Senado tumba proyecto de ley que autorizaba cambio extraordinario de régimen pensional

Con 6 votos en contra y 5 a favor, la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto de ley que propone autorizar el cambio de régimen pensional a miles de personas que en este momento no pueden hacerlo porque excedieron el plazo que la ley (797 de 2003) les da para tomar la decisión, que es máximo 10 años antes de jubilarse.

Le recomendamos: Ventana pensional: ¿problema o solución?

El autor de la iniciativa, el representante Juan Carlos Wills, insistió en que a la fecha se han instaurado unas 40.000 demandas para que se autorice el cambio de régimen pensional por fuera de los plazos establecidos por la ley, alegando que en su momento los afiliados no recibieron suficiente información para quedarse en el régimen que más les convenía (ahorro individual o prima media). También advirtió que por el éxito que han tenido las mismas en los juzgados, en los próximos tres años las demandas llegarían a 300.000.

Wills argumentó durante meses que, con la ley que propone, el Estado se ahorraría el impacto fiscal “a gotas” que ha tenido en los últimos años por cuenta de la defensa que debe asumir ante los tribunales en las miles de demandas contra Colpensiones.

A pesar de que en el Senado se discutió una proposición que modificaba el alcance de la propuesta, de manera que se reducía su costo de $60 billones a $27 billones, hubo mucha renuencia a probarla por su impacto fiscal.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, insistió antes de la votación en que el gobierno no estaba de acuerdo con la propuesta porque su costo era de entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). También mostró su preocupación por la posibilidad de que con la medida se favorecieran personas con altas pensiones. Según los cálculos del funcionario, para una pensión de 25 salarios mínimos significaría un sobrecosto de $735 millones, “es tan regresivo que el 20 % de los pensionados que se quedará con el 75 % del costo fiscal”, dijo.

Esto a pesar de que el autor de la iniciativa insistió en que el 80 % de los afiliados al sistema sólo obtendrán una pensión de entre 1 y 4 salarios mínimos.

Además, tanto el viceministro como otros senadores recordaron que la medida sería traumática para el mercado de capitales porque implicaría la salida del rededor de $20 billones de los fondos privados a Colpensiones en un corto plazo. “Los traslados exprés generarían estrés a las finanzas públicas y al mercado de valores”, dijo al respecto Gabriel Velasco.

La propuesta, conocida como “ventana pensional”, ya había sido aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y había recibido más de 100 votos a su favor en la plenaria de la misma Corporación a mediados de este año. Con la decisión del Senado, el articulado quedó archivado.

Sin embargo, los autores de la iniciativa (Juan Carlos Wills y Nadia Georgette Blel) apelaron ante el presidente del Senado, Arturo Char, la decisión tomada por la Comisión Séptima y le solicitaron crear una comisión accidental que decida si se acoge o no su petición. “Recurrir a este medio busca garantizar acudir a una instancia mayor jerarquía como lo es la plenaria del Senado. Esto, permite mayor participación de los miembros, así como la democratización de la decisión que tome el pleno del Senado”.

La carta además asegura: “un precario número de seis miembros enterró una aspiración justa de un gran número de colombianos, desconociendo la manifestación unánime de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y la abrumadora mayoría de la plenaria de la misma corporación”.

Con 6 votos en contra y 5 a favor, la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto de ley que propone autorizar el cambio de régimen pensional a miles de personas que en este momento no pueden hacerlo porque excedieron el plazo que la ley (797 de 2003) les da para tomar la decisión, que es máximo 10 años antes de jubilarse.

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El autor de la iniciativa, el representante Juan Carlos Wills, insistió en que a la fecha se han instaurado unas 40.000 demandas para que se autorice el cambio de régimen pensional por fuera de los plazos establecidos por la ley, alegando que en su momento los afiliados no recibieron suficiente información para quedarse en el régimen que más les convenía (ahorro individual o prima media). También advirtió que por el éxito que han tenido las mismas en los juzgados, en los próximos tres años las demandas llegarían a 300.000.

Wills argumentó durante meses que, con la ley que propone, el Estado se ahorraría el impacto fiscal “a gotas” que ha tenido en los últimos años por cuenta de la defensa que debe asumir ante los tribunales en las miles de demandas contra Colpensiones.

A pesar de que en el Senado se discutió una proposición que modificaba el alcance de la propuesta, de manera que se reducía su costo de $60 billones a $27 billones, hubo mucha renuencia a probarla por su impacto fiscal.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, insistió antes de la votación en que el gobierno no estaba de acuerdo con la propuesta porque su costo era de entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). También mostró su preocupación por la posibilidad de que con la medida se favorecieran personas con altas pensiones. Según los cálculos del funcionario, para una pensión de 25 salarios mínimos significaría un sobrecosto de $735 millones, “es tan regresivo que el 20 % de los pensionados que se quedará con el 75 % del costo fiscal”, dijo.

Esto a pesar de que el autor de la iniciativa insistió en que el 80 % de los afiliados al sistema sólo obtendrán una pensión de entre 1 y 4 salarios mínimos.

Además, tanto el viceministro como otros senadores recordaron que la medida sería traumática para el mercado de capitales porque implicaría la salida del rededor de $20 billones de los fondos privados a Colpensiones en un corto plazo. “Los traslados exprés generarían estrés a las finanzas públicas y al mercado de valores”, dijo al respecto Gabriel Velasco.

La propuesta, conocida como “ventana pensional”, ya había sido aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y había recibido más de 100 votos a su favor en la plenaria de la misma Corporación a mediados de este año. Con la decisión del Senado, el articulado quedó archivado.

Sin embargo, los autores de la iniciativa (Juan Carlos Wills y Nadia Georgette Blel) apelaron ante el presidente del Senado, Arturo Char, la decisión tomada por la Comisión Séptima y le solicitaron crear una comisión accidental que decida si se acoge o no su petición. “Recurrir a este medio busca garantizar acudir a una instancia mayor jerarquía como lo es la plenaria del Senado. Esto, permite mayor participación de los miembros, así como la democratización de la decisión que tome el pleno del Senado”.

La carta además asegura: “un precario número de seis miembros enterró una aspiración justa de un gran número de colombianos, desconociendo la manifestación unánime de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y la abrumadora mayoría de la plenaria de la misma corporación”.