Sin leche ni combustibles: bloqueos en Boyacá revelan fracturas productivas

Los campesinos, especialmente paperos, denuncian pérdidas de hasta $15 millones por hectárea y el abandono estatal.

Foto: David Campuzano

Los bloqueos en el corazón del país miden el pulso entre el Gobierno y los manifestantes. Pero, de fondo, son la hemorragia económica que amenaza con desestabilizar sectores clave de la producción nacional.

El paro minero y agrícola, que comenzó con reclamos localizados en Boyacá, escaló esta semana a una crisis de movilidad que no solo afecta a Cundinamarca, sino a regiones tan distantes como la Orinoquía o el Caribe.

Miles de campesinos, pequeños mineros y agricultores piden soluciones a una transición energética desigual, a precios ruinosos, y a un Estado que, según ellos, no ha cumplido la palabra.

Hoy, miércoles 6 de agosto, el Gobierno reinstalará la mesa de negociación en un ambiente tenso, tras ausencias ministeriales, desencuentros previos y una agenda recargada: un cambio de ministra (sale Lena Estrada de Minambiente y regresa Irene Vélez); parameros que exigen reglas claras para su permanencia en los páramos; los mineros, condiciones de reconversión productiva; y los paperos, un salvavidas ante pérdidas de hasta $15 millones por hectárea.

En el centro del tablero está la papa, cultivo que absorbió buena parte de la mano de obra desplazada de la minería, y que ahora naufraga en la sobreoferta, tal como le pasó a los arroceros.

La protesta no es solo una, sino tres crisis superpuestas en un mismo territorio.

En la práctica, el paro ha hecho visible la fragilidad en la cadena lechera, el comercio ganadero, el abastecimiento de combustibles, la exportación de banano y la recolección de soya.

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Las voces del sector productivo

Cadena láctea y ganadería

Desde la industria láctea, el llamado es urgente, tras más de 500.000 litros de leche están represados en camiones y tanques de acopio en Boyacá, uno de los nodos lecheros del país. Si los bloqueos continúan, esa leche, altamente perecedera, corre el riesgo de perderse, afectando no solo la nutrición de millones de hogares, sino también los ingresos de miles de familias campesinas.

Un efecto dominó que propaga la parálisis a toda la cadena agrícola, desde el campo hasta la mesa.

“Boyacá acopia cerca de 700.000 litros de leche cruda al día. Si la industria procesadora formal no puede recoger y transformar esta producción, deberá consumir sus reservas o buscar otras fuentes de abastecimiento, con graves consecuencias para la economía local, la cadena láctea y el consumidor final”, señala Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.

Según el gremio, los tanques de enfriamiento ya llegaron al tope, y los camiones recolectores no han podido trasladar el producto a las plantas procesadoras de Cundinamarca y otras regiones. En paralelo, el transporte de leche ya procesada también está detenido, lo que eleva el riesgo de desabastecimiento en puntos de venta y obliga a la industria a depender de reservas o a buscar fuentes externas de abastecimiento.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) subrayó que los bloqueos viales que protagonizan campesinos y mineros en Boyacá y Cundinamarca ya están costando caro al sector ganadero del país. Las estimaciones del gremio apuntan a $1.000 millones diarios en pérdidas, en buena parte por la imposibilidad de comercializar y transformar más de 500.000 litros de leche.

“Los ganaderos comprendemos la situación en que se encuentran tanto los mineros como los agricultores de Boyacá y pedimos al gobierno nacional que brinde soluciones urgentes que permitan contrarrestar el impacto económico para otros sectores como el ganadero”, dijo José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo del gremio.

Boyacá es acopiador, pero Cundinamarca es transformador. Esa interdependencia explica por qué la leche está quedando represada en tanques rurales sin poder llegar a las plantas. Según Óscar Cubillos, director de Estudios Económicos de Fedegán, si esta parálisis se extiende, “habrá un aumento de precios para el consumidor final” por desabastecimiento.

El impacto directo toca al menos 35 municipios, donde el ordeño diario alcanza cifras significativas: 77.000 litros en Chiquinquirá, 44.500 en San Miguel de Sema, 42.000 en Saboyá, 40.500 en Paipa y 35.300 en Ventaquemada. En Cundinamarca, el golpe más fuerte lo recibe Ubaté, el mayor productor de leche del departamento.

Energía y movilidad

Los combustibles en riesgo de desabastecimiento en dos días. El bloqueo de los corredores entre Boyacá y Cundinamarca comenzó a asfixiar el suministro. Las estaciones de servicio del departamento reportan niveles críticos de inventario, con proyecciones que apuntan a un agotamiento total en no más de dos días.

Así lo advirtieron en un comunicado conjunto Esocol, gremio regional de estaciones de servicio, y Comce, confederación nacional del sector de combustibles.

Ambas asociaciones respaldan las demandas de las comunidades movilizadas, pero subrayan el riesgo inminente de parálisis regional si no se permite el paso de vehículos esenciales.

“Los bloqueos viales están generando sobre la economía regional, afectando de manera directa los sectores agrícola, industrial, comercial, y especialmente a las Estaciones de Servicio, muchas de las cuales ya presentan un desabastecimiento crítico de combustible”, señala el comunicado. “El sostenimiento de su operación es clave para evitar un mayor impacto social y económico en el departamento y en la región”.

