Salvar el campo costará $13 billones al año

Cerca de dos años duró la elaboración de la Misión para la Transformación del Campo, un diagnóstico que a su vez arroja recomendaciones para saldar la deuda histórica con el mundo rural. Ayer, finalmente, el presidente Juan Manuel Santos recibió de manos de José Antonio Ocampo, director de la Misión, el informe final, con propuestas en seis ámbitos: derechos sociales, inclusión productiva, competitividad agropecuaria, sostenibilidad ambiental, ordenamiento y desarrollo territorial y reforma institucional.

Aunque los resultados ya se conocían por entregas anteriores, la gran novedad es el costo. Llevar a cabo la Misión, cuyo consejo directivo estuvo conformado por 13 expertos como Absalón Machado y José Leibovich, y exministros como Juan Camilo Restrepo y Cecilia López, costará $13 billones anuales de ahora a 2030, cerca de 1,2% del PIB. Sin embargo, más de $5 billones se cuentan de reasignación de recursos ya existentes. En diálogo con este diario, Ocampo, economista y exministro de Agricultura, contó algunas de las principales conclusiones del informe y el alcance que este puede tener.

¿Cuál es el problema más grande que tiene el campo?

La desigualdad y la pobreza. Incluso hay desigualdad regional porque hay zonas donde los estándares de vida son cercanos a los urbanos, por ejemplo el Valle del Cauca. En las zonas más aisladas o menos desarrolladas, muchas de ellas con agricultura familiar, la pobreza es lo más grande. La pobreza es multidimensional. En la parte social proponemos que haya dos programas bandera: uno de desnutrición, que en muchas zonas es ayudar a que la gente produzca para su autoconsumo, y un programa de analfabetismo cero. Los datos del censo agropecuario son aterradores: 17% de los campesinos en sus parcelas son analfabetas. ¡Por Dios!

¿Cómo fue la metodología?

Fue un trabajo de mucha gente. El resumen que entregamos recoge trabajo de Planeación Nacional, recibimos ayuda de casi todas sus divisiones. Hay que tener claro que esto no es un informe sobre el sector agropecuario, sino sobre el mundo rural en todas sus dimensiones. Tuvimos apoyo internacional del PNUD, la Cepal, CAF y se hicieron análisis de todos los temas. Hablé con la mitad de los ministros sobre temas particulares: ministra de Educación, ministro de Salud, de Ambiente, y con muchas otras entidades como Corpoica. Hubo discusiones con el sector privado, incluyendo dos reuniones con la junta directiva de la SAC, cuyo presidente era uno de nuestros miembros, me reuní con gremios como Fedegán, Fedecafé, Fedearroz, y fui a unas cinco zonas para ver las cosas con pequeños productores. Una de las conclusiones más importantes es que ha habido más avance en materia social que en oportunidades económicas para los pequeños agricultores.

¿Por qué?

Con la participación de los departamentos y los municipios en las rentas nacionales se ha podido ampliar el sistema de salud y educación. Hay problemas de acceso pero el avance en esas dimensiones es mucho más rápido, y en acceso a servicios sociales, también con los subsidios condicionados, como Familias en Acción y ahora el programa de adulto mayor. Pero en términos productivos ha habido menos avances. Hay que hacer una política muy agresiva para la inclusión productiva tanto agropecuaria como no agropecuaria, dar oportunidades a la gente joven en nuevas actividades como servicios, turismo rural, entre otros. El empleo rural femenino es no agropecuario en su mayoría. Hay oportunidades en comercio, transporte, pequeños servicios financieros y con el uso de todos los servicios de información, los kioskos Vive Digital, y eso lo harán los jóvenes educados en el campo.

¿Por qué se precarizó el campo?

