Se viene otro paro nacional camionero

Los camioneros están furiosos. Y tienen por qué. Primero, después de un acuerdo firmado con el Gobierno lograron que se estableciera un modelo económico en el que se respetaran unos precios mínimos que deberían pagar las empresas y los industriales por movilizar su carga, pero no se está cumpliendo. Segundo, dicen que el precio de algunos peajes se ha incrementado más del 300%. Tercero, advierten lo que muchos sectores vienen criticando hace años: el elevado precio de los combustibles. Para sumar, hablan de las millonarias pérdidas que se vendrán con el cierre de la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Por eso, Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo nacional de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), advierte que esta semana se definirá cuándo será la que él llama como la gran protesta nacional.

Se anuncia un paro de transportadores. ¿Por qué?

Esta será una protesta nacional. Venimos muy preocupados con el Gobierno por la desolación enorme en la que nos tienen. No cumplen los acuerdos que firmamos, no son serios, parece que se entrelazaran los ministerios para dilatar las cosas.

¿Qué es lo que puntualmente no les han cumplido?

Tenemos un documento firmado del 19 de marzo pasado con 35 puntos de acuerdo, se ha cumplido el 20%, el resto lo han dilatado. Está el Sistema Integral de Costos Eficientes (SICE-TAC), que es una estructura que define costos operativos fijos y variables logísticos. Establece un decreto que en ningún caso se puede pagar por debajo de lo que ese sistema establece. Eso no se ha cumplido. El Gobierno no hace valer esa norma. Por el contrario, es permisivo con los industriales. Incluso ha sacado dos circulares a través de la Supertransporte, en donde dice que si se viola, sancionan. Y acto seguido, después de la reacción de la Andi, por medio del Viceministerio de Transporte, emiten otra circular diciendo lo contrario. Se inventan esquemas de operación que no tiene la norma.

¿Entonces lo que pasa es que les están pagando los fletes por debajo de lo que debería ser?

Los transportadores le recordamos al Gobierno Nacional que el artículo segundo del Decreto 2228 dice que en ningún caso se puede pagar debajo de los costos eficientes de operación establecidos en el SICE-TAC y publicados por el Minstransporte.

¿Quién está violando la ley? ¿Las empresas de transporte?

El generador de la carga y la empresa de transporte le deben cumplir al transportador. Esos dos no están cumpliendo consentidos por el mismo Gobierno. Hemos conocido por el correo de las brujas que un grupo importante de exportadores se reunió con el presidente Santos y el objetivo era cómo elevar los niveles de exportación. Dentro de muchos temas que tocaron entre aduanas y aranceles, una de las condiciones que se pidieron era la derogación del SICE-TAC. Nos contaron que el presidente dijo que se comprometía a derogarlo. Y eso no lo vamos a permitir. Esa herramienta establece costos operativos y ningún negocio en el mundo renuncia a sus costos operativos.

¿Cómo está el negocio del transporte hoy?

Estamos trabajando muchas rutas entre el 20 y el 50% por debajo de los costos operativos. No es viable este negocio. Seguimos porque no sabemos hacer otra cosa. Comprar una tractomula vale $400 millones, son inversiones altas y no podemos renunciar a ellas. Queremos crecer como sector, ser competitivos y no conozco competitividad sin rentabilidad.

Hace 20 años era muy productivo este sector. ¿Qué fue lo que pasó?

La sobreoferta vehicular es la que tiene al sector así. Hay muchos camiones para tan poca carga. Entre el año 2006 a 2012 ingresaron al país 120.000 vehículos de carga que no estaban presupuestados, Planeación Nacional jamás hizo su trabajo y no los proyectó. No se fijó qué carros deberían salir, qué características técnicas necesitaba el país y qué carrocerías se necesitaban. Llegaron a través de la póliza.

¿Comprar una póliza daba la posibilidad de ingresar una tractomula al país?

