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Esperanza Ramírez está convencida de que tener una vivienda digna es un derecho fundamental que se le debe garantizar. Llegó desplazada por la violencia desde hace siete años de Miraflores (Guaviare), después de ver cómo los grupos al margen de la ley mataron a su esposo.
La familia de Ramírez vive en Bogotá, pero cada día para ella se hace más complicado arrendar una casa. “La gente no les alquila fácil a los desplazados”, insiste. Esta situación llevó a Esperanza a liderar a un grupo de desplazados que ayer se apostó en la zona de acceso del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para protestar por la falta de un techo propio.
El caso de Ramírez y del resto de desplazados se repite a lo largo y ancho de Colombia, donde de acuerdo con el mismo Ministerio existe un déficit habitacional de 2 millones de viviendas. Ante este panorama, el Gobierno emprendió ocho iniciativas que buscan promover la construcción de casas dignas.
El Ministro de Ambiente y Vivienda dice que entre los puntos más destacados de este plan se encuentra la formulación de 12 macroproyectos en todo el país que buscan la construcción de 150 mil viviendas durante los próximos cinco años. Cartagena, Barranquilla, Soacha, Mosquera, Cali, Buenaventura, Usme y Manizales son algunos de los municipios donde se concretarán estos planes.
La apertura de una Bolsa de Esfuerzo Territorial mediante la cual el Gobierno se compromete a otorgar recursos por 46 mil millones de pesos para Vivienda de Interés Social (VIS) en municipios pequeños cuyas alcaldías acondicionen terrenos para su construcción es otro de los puntos, así como la asignación de un billón de pesos para VIS, provenientes del Presupuesto General de la Nación, partidas especiales y los dineros decomisados al narcotráfico.
En la política también se destaca el convenio que el Ministerio firmó con la banca, las cajas de compensación, Camacol, Fedelonjas y Findeter, entre otras entidades, con el objetivo de destinar $2,2 billones para edificar 116 mil soluciones de vivienda a lo largo de un año.
Para la presidenta de Camacol, Beatriz Uribe, en estos momentos los mayores esfuerzos se deben hacer en los municipios.
“La política de vivienda está bien encaminada, pero el llamado es a los alcaldes, sobre todo de las grandes capitales, para que incluyan en los planes de desarrollo metas ambiciosas en este sector”.
Según el ministro Juan Lozano, los acuerdos con entidades como el Fondo Nacional de Ahorro y la Central de Inversiones (Cisa) buscan que durante este período presidencial se construyan las 828 mil viviendas que se prometieron en campaña. A esto se suman nuevas medidas que agilizan el proceso de construcción.
Esperanza Ramírez y su familia esperan que sus nombres y los de los desplazados que la acompañaron en la protesta de ayer aparezcan en las listas de beneficiados con estas viviendas, al igual que miles de colombianos en todo el país.
En cifras
400.000
viviendas es el déficit habitacional de Bogotá. En el país, éste alcanza las dos millones de casas.
$130 mil
millones de las caletas halladas a narcotraficantes en el Valle del Cauca se utilizarán para construir vivienda de interés social en Cali y Buenaventura.
Se creará Superintendencia de Vivienda
Los múltiples inconvenientes que se generan alrededor del sector de la vivienda, como la falta de terrenos, la cantidad de trámites que se deben surtir para su construcción y hasta el aprovechamiento de los inescrupulosos, fueron algunos de los factores que llevaron al Gobierno Nacional a buscar la creación de una Superintendencia y de un estatuto que regulen el sector.
“Desde el Ministerio se inició estudio para la creación de la Superintendencia de Vivienda. La idea es que no genere carga burocrática y que defienda a los colombianos de los abusos que muchos cometen en este sector”, explicó el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano.
De acuerdo con el funcionario, esta superintendencia hace parte de un proyecto en el que también se incluye un Estatuto General de Vivienda, el cual se encuentra en proceso de elaboración y que pretende reunir todos los instrumentos de la política de construcción.
El proyecto de ley para la creación y puesta en marcha de estas iniciativas se presentará el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República.
Por Ricardo Gutiérrez Zapata
