Son cuatro los discos duros perdidos en la Agencia Nacional Hidrocarburos

 

Pero este escándalo subió de tono cuando se supo que los discos duros contenían datos de dos de los diez hallazgos petroleros más importantes hechos en América Latina durante 2014: Guajira off shore 1, en el mar Caribe, y Llanos 23, ubicada en la cuenca de los Llanos, ambos con gran prospectividad.

 

Y lo que se ha sabido es poco, como que la información contenida en los discos duros no tendría validez en el mercado o que existen otras copias y no hay mucho de qué preocuparse. Pero el caso va más allá. El Espectador conoció en detalle cómo va la investigación judicial. Por ejemplo, los investigadores ya saben que los que se perdieron no son dos, sino cuatro discos duros; o que el valor de los estudios sísmicos relacionados en los discos sería de US$20 millones y no US$17 millones, como afirmó González. 

 

Y un agravante más: ni siquiera se ha podido establecer si los discos fueron cambiados dentro de la entidad o, incluso, si fueron entregados unos aparentemente vacíos, pero que supuestamente contenían la privilegiada información.

 

La sorpresa que se llevó la Fiscalía cuando adelantó la diligencia de inspección a la sede de la ANH, solicitada por el ministro González, fue que el espacio en el que estaban los servidores era una oficina a la que tenían acceso muchas personas.

El funcionamiento de esa dependencia es más o menos la siguiente: una persona, contratada por una empresa ajena a la ANH, recibe un disco duro, que no verifica, no sabe qué contiene, se basa en los rótulos. En un sistema se genera una alerta que da constancia de que el material fue recibido. Posteriormente, dan la orden de llevarlo a una oficina ubicada a unos 30 metros para subirlo al servidor de la entidad.

 

En la verificación que se hizo a las grabaciones de las cámaras de seguridad no se halló nada. La ubicación del circuito no permitía ver lo que sucedía en esas oficinas y, además, en algunos puntos presentaba fallas. Algo muy común en situaciones de robos planeados. Esto implica que el material contenido en los discos extraviados debe ser reconstruido a partir de lo que quedó registrado en otros pisos de la entidad y atar cabos con quienes circularon por aquella zona.

 

La investigación que adelanta la Fiscalía, conocida por El Espectador, arroja unas hipótesis preliminares por el poco tiempo que ha pasado. Una de ellas es que la información habría sido robada para luego venderla a Nicaragua, país con el que Colombia aún tiene roces por los límites marítimos fijados mediante el fallo de La Haya, para exploración en el mar Caribe, donde empresas norteamericanas han mostrado interés por realizar actividades petroleras.

 

Otra es que fue suministrada a algunas petroleras interesadas en tener información privilegiada para apostarles a bloques colindantes con el Guajira off shore 1 y Llanos 23. Los delitos que podrían imputarse por estos hechos irían desde hurto calificado y agravado hasta otros que atentan contra la seguridad del Estado. Además, se tendrá que definir si la pérdida de los cuatro discos duros causa una afectación patrimonial, que es lo más posible. Este caso les está sacando canas a los investigados de la Fiscalía por la complejidad y el nivel técnico que requiere para ser atendido. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que se trata de un “negocio de grandes ligas”. 

 

 

oguesguan@elespectador.com

 

 

Pero este escándalo subió de tono cuando se supo que los discos duros contenían datos de dos de los diez hallazgos petroleros más importantes hechos en América Latina durante 2014: Guajira off shore 1, en el mar Caribe, y Llanos 23, ubicada en la cuenca de los Llanos, ambos con gran prospectividad.

 

Y lo que se ha sabido es poco, como que la información contenida en los discos duros no tendría validez en el mercado o que existen otras copias y no hay mucho de qué preocuparse. Pero el caso va más allá. El Espectador conoció en detalle cómo va la investigación judicial. Por ejemplo, los investigadores ya saben que los que se perdieron no son dos, sino cuatro discos duros; o que el valor de los estudios sísmicos relacionados en los discos sería de US$20 millones y no US$17 millones, como afirmó González. 

 

Y un agravante más: ni siquiera se ha podido establecer si los discos fueron cambiados dentro de la entidad o, incluso, si fueron entregados unos aparentemente vacíos, pero que supuestamente contenían la privilegiada información.

 

La sorpresa que se llevó la Fiscalía cuando adelantó la diligencia de inspección a la sede de la ANH, solicitada por el ministro González, fue que el espacio en el que estaban los servidores era una oficina a la que tenían acceso muchas personas.

El funcionamiento de esa dependencia es más o menos la siguiente: una persona, contratada por una empresa ajena a la ANH, recibe un disco duro, que no verifica, no sabe qué contiene, se basa en los rótulos. En un sistema se genera una alerta que da constancia de que el material fue recibido. Posteriormente, dan la orden de llevarlo a una oficina ubicada a unos 30 metros para subirlo al servidor de la entidad.

 

En la verificación que se hizo a las grabaciones de las cámaras de seguridad no se halló nada. La ubicación del circuito no permitía ver lo que sucedía en esas oficinas y, además, en algunos puntos presentaba fallas. Algo muy común en situaciones de robos planeados. Esto implica que el material contenido en los discos extraviados debe ser reconstruido a partir de lo que quedó registrado en otros pisos de la entidad y atar cabos con quienes circularon por aquella zona.

 

La investigación que adelanta la Fiscalía, conocida por El Espectador, arroja unas hipótesis preliminares por el poco tiempo que ha pasado. Una de ellas es que la información habría sido robada para luego venderla a Nicaragua, país con el que Colombia aún tiene roces por los límites marítimos fijados mediante el fallo de La Haya, para exploración en el mar Caribe, donde empresas norteamericanas han mostrado interés por realizar actividades petroleras.

 

Otra es que fue suministrada a algunas petroleras interesadas en tener información privilegiada para apostarles a bloques colindantes con el Guajira off shore 1 y Llanos 23. Los delitos que podrían imputarse por estos hechos irían desde hurto calificado y agravado hasta otros que atentan contra la seguridad del Estado. Además, se tendrá que definir si la pérdida de los cuatro discos duros causa una afectación patrimonial, que es lo más posible. Este caso les está sacando canas a los investigados de la Fiscalía por la complejidad y el nivel técnico que requiere para ser atendido. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que se trata de un “negocio de grandes ligas”. 

 

 

oguesguan@elespectador.com