Se agrava situación en Acacías y Castilla la Nueva por protestas contra Ecopetrol

Negro como el crudo que brota de los pozos que opera Ecopetrol en Acacías o Castilla la Nueva, en El Meta, es el panorama que se cierne sobre estas dos poblaciones por las protestas de sus habitantes. Del descontento pasivo se ha pasado a las vías de hecho causando destrosos en las instalaciones petroleras, agresión a la fuerza pública y amenazas a los trabajadores.

Con precios deprimidos en el mercado mundial, las empresas petroleras hacen hasta lo imposible por abaratar costos que les permitan subir un poco la rentabailidad. En este sendero está la petrolera colombiana que ha puesto en operación cinco modernos taladros para perforar nuevos pozos en busca de elevar la producción petrolera en la zona. Los trabajos han requerido menos personal a contratar, lo que ha enardecido a los pobladores que se quedaron por fuera del mercado laboral. El descontento ha sido canalizado por organizaciones comunales como la Corporación de Juntas Locales del Área de Influencia Directa de Chichimene (CJAID). Sus representantes quieren ser ser protagonistas en la intermediación laboral, denuncian las autoridades.

Uno de los líderes, Gustavo Carrión, a través de una red social, manifestó que las protestas son lideradas por “toda la comunidad”. Dice que “eso es culpa de Ecopetrol por traer tantas empresas con todo y personal y la comunidad esperando una oportunidad y sin trabajo”. A otros interrogantes guardó silencio. 

Recuerdan las autoridades locales y representantes de la misma empresa que todo empezó el 24 de mayo, con una jornada de protesta promovida por los líderes de las juntas de acción comunal de la zona petrolera de Acacías y Castilla La Nueva, que le reclamaban a Ecopetrol mayor contratación de mano de obra local y mantenerse como los intermediarios para la asignación de cupos laborales, es decir, conservar el poder para decidir quién trabaja en las compañías petroleras. Ecopetrol está dejando de producir cerca de 9.500 barriles por día en los campos de Castilla y Chichimene por cuenta de los ataques.

Los líderes de las juntas locales, agrupados en la Corporación de Juntas Locales del Área de Influencia Directa de Chichimene (CJAID), promovieron protestas en los sitios donde perforaban los cinco taladros que contrató Ecopetrol desde la primera semana de mayo. Sus representantes no quisieron hablar sobre las denuncias

Directivos de Ecopetrol han explicado que los nuevos taladros contratados son más modernos y eficientes; requieren unas 30 personas para su operación. Los manifestantes pedían la contratación del doble de personal, lo que hace inviable el trabajo en las actuales condiciones, con precios del crudo en cerca de US$50 el barril.

Lo que inicialmente se presentó como una protesta pacífica y un cese de actividades de los trabajadores de dos empresas contratadas para la operación de los cinco taladros, se transformó en menos de una semana en actos de vandalismo, amenazas con arma de fuego a los trabajadores, ataques a miembros de la Fuerza Pública, sabotajes a pozos y derrames de crudo. El balance reportado por Ecopetrol y las autoridades es desolador.
Manifestantes encapuchados atacaron la infraestructura eléctrica inhabilitando 53 pozos petroleros. Se presentaron sabotajes en pozos de producción y equipos y manipulación indebida de válvulas, lo que ocasionó daños al medio ambiente por derrames de crudo. Fueron atacados trabajadores, vehículos de seguridad y de bomberos.

El coronel Carlos Alberto Meléndez reveló que hirieron gravemente a un policía que se movilizaba en moto. Fue sorprendido por un alambre de púas atravesado en la vía, sufriendo grave herida en el cuello. “Esto es una tentativa de homicidio pues el policía casi es degollado”, dijo el oficial.
Los miembros de la comunidad están asustados y no se atreven a denunciar por miedo a las amenazas. En los últimos días han empezado a aparecer personas extrañas a la región, la mayoría en moto, señalados de ser los responsables de los desmanes, amenazas y ataques a la infraestructura, incluidos los derrames petroleros. Habitantes dicen que las protestas están siendo financiadas por grupos al margen de la ley, específicamente bandas criminales que tendrían conexión con el negocio de la intermediación laboral, la contratación de bienes y servicios y transportadores.

A quienes participen en las protestas les dan hasta $50 mil diarios, reconoce un miembro de la comunidad de Chichimene que prefiere mantener su nombre en reserva. Algunos trabajadores han denunciado que tienen que pagar el 15% de su salario a los líderes que los inscribieron en la listas para ser seleccionados en un trabajo de la industria petrolera. La dirigente comunal de CJAID, Sandra Patricia Ruiz, admitió que tienen una bolsa de empleo. "Nosotros manejamos eso con una bolsa de empleo, legalmente constituida, tenemos oficinas (...) y por ahí, por la bolsa, las empresas postulan, no Ecopetrol, sino sus empresas aliadas". Admitió que cobran $25.000 a cada trabajador.

