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El terremoto del 10 de agosto dejó más de 30.000 viviendas que deberán construirse desde cero y otras 178.000 con daños que requieren reparación, según los reportes más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Camacol advirtió este martes que la reconstrucción, a diferencia de otras tragedias en la historia colombiana con daños más localizados, tendrá que hacerse en 470 municipios de 15 departamentos, con especial atención en las zonas de mayor daño, como Chocó y municipios apartados del Eje Cafetero y Valle del Cauca.
Esa dispersión, dice el gremio de los constructores, pondrá a prueba tanto la capacidad del Gobierno como la del sector privado para llegar a cada rincón afectado.
¿Qué falta para una reconstrucción exitosa?
Esta semana, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un subsidio de arriendo temporal de COP 875.452 mensuales durante tres meses para los afectados. La banca, por su parte, acordó una tasa de interés preferencial del 8 % efectivo anual para los damnificados que necesiten un crédito hipotecario.
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Pero, según Camacol, dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno en el marco del Decreto 1261, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el pasado 19 de agosto, aún está pendiente un subsidio de vivienda propiamente dicho, dirigido a las familias que quieran adquirir un inmueble o reparar su casa.
Guillermo Herrera, presidente del gremio, propuso este martes, en el marco del Foro Económico de Expocamacol, que se desarrolla del 25 al 28 de agosto en Medellín, un esquema diferenciado que no se limite a los hogares más pobres, sino que también cubra a los de ingresos medios y altos, con un nivel de ayuda que disminuya a medida que aumenta la capacidad de pago de cada familia.
“Aquí hay que generar una especie de matriz que diga: hogar vulnerable, pobre o no pobre; daño leve o grave; necesidad de reconstrucción o necesidad de reubicación. Y según eso, hay que generar la fórmula de atención”, dijo Herrera.
Replantear la política de vivienda actual
Dicho esquema diferencial de subsidios, como lo dijo el presidente de Camacol, tendría que ir de la mano con un cambio a la política de vivienda que hoy tiene Colombia.
El líder gremial habló, por ejemplo, de la necesidad de flexibilizar prohibiciones como la de recibir un segundo subsidio de vivienda para quienes ya fueron beneficiarios de uno antes, así hayan perdido su casa en el terremoto.
Herrera fue enfático en que la política de vivienda ordinaria no está diseñada para atender un evento de esta magnitud, y que -desde la orilla del Gobierno- faltan más definiciones desde lo normativo: cómo se estructurará finalmente la operación del Fondo Milagro y los mecanismos de contratación de privados para labores de demolición, construcción y rehabilitación de estructuras, hasta el ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT) y la agilización del licenciamiento urbanístico en ciudades como Pereira, donde las normas vigentes no contemplan proyectos de renovación urbana ni intervenciones de gran escala que permitan reconstruir con la velocidad que exige la tragedia.
Banco de materiales: ¿para qué?
Un banco de materiales, a grandes rasgos, busca coordinar la oferta y la demanda de insumos de construcción, como cemento, acero, ladrillo o madera, para que la alta demanda que genera una reconstrucción de esta magnitud no dispare los precios ni deje sin materiales las obras de reparación y construcción de vivienda.
El llamado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’ del Gobierno De la Espriella ya contempla crear uno, gestionado con participación del sector empresarial.
Precisamente, Camacol anunció que le presentará al Gobierno Nacional, en los próximos días, su propuesta sobre cómo debería estructurarse ese banco. Según explicó Herrera, la idea contempla una operación de alcance nacional pero con brazos regionales, similar al esquema de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), la entidad de la Gobernación encargada de los programas de construcción y mejoramiento de vivienda social en el departamento.
A esa propuesta se suma otra petición desde los constructores: la exención o devolución del IVA para los materiales destinados a reparar las más de 178.000 viviendas averiadas y a levantar las más de 30.000 que deben construirse desde cero.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
