SIC sancionó a Claro por impedir a los usuarios terminar su contrato
La firma deberá pagar más de $983 millones por omitir y dilatar más de 3.400 solicitudes dentro del término permitido por ley.
La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a Claro (Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.) una multa de $983 millones (1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes) por no dar cumplimiento a las solicitudes de terminación de contratos en el término establecido por la ley.
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La entidad, que abrió la investigación tras recibir 33 quejas relacionadas, dijo que el operador de telecomunicaciones vulneró el derecho de libre elección de sus usuarios para terminar su contrato.
En total, la Supercomercio encontró que la empresa no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. “Claro omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, se exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato, e incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes”, señala el comunicado.
Además, la empresa remitió a la SIC información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios respecto a este tema luego de que la entidad hiciera una serie de requerimientos en el marco de la investigación. Claro le dijo a la Supercomercio que durante el primer semestre del año 2018 recibió un total de 4.611 quejas relacionadas con la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago en los servicios móviles. Sin embargo, al Ministerio TIC le reportó 28.060 casos durante el mismo periodo.
Tras conocerse la decisión, Claro emitió un comunicado asegurando que no ha sido notificada formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia y que no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción. “En cuanto conozcamos la resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, dijeron.
La entidad aclaró que contra su decisión proceden los recursos de reposición y apelación.
La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a Claro (Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.) una multa de $983 millones (1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes) por no dar cumplimiento a las solicitudes de terminación de contratos en el término establecido por la ley.
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La entidad, que abrió la investigación tras recibir 33 quejas relacionadas, dijo que el operador de telecomunicaciones vulneró el derecho de libre elección de sus usuarios para terminar su contrato.
En total, la Supercomercio encontró que la empresa no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. “Claro omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, se exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato, e incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes”, señala el comunicado.
Además, la empresa remitió a la SIC información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios respecto a este tema luego de que la entidad hiciera una serie de requerimientos en el marco de la investigación. Claro le dijo a la Supercomercio que durante el primer semestre del año 2018 recibió un total de 4.611 quejas relacionadas con la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago en los servicios móviles. Sin embargo, al Ministerio TIC le reportó 28.060 casos durante el mismo periodo.
Tras conocerse la decisión, Claro emitió un comunicado asegurando que no ha sido notificada formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia y que no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción. “En cuanto conozcamos la resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, dijeron.
La entidad aclaró que contra su decisión proceden los recursos de reposición y apelación.