Las autoridades policiales también alertan sobre poderosos gremios, como el de los transportadores, que están interesados en presionar a la industria petrolera para llegar a una negociación en la que conseguirían mayores contratos locales, con tarifas superiores a las del mercado nacional.
El deterioro de la situación en la región con presencia de empresas petroleras ha llegado al extremo. Se han advertido presuntos acuerdos de precios entre proveedores locales, con tarifas que van hasta el doble de los precios del mercado y que se les exigen a las compañías petroleras. Estas prácticas se han detectado en transporte de personal y equipos, alquiler de ambulancias, maquinaria y material pétreo, entre otros servicios. 

Ecopetrol mantiene su posición de no ceder a las presiones indebidas, ni a las vías de hecho. Defiende un sistema de contratación de personal y de bienes y servicios transparente, que beneficie a los habitantes de la región y que le permita seguir ampliando sus operaciones en esta zona del país para beneficio de la economía local y nacional.

Cronograma de las protestas y vandalismo
Mayo 24 
Inicia cese de actividades por parte de los trabajadores de los cinco taladros (PX42, PX43, PX44, PX45, Ind. 204).
Mayo 25
Lanzan botellas llenas de combustible a uno de los generadores del equipo de perforación Nabors PX44, ubicado en la vereda El Triunfo, municipio de Acacías, Meta.
Mayo 26
Manifestantes agreden con piedras un vehículo de bomberos y otros de seguridad y vigilancia.
Se presentaron sabotajes en nueve pozos de producción del campo Castilla. Desconocidos bloquearon las válvulas de las líneas de flujo, lo que ocasionó el derrame de crudo. Personas encapuchadas amenazaron y lanzaron piedras a trabajadores que se encontraban en los equipos de perforación PX43 e Independence 204. La operación de este último equipo fue suspendida de manera preventiva.
Se presentó incendio en el equipo Nabors PX40.
Mayo 27
Se abre un espacio de diálogo con las comunidades y representantes de diferentes entidades. No hay acuerdo.
Mayo 28
Se refuerza plan de contingencia para mantener operación de los taladros y minimizar efecto de los sabotajes.
Mayo 29
Ataque con fuego a la retroexcavadora del equipo PX 44. Ataque con fuego a tanqueta de la policía. Enfrentamientos en los equipos PX 44 y PX 42. Desconocidos atraviesan dos árboles bloqueando el acceso al PX 42. Lanzamiento de voladores y bombas incendiarias hacia el taladro PX44, lo que generó un incendio en el área de variadores. Se apagan preventivamente 10 pozos en los clúster 25 y 26, en el municipio de Castilla La Nueva, por variaciones de presión que podrían indicar una fuga de crudo. La situación se notifica a la ANLA y a Cormacarena. Se activa plan de ayuda mutua con bomberos del municipio de Acacias y Defensa Civil.
Mayo 30
Se instalan barreras mecánicas sobre el caño Legía. Se verifica una mancha de crudo de 25 x 35 metros.
Cierre de 10 pozos en el Clúster 2, (vereda El Triunfo, municipio de Acacías) por actos vandálicos contra su infraestructura.
Manipulación irregular de una válvula de transporte de crudo en el múltiple del clúster 4 (vereda La Esmeralda, Acacias), lo que obligó a apagar los pozos en los clúster 9 y 26. Afectaciones a dos contenedores de producto químico y un dispositivo para hurtar nafta.
Cinco personas que se encontraban en el clúster 2 (vereda El Triunfo, Acacias) fueron atacadas por encapuchados, situación que los obligó a suspender la actividad y salir del lugar. A continuación procedieron a atacar la infraestructura eléctrica dejando fuera de servicio 53 pozos.

Las acciones de limpieza que se venían desarrollando en el clúster 25 fueron suspendidas por ataques. Una trabajadora recibió amenazas de personas que se desplazaban en motocicleta y que la forzaron a abandonar el área. Sabotaje en el pozo Chichimene 22 (Vereda la Esmeralda, Acacias) genera derrame de crudo. Por lo menos 40 encapuchados irrumpieron en el Clúster 2 (Vereda Montebello, Acacias) donde se encuentran ubicados medidores multifásicos para pruebas de producción. Amenazaron a los trabajadores con arma de fuego y causaron un conato de incendio que fue controlado. En el clúster 49 (vereda La Esmeralda, Acacias) desconocidos quemaron tres variadores de velocidad de pozos generando contaminación.

