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Trujillo explicó que la cifra se obtuvo a través de un estudio realizado por empresarios del sector con base en el seguimiento de los registros de importación de la DIAN del año pasado.
Ante la crisis que atraviesan los textileros, por cuenta de la revaluación, entre otros factores, empresarios del gremio planean reunirse con el Gobierno para solicitar que se establezcan condiciones de defensa frente al contrabando abierto (el no reportado) y el técnico (el que a pesar de reportarse en la aduana, se registra con valores inferiores a los mínimos). Del mismo modo, solicitarán medidas de protección arancelaria.
“Este sector es viable y tiene amplias posibilidades de generación de riqueza. Sin embargo, necesitamos condiciones equitativas para poder competir. No podemos hacerlo cuando se importan prendas a precios que equivalen a la décima parte de su valor real”, señaló Trujillo, y explicó que, aunque el Gobierno ha hecho esfuerzos, sus competidores son mucho más ágiles. Agregó que detrás de esas cifras hay lavado de dinero a través del contrabando de textiles.
Los empresarios que trabajaron en el estudio hicieron el ejercicio de calcular cuántos empleos se generarían para producir esos 208 millones de prendas y concluyeron que se necesitarían aproximadamente 179 mil nuevas plazas para ello.
Por El Espectador
