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Este martes las centrales obreras y de pensionados Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC)— demandaron ante el Consejo de Estado el decreto y le solicitaron al alto tribunal la nulidad del mismo, por considerar que el Ejecutivo no tuvo en cuenta todas las variables económicas, como inflación real y productividad, para fijar el aumento del salario mínimo.
“Además, el Gobierno Nacional incumplió con las competencias que le da la ley: si las negociaciones se rompen, él es el que debe buscar a como dé lugar que las partes regresen a la mesa y haya concertación. Y luego fijó el incremento de 7,7%, que no llega ni a los $500 mil, cuando la canasta familiar para una familia de cinco personas del estrato más bajo cuesta $985 mil”, asegura Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT.
Pero las centrales obreras no pondrán todos los huevos en la misma canasta y anunciaron que en los próximos días viajarán a EE.UU., donde se reunirán con congresistas demócratas, a quienes les contarán las supuestas violaciones del gobierno Uribe a derechos de los trabajadores, tales como el de libre asociación, representación sindical y de negociación colectiva, y los incumplimientos de convenios internacionales que el país ha suscrito en el pasado.
Las quejas de los trabajadores ya comienzan a preocupar al Gobierno, pues sin duda alguna serán un obstáculo más para la aprobación del TLC en el Congreso de EE.UU., de mayoría demócrata, que ha exigido la protección sindical y laboral como requisito indispensable para darle vía libre al acuerdo comercial.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, reiteró que el decreto cumplió con los requisitos de ley, porque “el aumento se hizo de acuerdo con la inflación causada en 2008, tal como está establecido”, y consideró que es difícil que la demanda se defina a favor de las centrales obreras.