Sí. Cada póliza valía entre $35 y $60 millones, la impuso el gobierno Uribe y tenía como objetivo recaudar recursos. Fueron cerca de $2 billones. Con esos fondos deberían sacar carros de circulación, lo que muchos conocen como chatarrización. El Gobierno recibía plata, entonces éste debería desintegrar un carro. Pero eso no pasó. Metieron la plata en el Tesoro Nacional y, a nuestro criterio, no lo usaron de la mejor manera. Si no fuera así, debería estar ahí, en efectivo, y ya no está. Tanto que después de una inmovilización camionera, provisionaron esos recursos a través de un Confis, que son apropiaciones de vigencias futuras. La plata que había se la gastaron.

¿Y se frenó la chatarrización...?

Eso ha frenado el proceso de la desintegración. No se destinó la plata que nosotros mismos pagamos para sacar de circulación el mismo número de camiones que ingresaron al país.

¿Cuánto produce el país en carga?

Según datos de la Andi, 220 millones de toneladas al año; con la capacidad instalada que hay en el país en camiones podemos mover 450 millones de toneladas al año.

¿Cuál es el parque automotor en Colombia?

Son 385.000 vehículos, de los cuales 94.000 son de servicio particular de carga y el resto son de servicio público de carga. Lo que pedimos es el plan de reposición, que sea efectivo.

¿Y ustedes qué proponen?

Ir a las regiones. Hay 15 identificadas para hacer el diagnóstico de ese parque automotor que mueve la industria, pero también el agro. Ahí está el más obsoleto. Por eso no permitimos que se decrete una vida útil. No nos oponemos al desarrollo del país, pero si sacan todos esos carros de circulación, pues no volvemos a tomar leche o a comer papa, porque son esos carros viejos los que traen la comida del campo a la ciudad. El Gobierno debe hacer un mapeo, identificarlos, porque calculamos que de más de 20 años hay unos 65.000 camiones en el país.

¿Por qué son tan caros los fletes en Colombia?

Porque los gastos operativos son muy altos. Combustibles pesan 35% y peajes, un 19%. Hay peajes que han subido hasta el 300% como Ruta del Sol o Villavicencio. ¿Qué hacemos si aquí es ineficiente el cargue y el descargue, que es responsabilidad de los industriales quienes me dejan cuatro o cinco días con la carga en los carros esperando? Eso hace ineficiente al transportador. El combustible en 12 años ha subido el 742% por encima de la inflación calculada. En el gobierno Uribe pagábamos $2.000 por un galón de acpm, hoy vale $8.500. Dicen que la referencia es el WTI, que llegó a los US$120, y ahora está en US$60, pero tenemos el acpm más caro.

¿Para cuándo tienen planeada la gran protesta nacional?

Para acabar de ajustar tomaron la decisión de cerrar la vía a Buenaventura desde el 8 de julio. Seis días a la semana durante siete meses. Los mismos constructores ya dijeron que esa obra va a durar 20 meses. Y por ahí se va al principal puerto de Colombia, que mueve el 60% de la carga del país. Así cómo trabajamos. Nos preocupa la seguridad, vamos a tener que transitar de 8 de la noche a 6 de la mañana en la ruta Medicanoa-Buenaventura, históricamente ha sido violenta. Hay cuatro problemas: seguridad, logística de hoteles o baños y comida, concentración de carros a lado y lado de la carretera, y la operación del puerto, que se verá afectada por los horarios de cargue.

¿Cuándo se irían a paro?

En vista de que no respetan el sector, estamos hablando con otros sectores afectados, 11 en total. Están las dignidades agropecuarias, incluidos las cafeteros, maiceros, paperos, ganaderos, comerciantes -por la ley anticontrabando- y los mineros. El próximo 15 vamos a definir la fecha, porque eso requiere una logística y permisos, para eso se necesita una consulta de base con todos los sectores. Nos vamos a reunir en Bogotá en una gran asamblea para definir todo el tema logístico. Pero creemos que será antes de un mes. Es que estamos en uno de los peores momentos de la historia. Creo que es el peor.

