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Este martes, gremios y centrales obreras retomaron la discusión sobre el incremento que tendrá el salario mínimo para el próximo año.
Según lo informado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, las centrales obreras (CUT, CTC y CGT) propusieron un incremento del 16 % tanto para el el salario mínimo como para el subsidio de transporte; mientras que la propuesta de los empresarios fue del 7,21 %, también para ambos rubros.
“Después de seis horas y media de deliberación, hemos escuchado las propuetas tanto de los trabajadores como de los sectores empresariales. Estas están sustentadas en supuestos macroeconómicos y reonocen la información con relación a la productividad, la inflación causada y la inflación esperada. También se ha hablado del impacto en sectores económicamente sensibles, como la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos”, puntualizó Sanguino.
Con el incremento que proponen las centrales obreras el salario mínim subiría COP 227.760, para un total de COP 1.651.260. El auxilio de transporte aumentaría COP 32.000, para consolidarse en COP 232.000. Sumadas ambos rubros, el nuevo ingreso para los trabajadores sería de COP 1.833.260.
La propuesta de los empresarios, en pesos, es que salario mínimo aumente en COP 102.634, quedando en 1.526.634. El subsidio de transporte aumentaría en COP 14.420, qudando en COP 214.420. En suma, el ingreso de los trabajadores sería de COP 1.740.554.
La diferencia que separa a empresarios de trabajadores es de COP 92.706.
Las dos orillas
Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aún con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en octubre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2017, al consolidar un 8,2 %).
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, mostró en la más reciente reunión de la junta una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló.
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
En su momento, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
Salario mínimo, vital y móvil
El ministro Sanguino ha reiterado —y lo ha presentado incluso como una novedad en esta negociación— que este año se buscará avanzar hacia un salario mínimo, vital y móvil. Este concepto implica que la remuneración debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, incluyendo alimentación, vivienda, salud y educación.
Este no es un concepto nuevo, en discusiones de años pasados es algo que han defendido las centrales obreras. En rueda de prensa, el ministro Sanguino señaló que, según estimaciones de la OIT, esta cifra en pesos rondaría los COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes.
Según la empresa de consultoría y contabilidad Crowe Co, “este concepto inédito irrumpiría con un tono inusual: más ético que técnico, más social que financiero. Mientras el Gobierno lo plantea como un horizonte de bienestar inspirado en los lineamientos de la OIT, los gremios insisten en mantener la fórmula tradicional basada en inflación y productividad, los dos indicadores que históricamente sustentan la concertación”.
Con base en lo anterior, la firma considera que el verdadero impacto que tendrá la concertación este año no se medirá en porcentajes, sino en liquidez, por los cobros, tarifas y contratos que están atados (indexados) al salario mínimo, los cuales se reajustarán automáticamente en enero.
“Esto afecta el bolsillo de los hogares y trabajadores independientes, así como las finanzas de las pequeñas empresas, aun antes de que el aumento se refleje en sus ingresos reales. Más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial”, dijo Guillermo Berrio, socio BPO de Crowe Co.
¿Habrá concertación?
Aunque todos los años tienen sus particularidades que, de entrada, dificultan un acuerdo en torno al mínimo, las de este año parecen ser especiales.
Muestra de esto es que Fenalco anunció, desde septiembre, que no se sentaría en la mesa de concertación, al considerar que no hay garantías para llegar a un acuerdo pues, insiste, todo está dado para que una vez más el Gobierno sea el que establezca la cifra vía decreto.
En su momento, la ANDI y la SAC dijeron a medios de comunicación que participarán en la mesa, como lo demanda la ley, pero coinciden en que el Gobierno tendría la intención de poner una cifra, la cual sería del 11 %.
También es cierto que este es un año preelectoral, por lo que existe la posibilidad de que las discusiones en la mesa adquieran un matiz más político que técnico.
Por último, está la presión inflacionaria. La meta del Banco de la República de llevar la inflación al 3 % se ha venido postergando, y las proyecciones más recientes indican que solo se alcanzaría en 2027, con una reducción más marcada a partir de 2026. Aunque el salario mínimo no es el único factor que incide en los precios, un aumento demasiado alto sí podría frenar el ritmo de desaceleración que se espera para los próximos años.
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