Hay desigualdad de vieja data que sigue pesando, pero yo diría que además la apertura económica para el sector agropecuario ha sido un fracaso, y no tanto por la apertura misma. Esto es culpa de todos los gobiernos que hemos trabajado en los últimos 25 años en el sector. Yo mismo soy uno de los culpables. Uno mira qué ha pasado desde la apertura y hemos tenido un sector que ha despegado como exportador, la palma africana, y después está en menor escala el azúcar, que ya estaba posicionada antes de la apertura, y algo en frutales, pero muy poco. Ahí no ha habido una gran apuesta en Colombia. Son apuestas de algunos empresarios, pero no una gran apuesta. Es muy frustrante lo que se ve en materia exportadora, para no decir lo que pasó con la desaparición de una gran cantidad de cultivos de ciclo corto que fueron reemplazados con importaciones. El sector más exitoso es el avícola, y básicamente trabaja con insumos importados. Tiene sus virtudes, se renovó tecnológicamente, con alta productividad. No usa insumo nacional.

Las facultades del presidente para transformar el sector rural vencen en los próximos días, ¿cómo esperar que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta con tan poco tiempo?

Dos de las entidades que proponemos quedaron en las facultades de la ley del Plan de Desarrollo y serán creadas, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural. Pero esto finalmente ha permeado en las visiones del Ministerio de Agricultura sobre cómo organizarse. Me dicen que en un debate que hubo en el Congreso, el ministro adoptó nuestra visión en materia de reforma institucional: que el Ministerio se dedique a la política y la ejecución esté a cargo de sus institutos.

Estamos en una situación fiscal difícil, ¿cómo conseguir los recursos para ejecutar las recomendaciones?

Tuve por lo menos tres diálogos con el ministro de Hacienda y le advertí que esas serían nuestras conclusiones. Creo que están al frente de ver cómo se consiguen los recursos para este programa por la prioridad que tiene para la paz, y, si me lo permiten, creo que esto es poquita plata y se paga por sí mismo. El Fondo Monetario Internacional en un informe decía cómo los gobiernos deben promover más la infraestructura y una de las conclusiones es que el efecto positivo que tiene sobre la actividad económica hace que la infraestructura se pague sola. Hay un costo fiscal pero se pagará en gran medida con mayor desarrollo.

Ustedes defienden mucho la agricultura familiar. En el Congreso cursa el proyecto de ley de Zidres, que apunta más a grandes proyectos con agroindustriales, ¿para ustedes debe haber equilibrio entre esos dos tipos de actividad?

Este país tiene un equilibrio entre los dos. Queremos dar oportunidades empresariales a todos: grandes, medianos y pequeños, y es una cuestión muy regional. En la ley 160 de 1994, que la promoví yo, hay dos conceptos: zonas de reserva campesina y las de desarrollo empresarial. Las Zidres de cierto modo son las zonas de desarrollo empresarial. Hay zonas del país que no se van a desarrollar si no es empresarialmente. No veo ninguna contradicción. Lo que hay que hacer es que cumplan las normas. Una propuesta muy importante, que fue objeto de largos debates, es que en todas esas zonas empresariales se trabajará sin propiedad de la tierra.

Hay un problema en esas zonas de los que en estos 20 años adquirieron propiedades que no cumplieron las normas. Hemos propuesto específicamente cómo hacer ese saneamiento, para pequeña y mediana propiedad y grandes. En el caso de las grandes es un mecanismo que quienes no hayan cumplido las normas en cierto sentido entregan las tierras reconociendo que son del Estado y el Gobierno las da para el desarrollo.

¿Cómo se articula la Misión con lo discutido en La Habana?

Veo esto como nuestra contribución al acuerdo, es mucho más completo y detallado e incluso más ambicioso.

¿Qué discrepancias hubo entre los realizadores de la Misión?

Hay unas pocas en los pies de página. La propuesta del aumento del impuesto predial y el aumento de las tasas de uso de agua tienen objeción del presidente de la SAC. Y las otras son casi de matiz más que de fondo, como el diseño del sistema de ciencia y tecnología.

¿Le preocupa que la Misión no sea escuchada?

Personalmente acepté esta tarea por la relación con el proceso de paz. Eso es lo que hace que sea mucho más trascendental que informes anteriores y el grado de consenso que logramos en el consejo directivo entre gente que pensaba tan diferente es una buena señal de que es una propuesta de primera.