Los camioneros están furiosos. Y tienen por qué. Primero, después de un acuerdo firmado con el Gobierno lograron que se estableciera un modelo económico en el que se respetaran unos precios mínimos que deberían pagar las empresas y los industriales por movilizar su carga, pero no se está cumpliendo. Segundo, dicen que el precio de algunos peajes se ha incrementado más del 300%. Tercero, advierten lo que muchos sectores vienen criticando hace años: el elevado precio de los combustibles. Para sumar, hablan de las millonarias pérdidas que se vendrán con el cierre de la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Por eso, Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo nacional de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), advierte que esta semana se definirá cuándo será la que él llama como la gran protesta nacional.

Se anuncia un paro de transportadores. ¿Por qué?

Esta será una protesta nacional. Venimos muy preocupados con el Gobierno por la desolación enorme en la que nos tienen. No cumplen los acuerdos que firmamos, no son serios, parece que se entrelazaran los ministerios para dilatar las cosas.

¿Qué es lo que puntualmente no les han cumplido?

Tenemos un documento firmado del 19 de marzo pasado con 35 puntos de acuerdo, se ha cumplido el 20%, el resto lo han dilatado. Está el Sistema Integral de Costos Eficientes (SICE-TAC), que es una estructura que define costos operativos fijos y variables logísticos. Establece un decreto que en ningún caso se puede pagar por debajo de lo que ese sistema establece. Eso no se ha cumplido. El Gobierno no hace valer esa norma. Por el contrario, es permisivo con los industriales. Incluso ha sacado dos circulares a través de la Supertransporte, en donde dice que si se viola, sancionan. Y acto seguido, después de la reacción de la Andi, por medio del Viceministerio de Transporte, emiten otra circular diciendo lo contrario. Se inventan esquemas de operación que no tiene la norma.

¿Entonces lo que pasa es que les están pagando los fletes por debajo de lo que debería ser?

Los transportadores le recordamos al Gobierno Nacional que el artículo segundo del Decreto 2228 dice que en ningún caso se puede pagar debajo de los costos eficientes de operación establecidos en el SICE-TAC y publicados por el Minstransporte.

¿Quién está violando la ley? ¿Las empresas de transporte?

El generador de la carga y la empresa de transporte le deben cumplir al transportador. Esos dos no están cumpliendo consentidos por el mismo Gobierno. Hemos conocido por el correo de las brujas que un grupo importante de exportadores se reunió con el presidente Santos y el objetivo era cómo elevar los niveles de exportación. Dentro de muchos temas que tocaron entre aduanas y aranceles, una de las condiciones que se pidieron era la derogación del SICE-TAC. Nos contaron que el presidente dijo que se comprometía a derogarlo. Y eso no lo vamos a permitir. Esa herramienta establece costos operativos y ningún negocio en el mundo renuncia a sus costos operativos.

¿Cómo está el negocio del transporte hoy?

Estamos trabajando muchas rutas entre el 20 y el 50% por debajo de los costos operativos. No es viable este negocio. Seguimos porque no sabemos hacer otra cosa. Comprar una tractomula vale $400 millones, son inversiones altas y no podemos renunciar a ellas. Queremos crecer como sector, ser competitivos y no conozco competitividad sin rentabilidad.

Hace 20 años era muy productivo este sector. ¿Qué fue lo que pasó?

La sobreoferta vehicular es la que tiene al sector así. Hay muchos camiones para tan poca carga. Entre el año 2006 a 2012 ingresaron al país 120.000 vehículos de carga que no estaban presupuestados, Planeación Nacional jamás hizo su trabajo y no los proyectó. No se fijó qué carros deberían salir, qué características técnicas necesitaba el país y qué carrocerías se necesitaban. Llegaron a través de la póliza.

¿Comprar una póliza daba la posibilidad de ingresar una tractomula al país?