Negro como el crudo que brota de los pozos que opera Ecopetrol en Acacías o Castilla la Nueva, en El Meta, es el panorama que se cierne sobre estas dos poblaciones por las protestas de sus habitantes. Del descontento pasivo se ha pasado a las vías de hecho causando destrosos en las instalaciones petroleras, agresión a la fuerza pública y amenazas a los trabajadores.

Con precios deprimidos en el mercado mundial, las empresas petroleras hacen hasta lo imposible por abaratar costos que les permitan subir un poco la rentabailidad. En este sendero está la petrolera colombiana que ha puesto en operación cinco modernos taladros para perforar nuevos pozos en busca de elevar la producción petrolera en la zona. Los trabajos han requerido menos personal a contratar, lo que ha enardecido a los pobladores que se quedaron por fuera del mercado laboral. El descontento ha sido canalizado por organizaciones comunales como la Corporación de Juntas Locales del Área de Influencia Directa de Chichimene (CJAID). Sus representantes quieren ser ser protagonistas en la intermediación laboral, denuncian las autoridades.

Uno de los líderes, Gustavo Carrión, a través de una red social, manifestó que las protestas son lideradas por “toda la comunidad”. Dice que “eso es culpa de Ecopetrol por traer tantas empresas con todo y personal y la comunidad esperando una oportunidad y sin trabajo”. A otros interrogantes guardó silencio. 

Recuerdan las autoridades locales y representantes de la misma empresa que todo empezó el 24 de mayo, con una jornada de protesta promovida por los líderes de las juntas de acción comunal de la zona petrolera de Acacías y Castilla La Nueva, que le reclamaban a Ecopetrol mayor contratación de mano de obra local y mantenerse como los intermediarios para la asignación de cupos laborales, es decir, conservar el poder para decidir quién trabaja en las compañías petroleras. Ecopetrol está dejando de producir cerca de 9.500 barriles por día en los campos de Castilla y Chichimene por cuenta de los ataques.

Los líderes de las juntas locales, agrupados en la Corporación de Juntas Locales del Área de Influencia Directa de Chichimene (CJAID), promovieron protestas en los sitios donde perforaban los cinco taladros que contrató Ecopetrol desde la primera semana de mayo. Sus representantes no quisieron hablar sobre las denuncias

Directivos de Ecopetrol han explicado que los nuevos taladros contratados son más modernos y eficientes; requieren unas 30 personas para su operación. Los manifestantes pedían la contratación del doble de personal, lo que hace inviable el trabajo en las actuales condiciones, con precios del crudo en cerca de US$50 el barril.

Lo que inicialmente se presentó como una protesta pacífica y un cese de actividades de los trabajadores de dos empresas contratadas para la operación de los cinco taladros, se transformó en menos de una semana en actos de vandalismo, amenazas con arma de fuego a los trabajadores, ataques a miembros de la Fuerza Pública, sabotajes a pozos y derrames de crudo. El balance reportado por Ecopetrol y las autoridades es desolador.
Manifestantes encapuchados atacaron la infraestructura eléctrica inhabilitando 53 pozos petroleros. Se presentaron sabotajes en pozos de producción y equipos y manipulación indebida de válvulas, lo que ocasionó daños al medio ambiente por derrames de crudo. Fueron atacados trabajadores, vehículos de seguridad y de bomberos.

El coronel Carlos Alberto Meléndez reveló que hirieron gravemente a un policía que se movilizaba en moto. Fue sorprendido por un alambre de púas atravesado en la vía, sufriendo grave herida en el cuello. “Esto es una tentativa de homicidio pues el policía casi es degollado”, dijo el oficial.
Los miembros de la comunidad están asustados y no se atreven a denunciar por miedo a las amenazas. En los últimos días han empezado a aparecer personas extrañas a la región, la mayoría en moto, señalados de ser los responsables de los desmanes, amenazas y ataques a la infraestructura, incluidos los derrames petroleros. Habitantes dicen que las protestas están siendo financiadas por grupos al margen de la ley, específicamente bandas criminales que tendrían conexión con el negocio de la intermediación laboral, la contratación de bienes y servicios y transportadores.

A quienes participen en las protestas les dan hasta $50 mil diarios, reconoce un miembro de la comunidad de Chichimene que prefiere mantener su nombre en reserva. Algunos trabajadores han denunciado que tienen que pagar el 15% de su salario a los líderes que los inscribieron en la listas para ser seleccionados en un trabajo de la industria petrolera. La dirigente comunal de CJAID, Sandra Patricia Ruiz, admitió que tienen una bolsa de empleo. "Nosotros manejamos eso con una bolsa de empleo, legalmente constituida, tenemos oficinas (...) y por ahí, por la bolsa, las empresas postulan, no Ecopetrol, sino sus empresas aliadas". Admitió que cobran $25.000 a cada trabajador.