Cerca de dos años duró la elaboración de la Misión para la Transformación del Campo, un diagnóstico que a su vez arroja recomendaciones para saldar la deuda histórica con el mundo rural. Ayer, finalmente, el presidente Juan Manuel Santos recibió de manos de José Antonio Ocampo, director de la Misión, el informe final, con propuestas en seis ámbitos: derechos sociales, inclusión productiva, competitividad agropecuaria, sostenibilidad ambiental, ordenamiento y desarrollo territorial y reforma institucional.

Aunque los resultados ya se conocían por entregas anteriores, la gran novedad es el costo. Llevar a cabo la Misión, cuyo consejo directivo estuvo conformado por 13 expertos como Absalón Machado y José Leibovich, y exministros como Juan Camilo Restrepo y Cecilia López, costará $13 billones anuales de ahora a 2030, cerca de 1,2% del PIB. Sin embargo, más de $5 billones se cuentan de reasignación de recursos ya existentes. En diálogo con este diario, Ocampo, economista y exministro de Agricultura, contó algunas de las principales conclusiones del informe y el alcance que este puede tener.

¿Cuál es el problema más grande que tiene el campo?

La desigualdad y la pobreza. Incluso hay desigualdad regional porque hay zonas donde los estándares de vida son cercanos a los urbanos, por ejemplo el Valle del Cauca. En las zonas más aisladas o menos desarrolladas, muchas de ellas con agricultura familiar, la pobreza es lo más grande. La pobreza es multidimensional. En la parte social proponemos que haya dos programas bandera: uno de desnutrición, que en muchas zonas es ayudar a que la gente produzca para su autoconsumo, y un programa de analfabetismo cero. Los datos del censo agropecuario son aterradores: 17% de los campesinos en sus parcelas son analfabetas. ¡Por Dios!

¿Cómo fue la metodología?

Fue un trabajo de mucha gente. El resumen que entregamos recoge trabajo de Planeación Nacional, recibimos ayuda de casi todas sus divisiones. Hay que tener claro que esto no es un informe sobre el sector agropecuario, sino sobre el mundo rural en todas sus dimensiones. Tuvimos apoyo internacional del PNUD, la Cepal, CAF y se hicieron análisis de todos los temas. Hablé con la mitad de los ministros sobre temas particulares: ministra de Educación, ministro de Salud, de Ambiente, y con muchas otras entidades como Corpoica. Hubo discusiones con el sector privado, incluyendo dos reuniones con la junta directiva de la SAC, cuyo presidente era uno de nuestros miembros, me reuní con gremios como Fedegán, Fedecafé, Fedearroz, y fui a unas cinco zonas para ver las cosas con pequeños productores. Una de las conclusiones más importantes es que ha habido más avance en materia social que en oportunidades económicas para los pequeños agricultores.

¿Por qué?

Con la participación de los departamentos y los municipios en las rentas nacionales se ha podido ampliar el sistema de salud y educación. Hay problemas de acceso pero el avance en esas dimensiones es mucho más rápido, y en acceso a servicios sociales, también con los subsidios condicionados, como Familias en Acción y ahora el programa de adulto mayor. Pero en términos productivos ha habido menos avances. Hay que hacer una política muy agresiva para la inclusión productiva tanto agropecuaria como no agropecuaria, dar oportunidades a la gente joven en nuevas actividades como servicios, turismo rural, entre otros. El empleo rural femenino es no agropecuario en su mayoría. Hay oportunidades en comercio, transporte, pequeños servicios financieros y con el uso de todos los servicios de información, los kioskos Vive Digital, y eso lo harán los jóvenes educados en el campo.

¿Por qué se precarizó el campo?