Sí. Cada póliza valía entre $35 y $60 millones, la impuso el gobierno Uribe y tenía como objetivo recaudar recursos. Fueron cerca de $2 billones. Con esos fondos deberían sacar carros de circulación, lo que muchos conocen como chatarrización. El Gobierno recibía plata, entonces éste debería desintegrar un carro. Pero eso no pasó. Metieron la plata en el Tesoro Nacional y, a nuestro criterio, no lo usaron de la mejor manera. Si no fuera así, debería estar ahí, en efectivo, y ya no está. Tanto que después de una inmovilización camionera, provisionaron esos recursos a través de un Confis, que son apropiaciones de vigencias futuras. La plata que había se la gastaron.

¿Y se frenó la chatarrización...?

Eso ha frenado el proceso de la desintegración. No se destinó la plata que nosotros mismos pagamos para sacar de circulación el mismo número de camiones que ingresaron al país.

¿Cuánto produce el país en carga?

Según datos de la Andi, 220 millones de toneladas al año; con la capacidad instalada que hay en el país en camiones podemos mover 450 millones de toneladas al año.

¿Cuál es el parque automotor en Colombia?

Son 385.000 vehículos, de los cuales 94.000 son de servicio particular de carga y el resto son de servicio público de carga. Lo que pedimos es el plan de reposición, que sea efectivo.

¿Y ustedes qué proponen?

Ir a las regiones. Hay 15 identificadas para hacer el diagnóstico de ese parque automotor que mueve la industria, pero también el agro. Ahí está el más obsoleto. Por eso no permitimos que se decrete una vida útil. No nos oponemos al desarrollo del país, pero si sacan todos esos carros de circulación, pues no volvemos a tomar leche o a comer papa, porque son esos carros viejos los que traen la comida del campo a la ciudad. El Gobierno debe hacer un mapeo, identificarlos, porque calculamos que de más de 20 años hay unos 65.000 camiones en el país.

¿Por qué son tan caros los fletes en Colombia?

Porque los gastos operativos son muy altos. Combustibles pesan 35% y peajes, un 19%. Hay peajes que han subido hasta el 300% como Ruta del Sol o Villavicencio. ¿Qué hacemos si aquí es ineficiente el cargue y el descargue, que es responsabilidad de los industriales quienes me dejan cuatro o cinco días con la carga en los carros esperando? Eso hace ineficiente al transportador. El combustible en 12 años ha subido el 742% por encima de la inflación calculada. En el gobierno Uribe pagábamos $2.000 por un galón de acpm, hoy vale $8.500. Dicen que la referencia es el WTI, que llegó a los US$120, y ahora está en US$60, pero tenemos el acpm más caro.

¿Para cuándo tienen planeada la gran protesta nacional?

Para acabar de ajustar tomaron la decisión de cerrar la vía a Buenaventura desde el 8 de julio. Seis días a la semana durante siete meses. Los mismos constructores ya dijeron que esa obra va a durar 20 meses. Y por ahí se va al principal puerto de Colombia, que mueve el 60% de la carga del país. Así cómo trabajamos. Nos preocupa la seguridad, vamos a tener que transitar de 8 de la noche a 6 de la mañana en la ruta Medicanoa-Buenaventura, históricamente ha sido violenta. Hay cuatro problemas: seguridad, logística de hoteles o baños y comida, concentración de carros a lado y lado de la carretera, y la operación del puerto, que se verá afectada por los horarios de cargue.

¿Cuándo se irían a paro?

En vista de que no respetan el sector, estamos hablando con otros sectores afectados, 11 en total. Están las dignidades agropecuarias, incluidos las cafeteros, maiceros, paperos, ganaderos, comerciantes -por la ley anticontrabando- y los mineros. El próximo 15 vamos a definir la fecha, porque eso requiere una logística y permisos, para eso se necesita una consulta de base con todos los sectores. Nos vamos a reunir en Bogotá en una gran asamblea para definir todo el tema logístico. Pero creemos que será antes de un mes. Es que estamos en uno de los peores momentos de la historia. Creo que es el peor.