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Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador alcanzan un nuevo punto de tensión. Luego de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa anunciara un aumento en los aranceles para los productos colombianos (llevando el impuesto al 100 %), el Gobierno de Gustavo Petro respondió imponiendo la misma medida para las mercancías ecuatorianas.
Esta dinámica de aumentos arancelarios inició cuando el presidente Noboa señaló que no ha visto un compromiso por parte del Gobierno colombiano para garantizar la seguridad en la zona de frontera, especialmente en lo que tiene que ver con la lucha contra los grupos delincuenciales, en particular aquellos vinculados al narcotráfico.
Para el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, estas tensiones arancelarias tienen una implicación directa en el bienestar de colombianos y ecuatorianos, ya que impactan de forma directa a empresas y familias.
De esta comunidad son miembros Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Las tensiones entre estos últimos dos países han despertado la preocupación de Gutiérrez, quien cree que también está en juego esta integración de casi 60 años.
Es por esto que el secretario general le ha manifestado a los mandatarios de ambas naciones la importancia de avanzar en diálogos que permitan resolver las diferencias.
Sobre Colombia, el secretario recuerda que la Comunidad Andina ha tenido un impacto positivo en sus exportaciones, pasando de los USD 31 millones en 1969 a los USD 3.197 millones en 2024, lo cual ha beneficiado a unas 3.540 empresas exportadoras, de las cuales 3.109 son micro, pequeñas y medianas empresas.
“Aproximadamente 350 mil toneladas de productos colombianos transitan anualmente por la frontera terrestre con Ecuador, reflejando un dinamismo que beneficia especialmente a pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos colombianos de la zona de frontera”, señaló.
Sobre Ecuador, las exportaciones con destino a los países miembros han evolucionado de USD 7,5 millones a USD 2.033 millones. El beneficio directo ha sido para 1.220 empresas exportadoras, de las cuales 1.010 son mipymes.
“Cerca de 690 mil toneladas de productos ecuatorianos transitan anualmente por la frontera terrestre con Colombia, evidenciando la importancia del comercio bilateral para las economías locales y ciudadanos ecuatorianos que habitan las provincias de frontera”, añadió.
También recordó que en estas casi seis décadas del acuerdo se ha logrado avanzar en la construcción de una arquitectura jurídica supranacional que ha permitido avances concretos en ámbitos como la libre competencia, la propiedad intelectual, el libre tránsito de personas, el roaming sin costo adicional y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a través del Plan de Acción Resolutivo para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Esto último ha permitido consolidar logros, como operaciones coordinadas en fronteras e intercambio de información entre los países miembros. A la par, se avanza en mecanismos que garantizan la seguridad energética de la región, con el programa de Mercado Andino Eléctrico Regional, lo cual permite hacer frente a los desafíos actuales y futuros.
“En un entorno global caracterizado por crecientes tensiones e incertidumbres, el derecho internacional adquiere una relevancia mayor para América Latina y el Caribe. Para países de dimensión media como los países andinos, el derecho internacional se constituye como la principal garantía para la defensa de nuestros intereses. En ese sentido, resalto que el apego a los compromisos asumidos y a las reglas que rigen la convivencia internacional no solo fortalecen la confianza entre los países, sino que contribuyen a prevenir escenarios de incertidumbre que podrían derivar en dinámicas de inestabilidad con consecuencias difíciles de prever”, añadió.
Gutiérrez propone la conformación de delegaciones encabezadas por autoridades del más alto nivel y con las facultades necesarias para alcanzar entendimientos concretos. También que la Corporación Andina de Fomento (CAF – Banco de Desarrollo de América y el Caribe) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brinden fondos de cooperación para fortalecer las capacidades de ambos países en las zonas de frontera.
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