Las autoridades policiales también alertan sobre poderosos gremios, como el de los transportadores, que están interesados en presionar a la industria petrolera para llegar a una negociación en la que conseguirían mayores contratos locales, con tarifas superiores a las del mercado nacional.
El deterioro de la situación en la región con presencia de empresas petroleras ha llegado al extremo. Se han advertido presuntos acuerdos de precios entre proveedores locales, con tarifas que van hasta el doble de los precios del mercado y que se les exigen a las compañías petroleras. Estas prácticas se han detectado en transporte de personal y equipos, alquiler de ambulancias, maquinaria y material pétreo, entre otros servicios. 

Ecopetrol mantiene su posición de no ceder a las presiones indebidas, ni a las vías de hecho. Defiende un sistema de contratación de personal y de bienes y servicios transparente, que beneficie a los habitantes de la región y que le permita seguir ampliando sus operaciones en esta zona del país para beneficio de la economía local y nacional.

Cronograma de las protestas y vandalismo
Mayo 24 
Inicia cese de actividades por parte de los trabajadores de los cinco taladros (PX42, PX43, PX44, PX45, Ind. 204).
Mayo 25
Lanzan botellas llenas de combustible a uno de los generadores del equipo de perforación Nabors PX44, ubicado en la vereda El Triunfo, municipio de Acacías, Meta.
Mayo 26
Manifestantes agreden con piedras un vehículo de bomberos y otros de seguridad y vigilancia.
Se presentaron sabotajes en nueve pozos de producción del campo Castilla. Desconocidos bloquearon las válvulas de las líneas de flujo, lo que ocasionó el derrame de crudo. Personas encapuchadas amenazaron y lanzaron piedras a trabajadores que se encontraban en los equipos de perforación PX43 e Independence 204. La operación de este último equipo fue suspendida de manera preventiva.
Se presentó incendio en el equipo Nabors PX40.
Mayo 27
Se abre un espacio de diálogo con las comunidades y representantes de diferentes entidades. No hay acuerdo.
Mayo 28
Se refuerza plan de contingencia para mantener operación de los taladros y minimizar efecto de los sabotajes.
Mayo 29
Ataque con fuego a la retroexcavadora del equipo PX 44. Ataque con fuego a tanqueta de la policía. Enfrentamientos en los equipos PX 44 y PX 42. Desconocidos atraviesan dos árboles bloqueando el acceso al PX 42. Lanzamiento de voladores y bombas incendiarias hacia el taladro PX44, lo que generó un incendio en el área de variadores. Se apagan preventivamente 10 pozos en los clúster 25 y 26, en el municipio de Castilla La Nueva, por variaciones de presión que podrían indicar una fuga de crudo. La situación se notifica a la ANLA y a Cormacarena. Se activa plan de ayuda mutua con bomberos del municipio de Acacias y Defensa Civil.
Mayo 30
Se instalan barreras mecánicas sobre el caño Legía. Se verifica una mancha de crudo de 25 x 35 metros.
Cierre de 10 pozos en el Clúster 2, (vereda El Triunfo, municipio de Acacías) por actos vandálicos contra su infraestructura.
Manipulación irregular de una válvula de transporte de crudo en el múltiple del clúster 4 (vereda La Esmeralda, Acacias), lo que obligó a apagar los pozos en los clúster 9 y 26. Afectaciones a dos contenedores de producto químico y un dispositivo para hurtar nafta.
Cinco personas que se encontraban en el clúster 2 (vereda El Triunfo, Acacias) fueron atacadas por encapuchados, situación que los obligó a suspender la actividad y salir del lugar. A continuación procedieron a atacar la infraestructura eléctrica dejando fuera de servicio 53 pozos.

Las acciones de limpieza que se venían desarrollando en el clúster 25 fueron suspendidas por ataques. Una trabajadora recibió amenazas de personas que se desplazaban en motocicleta y que la forzaron a abandonar el área. Sabotaje en el pozo Chichimene 22 (Vereda la Esmeralda, Acacias) genera derrame de crudo. Por lo menos 40 encapuchados irrumpieron en el Clúster 2 (Vereda Montebello, Acacias) donde se encuentran ubicados medidores multifásicos para pruebas de producción. Amenazaron a los trabajadores con arma de fuego y causaron un conato de incendio que fue controlado. En el clúster 49 (vereda La Esmeralda, Acacias) desconocidos quemaron tres variadores de velocidad de pozos generando contaminación.