Hay desigualdad de vieja data que sigue pesando, pero yo diría que además la apertura económica para el sector agropecuario ha sido un fracaso, y no tanto por la apertura misma. Esto es culpa de todos los gobiernos que hemos trabajado en los últimos 25 años en el sector. Yo mismo soy uno de los culpables. Uno mira qué ha pasado desde la apertura y hemos tenido un sector que ha despegado como exportador, la palma africana, y después está en menor escala el azúcar, que ya estaba posicionada antes de la apertura, y algo en frutales, pero muy poco. Ahí no ha habido una gran apuesta en Colombia. Son apuestas de algunos empresarios, pero no una gran apuesta. Es muy frustrante lo que se ve en materia exportadora, para no decir lo que pasó con la desaparición de una gran cantidad de cultivos de ciclo corto que fueron reemplazados con importaciones. El sector más exitoso es el avícola, y básicamente trabaja con insumos importados. Tiene sus virtudes, se renovó tecnológicamente, con alta productividad. No usa insumo nacional.

Las facultades del presidente para transformar el sector rural vencen en los próximos días, ¿cómo esperar que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta con tan poco tiempo?

Dos de las entidades que proponemos quedaron en las facultades de la ley del Plan de Desarrollo y serán creadas, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural. Pero esto finalmente ha permeado en las visiones del Ministerio de Agricultura sobre cómo organizarse. Me dicen que en un debate que hubo en el Congreso, el ministro adoptó nuestra visión en materia de reforma institucional: que el Ministerio se dedique a la política y la ejecución esté a cargo de sus institutos.

Estamos en una situación fiscal difícil, ¿cómo conseguir los recursos para ejecutar las recomendaciones?

Tuve por lo menos tres diálogos con el ministro de Hacienda y le advertí que esas serían nuestras conclusiones. Creo que están al frente de ver cómo se consiguen los recursos para este programa por la prioridad que tiene para la paz, y, si me lo permiten, creo que esto es poquita plata y se paga por sí mismo. El Fondo Monetario Internacional en un informe decía cómo los gobiernos deben promover más la infraestructura y una de las conclusiones es que el efecto positivo que tiene sobre la actividad económica hace que la infraestructura se pague sola. Hay un costo fiscal pero se pagará en gran medida con mayor desarrollo.

Ustedes defienden mucho la agricultura familiar. En el Congreso cursa el proyecto de ley de Zidres, que apunta más a grandes proyectos con agroindustriales, ¿para ustedes debe haber equilibrio entre esos dos tipos de actividad?

Este país tiene un equilibrio entre los dos. Queremos dar oportunidades empresariales a todos: grandes, medianos y pequeños, y es una cuestión muy regional. En la ley 160 de 1994, que la promoví yo, hay dos conceptos: zonas de reserva campesina y las de desarrollo empresarial. Las Zidres de cierto modo son las zonas de desarrollo empresarial. Hay zonas del país que no se van a desarrollar si no es empresarialmente. No veo ninguna contradicción. Lo que hay que hacer es que cumplan las normas. Una propuesta muy importante, que fue objeto de largos debates, es que en todas esas zonas empresariales se trabajará sin propiedad de la tierra.

Hay un problema en esas zonas de los que en estos 20 años adquirieron propiedades que no cumplieron las normas. Hemos propuesto específicamente cómo hacer ese saneamiento, para pequeña y mediana propiedad y grandes. En el caso de las grandes es un mecanismo que quienes no hayan cumplido las normas en cierto sentido entregan las tierras reconociendo que son del Estado y el Gobierno las da para el desarrollo.

¿Cómo se articula la Misión con lo discutido en La Habana?

Veo esto como nuestra contribución al acuerdo, es mucho más completo y detallado e incluso más ambicioso.

¿Qué discrepancias hubo entre los realizadores de la Misión?

Hay unas pocas en los pies de página. La propuesta del aumento del impuesto predial y el aumento de las tasas de uso de agua tienen objeción del presidente de la SAC. Y las otras son casi de matiz más que de fondo, como el diseño del sistema de ciencia y tecnología.

¿Le preocupa que la Misión no sea escuchada?

Personalmente acepté esta tarea por la relación con el proceso de paz. Eso es lo que hace que sea mucho más trascendental que informes anteriores y el grado de consenso que logramos en el consejo directivo entre gente que pensaba tan diferente es una buena señal de que es una propuesta de primera.