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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impartió varias órdenes a Amarilo S.A.S. para proteger a los propietarios del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, en Villavicencio (Meta), después de identificar posibles fallas constructivas que, a juicio de la autoridad, requieren una revisión técnica inmediata.
La actuación comenzó a partir de una denuncia que alertaba sobre presuntos daños estructurales y deterioros en distintos elementos del proyecto. Aunque la actuación no define responsabilidades de fondo, sí obliga a la constructora a evaluar el estado del conjunto y a adoptar acciones preventivas.
Para llegar a esa conclusión, la autoridad recopiló información documental, solicitó información técnica a Amarilo, revisó los planos arquitectónicos y las memorias de cálculo del proyecto, analizó un informe elaborado por los denunciantes y realizó una visita de inspección al conjunto residencial.
Durante esa diligencia, la SIC tomó registros fotográficos y escuchó a representantes de la copropiedad, propietarios e integrantes de la interventoría del proyecto. Con ese material concluyó que existen situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la seguridad de las viviendas entregadas.
Según la entidad, las condiciones identificadas podrían traducirse en riesgos para la salud y la integridad de los residentes, así como de las personas que transitan por el conjunto residencial.
Por esa razón, la Superintendencia ordenó a Amarilo realizar una evaluación técnica y patológica integral para establecer el estado actual de las edificaciones. Ese estudio deberá servir de base para definir el alcance de las intervenciones que sean necesarias.
La constructora también tendrá que elaborar un plan de trabajo con un cronograma detallado de las reparaciones, los tiempos estimados para ejecutarlas y la identificación de cuáles serán asumidas directamente por la empresa, junto con la justificación correspondiente.
Otra de las órdenes consiste en implementar de manera inmediata todas las medidas de prevención que sean necesarias para reducir cualquier riesgo inminente. Entre ellas se incluyen acciones de señalización, aislamiento y protección de las zonas que puedan representar un peligro para residentes o visitantes.
Además, Amarilo deberá entregar a la SIC los resultados de la evaluación técnica, el plan de trabajo y las respuestas que haya dado a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024.
La autoridad también ordenó remitir a la administración del conjunto los informes y resultados de las visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, así como las pólizas vigentes de estabilidad de la obra y la información relacionada con las acciones que se ejecutarán para corregir las situaciones detectadas.
La empresa dispondrá de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la orden administrativa, para iniciar el cumplimiento de las obligaciones impuestas dentro de los plazos definidos por la Superintendencia.
La SIC recordó que contra esta orden administrativa no procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
También advirtió que Amarilo deberá acreditar el cumplimiento de cada una de las medidas ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. En caso de incumplimiento, la compañía podría enfrentar las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.
La actuación de la Superintendencia tiene un alcance preventivo. Su objetivo es verificar que las presuntas fallas sean evaluadas técnicamente y que, de ser necesario, se adopten las medidas correctivas para proteger a los propietarios del conjunto residencial mientras continúan las actuaciones correspondientes.
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