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La OCDE publicó este martes su informe sobre cuáles son las iniciativas de filantropía privada que más contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. El reporte analiza a fondo la información suministrada por 33 de las fundaciones más grandes a nivel global, que sólo en 2018 aportaron US$7.800 millones para financiar iniciativas que, en su gran mayoría y en conjunto, están relacionada con la salud.
El documento elabora un ranking de cuáles son los mayores proveedores de filantropía entre las instituciones analizadas. Sin mayores sorpresas, el primer puesto del escalafón corresponde a la Fundación Bill y Melinda Gates, que entre 2017 y 2018 aportó casi US$4.000 millones en iniciativas de corte social a nivel global (aunque con un fuerte énfasis en África y Asia y Oceanía).
En el segundo lugar de la clasificación se ubicó la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que, según los datos de la OCDE, superó los US$1.000 millones en inversiones; más del 80 % de las actividades de esta entidad se centra en Latinoamérica, específicamente en Panamá, Chile, República Dominicana, Perú y Colombia.
A nivel regional, la FMBBVA cuenta con 2’234.000 clientes y en los 12 años que tiene de funcionamiento en la región ha desembolsado US$14.169 millones en créditos productivos.
Para Javier Flores, director general de la Fundación, el ranking de la OCDE “es un reconocimiento muy importante. Estamos muy contentos con esto, pues la OCDE es una institución de gran categoría que está reconociendo la labor que hacemos”.
¿Por qué seguirle apostando al modelo de microfinanzas? “La experiencia nos ha demostrado que cuando uno hace microfinanzas bien hechas, con acompañamiento a las personas, primando esa gestión por encima incluso de la rentabilidad de las entidades, es una palanca para el desarrollo sostenible de las personas. Y esto es muy importante porque nos diferencia de otras entidades que operan en el mismo campo”, dijo el directivo en entrevista con este diario.
De acuerdo con el informe de la OCDE, Colombia es el tercer receptor de financiación filantrópica (dentro del banco de datos del organismo, vale la pena aclarar), tan sólo después de Perú e India: entre 2017 y 2018, el país recibió US$363 millones por esta cuenta, la vasta mayoría aportado por la entidad que lidera Flores.
Los recursos de la Fundación, a través de Bancamía, van para clientes que están dedicados al sector comercio (40 %). “Pero queremos ir más hacia el campo. Este es uno de nuestros focos estratégicos”, asegura Flores. Y agrega: “Ahí es donde están las bolsas de mayor pobreza y menos acceso a servicios financieros, pero esto hay que hacerlo acompañados de tecnología. Con sus diferencias, Latinoamérica sigue teniendo un reto en infraestructura digital. Diría que nuestra vocación es ir a las zonas rurales y apoyar a los pequeños productores agrícolas, muy enfocados además en mujeres cabeza de familia, que tienen que emprender por necesidad. También queremos, encima del enfoque de género, hacer un aporte especial en cambio climático y nuestra intención es ayudar a estos pequeños agricultores a que tengan mejores técnicas de cultivos, a que diversifiquen su producción, que cuenten con abono orgánico. Estamos financiando estos cambios para que ellos tengan sistemas de cultivo más sostenibles”.
Este foco en la colocación de créditos en el campo es un asunto de suma importancia en temas de productividad y superación de pobreza en entornos rurales. En una entrevista con este diario, el presidente de Finagro aseguró que “hay una brecha entre la inclusión financiera rural y la urbana. En la primera hay un rezago porque es más difícil llevar servicios financieros al campo: tenemos problemas de infraestructura, comunicaciones, situaciones geográficas complicadas. La demanda existe, los pobladores rurales quieren acceder al crédito, pero encuentran todas esas barreras que hacen que la colocación de crédito sea más compleja”.
Sobre el trabajo de la Fundación en Colombia, Flores asegura que “ahora tenemos un proyecto grande en el cual estamos colaborando con otras instituciones y con la administración pública del país, la cual nos facilitó los datos de las personas desplazadas víctimas del conflicto. Con ONG locales estamos capacitando a estas personas en proyectos productivos (el costo de esta capacitación lo asume USAID) y una vez tengan su emprendimiento Bancamía los financia. Es una iniciativa a cinco años y la meta es atender a 125.000 personas en 17 municipios que hemos priorizado”. De acuerdo con datos de la entidad, de los clientes nuevos de 2019, 33 % se encuentra en áreas rurales y 59 % son mujeres.