Para el transporte de intermunicipal, la crisis de bloqueos ya desbordó los límites operativos. La ruta Bogotá-Tunja-Sogamoso, arteria del centro del país, permanece cerrada con más del 98 % de los despachos suspendidos, una situación que ha dejado 130.000 pasajeros varados y pérdidas estimadas en $1.800 millones, según la Aditt, que agrupa a los empresarios del sector de pasajeros.

La situación golpea, además, los corredores hacia la frontera con Venezuela, como Arauca, Norte de Santander, La Guajira y el oriente de la Costa Atlántica, rutas vitales para el comercio, la conectividad regional y la movilidad interdepartamental.

“Desde el sector transportador hacemos un llamado a la sensatez, al diálogo y a la búsqueda de salidas pacíficas e inmediatas que permitan superar esta difícil coyuntura sin afectar más a la ciudadanía”, comunicó la Aditt.

Minería formal y conflictos jurídicos

La minería brilla en las tensiones. En medio de los bloqueos y la tensión social que paralizan a Boyacá y Cundinamarca, la empresa Coscuez S.A., filial en Colombia de Fura Gems, decidió pronunciarse públicamente sobre la creciente presión política que rodea su operación minera en San Pablo de Borbur.

La compañía, que opera legalmente bajo un título minero en esa zona del occidente de Boyacá, rechazó con firmeza los llamados a ceder parte de su concesión como salida al conflicto con comunidades locales. Según Coscuez, esos planteamientos, promovidos incluso desde autoridades departamentales como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, “crean expectativas erróneas en las comunidades y ponen en riesgo la seguridad jurídica de todos los actores del sector”.

En un comunicado oficial, la empresa subrayó que los títulos mineros “no puede ser objeto de presión, cesión forzada ni negociación política”, y recordó que cualquier cambio debe tramitarse a través de la Agencia Nacional de Minería, con base en el Código de Minas.

Coscuez denunció amenazas, hostigamientos y bloqueos ilegales desde el 30 de julio. Añadió que su perfil no es canadiense, sino de un grupo global con sede en Dubái. Y explicó que cumple con el pago total de las regalías y las obligaciones fiscales que corresponde.

La tensión no es exclusiva del altiplano. Desde las montañas de Boyacá hasta los cultivos del Magdalena, el patrón se repite: carreteras bloqueadas, despachos cancelados, cosechas en riesgo.

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Banano y cereales, otras víctimas del colapso logístico

Bananeros en cuerda floja

En el Caribe colombiano, las consecuencias no son menores. El sector bananero, una de las columnas vertebrales del Magdalena y La Guajira, ya acumula 32 bloqueos viales en lo que va del año. Así lo advirtió la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), que lanzó una alerta sobre el impacto acumulado de las interrupciones logísticas en la región.

Cada cierre, explica el gremio, deja más de 1.000 contenedores represados, muchos de ellos con destino a mercados internacionales. La cadena de exportación se congela, los despachos se incumplen y la credibilidad comercial se deteriora.

“Esta frecuencia está poniendo en riesgo la estabilidad logística del Caribe colombiano”, alertó Asbama. Más de 19.000 empleos directos dependen de la cadena productiva del banano, cuyos camiones transitan semanalmente por las vías del Magdalena. Su paralización compromete no solo la exportación, sino el sustento diario de miles de familias.

Condiciones críticas para los cereales

En la otra esquina del país, lejos de Boyacá y Cundinamarca, la soya también enfrenta su propio bloqueo.

Arnulfo Trujillo, gerente general de Fenalce, advirtió que más de 50.000 toneladas de soya están en riesgo por el mal estado de la vía nacional entre Puerto Gaitán (Meta) y El Viento (Vichada). Este corredor, vital para sacar la cosecha de más de 20.000 hectáreas sembradas, se encuentra hoy en condiciones críticas, justo cuando arranca la recolección.

Sin pavimento y con lluvias, la vía es una trocha intransitable: cualquier camioneta y tractomula queda atascada o volcada.

Fenalce estima que más de 1.500 tractomulas deberían circular por esa ruta para abastecer el centro del país, pero los taponamientos, la ineficiencia de la maquinaria estatal y el aumento de 8,6 % en las lluvias en lo corrido del año han encendido las alarmas.

El problema no es solo el sobrecosto, sino las afectaciones a la calidad del grano, caídas en rentabilidad y riesgos para la seguridad alimentaria.

La protesta que estalló en Boyacá se ha convertido en un espejo del sistema productivo del país. Antes fue con los arroceros y paperos. Y a nada se estuvo en mayo de una protesta del sector de transporte de carga. Un sistema que depende de carreteras transitables, condiciones mínimas de orden público y un Estado capaz de coordinar soluciones estructurales.

Más allá de cuánto se pierde, es cuántos sectores se romperán si la parálisis se normaliza.

Sobre el diálogo de hoy pesa la necesidad de las promesas pendientes. Si no se toman decisiones, el país corre el riesgo de que cultivar cosechas en crisis, y protestas en colapsos.

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