La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme una multa de COP 4.614 millones contra Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta S.A.S. por vender 47 medicamentos por encima de los precios máximos fijados por el Gobierno.
La sanción quedó en firme después de que la SIC resolviera el recurso de apelación presentado por la empresa. La investigación encontró que la compañía, que operaba como mayorista, comercializó los medicamentos por encima de los valores establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM).
Entre los productos involucrados hay medicamentos para enfermedades como epilepsia, diabetes, afecciones cardiovasculares, asma, EPOC y artritis, además de tratamientos para infecciones urinarias y medicamentos utilizados en procedimientos quirúrgicos.
Algunos de los casos muestran diferencias especialmente amplias frente al precio regulado. DEPO-MEDROL, utilizado para tratar la artritis, registró un exceso de 7.001 %. VERAPAMILO, para enfermedades cardiovasculares, llegó a 1.912 %, mientras que TISSEEL, utilizado para controlar sangrados durante cirugías, presentó un exceso de 711 %.
También aparecen ACTILYSE, empleado para disolver coágulos en la sangre, con un exceso de 586 %; BRIVIACT, para el tratamiento de la epilepsia, con 408 %, y MONURIL, utilizado contra infecciones urinarias, con 394 %.
Los porcentajes corresponden a los casos señalados individualmente por la SIC y no significan que los 47 medicamentos hayan sido comercializados con esos mismos niveles de exceso.
La regulación existe para poner un límite al precio que pueden cobrar los distintos actores de la cadena de comercialización de determinados medicamentos. Para la SIC, incumplir esos topes puede terminar trasladando un costo adicional al sistema de salud, que finalmente financia buena parte de los medicamentos consumidos por los pacientes.
La entidad señaló que el control de precios busca proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación terminen siendo asumidos por otros actores de la cadena.
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