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Hace casi 10 años los países miembros de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT adoptaron conjuntamente el convenio 189 que regula el trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas. Aun así, hoy los avances en ese propósito son mínimos, pues la vulneración de sus derechos laborales sigue siendo evidente.
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Así lo revela un estudio de la Fundación Bien Humano y la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico (Utrasd) en el marco del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo que se ocupó de evaluar cuatro aspectos claves: condiciones laborales, condiciones de justicia, derechos políticos y efectos de la pandemia por COVID-19.
La investigación, realizada en Bogotá, Medellín, Cartagena y Apartadó, deja ver que 96 % de las personas que ejercen el trabajo doméstico son mujeres y tienen en promedio entre 40 y 45 años; además, 90 % de las trabajadoras domésticas vive en estratos 1 y 2 y 89 % son madres de familia.
Respecto a su trabajo, la mayoría de las trabajadoras domésticas gana mensualmente, en promedio, $600.000, 30 % menos de un salario mínimo, con la complejidad de que el 40 % de las veces trabajan por días y en promedio las jornadas laborales son de 10 horas. Los estratos 4 y 5 concentran el 52 % de la contratación del empleo doméstico, la cual se hace principalmente de manera verbal (88 %).
Respecto a la vulneración de los derechos humanos y laborales, la investigación concluye que la tendencia evidencia que el panorama sigue siendo negativo, aunque lograron estimarse algunos leves avances, como que en ciudades como Bogotá y Medellín hay una tendencia al alza de la suscripción de contratos escritos o que cada vez es más frecuente el pago de subsidio de transporte (80 % de las trabajadoras afirma recibirlo).
Sin embargo, el 99 % de las trabajadoras domésticas no recibe pago de horas extras, solo 1 de cada 4 se encuentra afiliada a salud por régimen contributivo, solo 18 % se encuentra afiliada a riesgos profesionales a pesar de la elevada accidentalidad laboral, 2 de cada 3 no recibe vacaciones pagas al año y 1 de cada 3 ha sido despedida sin recibir el pago de indemnización o liquidación. Otro hecho de alarma es que 1 de cada 6 trabajadoras reportaron ser víctimas de violencia (física, sicológica o sexual) en su lugar de trabajo.
La pandemia complicó la situación. La mitad de las trabajadoras perdió su empleo y de las que trabajan solo 50 % recibió una dotación de elementos de bioseguridad. El estudio también advierte que continúa sin implementarse el protocolo de inspección concertado con el Ministerio del Trabajo.
El documento concluye con una serie de recomendaciones a los diferentes actores de la sociedad y acciones puntuales de política pública, entre las que figuran: implementar un sistema nacional de información y registro de los empleadores y empleadoras del trabajo doméstico, promover incentivos tributarios por formalización, reclasificar los riesgos laborales asociados al trabajo doméstico, construir líneas de base del estado de sus derechos humanos y laborales en ciudades medianas y pequeñas, implementar medidas de emergencia que atiendan la precarización del trabajo doméstico por efecto de la pandemia y fortalecer los mecanismos para el trámite de denuncias.
Finalmente, el ejercicio deja ver la importancia de garantizar una evaluación de la mesa tripartita de seguimiento al Convenio 189 en común acuerdo entre el gobierno, las trabajadoras domésticas y los empleadores para que lo pactado sea una realidad.
