales de Salud —PES—), ya que precisamente los insumos que necesitan los pacientes representados por estas fundaciones —enfermos de todos los tipos de cáncer, trasplantados, portadores de VIH—, están por fuera del POS.

Para acceder al fondo que financiará las PES (Fonprés) el médico tratante deberá formularle al paciente el procedimiento o medicamento. Luego, esta solicitud deberá ser evaluada por un Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales en Salud, que finalmente autorizará si se ejecuta o no. Para aquellas personas que tengan escasa capacidad de pago, el derecho a este fondo será parcial, o nulo, y tendrán que recurrir a sus cesantías o pensiones voluntarias para cubrirlos.

“Eso es lo que rechazamos. Están poniendo barreras de atención, limitando el derecho a la salud y atentando contra los patrimonios familiares”, dice Luz Victoria Salazar, directora de Acoper, una de las asociaciones para pacientes de alto costo.