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Las compras en línea siguen ganando protagonismo en el país. Según un estudio de comercio electrónico, adelantado por Bancolombia, Temu, Amazon, Shein y Mercado Libre son las principales plataformas en la nación.
El mencionado estudio también precisa que, en promedio, un colombiano gasta alrededor de COP 240.000 por compra en estas plataformas, siendo Shein la que representa el ticket más alto (~COP 350.000), seguida de Amazon (~COP 220.000), Mercado Libre (~COP 260.000) y Temu (~COP 125.000).
Estas cifras son clave si se tiene en cuenta que, en 2026, hay un cambio importante para los usuarios de este tipo de comercios.
En el marco del Estado de Emergencia (declarado por el Gobierno de Gustavo Petro ante el hundimiento en el congreso de la Ley de Financiamiento que buscaba recaudar COP 16,3 billones), se han expedido decretos con alcances económicos con los que, de nuevo, el mayor mandatario busca aumentar los ingresos de la nación.
En el artículo 3 del Decreto 1474 de 2025, se estableció que el tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor supere a los USD 50 pagarán IVA.
Al tipo de cambio actual, el monto equivale a cerca de COP 187.000, una cifra que, al contrastarse con el dato de Bancolombia —según el cual el ticket promedio de los colombianos en estas plataformas ronda los COP 240.000— permite concluir que la nueva norma tiene un alto potencial de impacto en el bolsillo de los compradores.
Es importante tener en cuenta que este gravamen no es del todo nuevo, pues ya está contemplado en el Estatuto Tributario. Lo que cambia con el decreto de emergencia expedido recientemente por el Gobierno es el monto a partir del cual se aplica el IVA: antes el impuesto regía para compras desde USD 200 en adelante (alrededor de COP 750.000 al cambio actual).
También hay que tener en cuenta que este ajuste no es permanente, ya que fue adoptado mediante un decreto expedido en el marco del estado de emergencia, el cual está sujeto a límites temporales. Además, la medida deberá ser revisada por la Corte Constitucional, que podría declararla inexequible y, en ese caso, dejarla sin efectos.
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