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Una vez más el proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión quedó en suspenso. En esta ocasión, por orden de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, al admitir una demanda en contra de la apertura y del pliego de condiciones de la licitación pública, expedido por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) para entregar del tercer canal, concluyó que el mecanismo de subasta con un solo proponente viola abiertamente lo dispuesto en la ley.
En respuesta a una acción pública de nulidad presentada por el ciudadano Jaime Jaramillo, el Consejo de Estado precisó que desde octubre de 2009 la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma corporación, al resolver inquietudes formuladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya había advertido que adelantar la licitación con un solo oferente equivalía a perder espacios de negociación y limitar las posibilidades del Estado.
Y resaltó el organismo que si bien la Sala de Consulta consideró viable la realización de la subasta, máxime cuando la concesión del nuevo canal de televisión no corresponde a un procedimiento de selección contractual, también fue claro en advertir que la administración se vería restringida a la oferta de un solo participante, que, al no tener oponentes, podría ajustar su propuesta a los mínimos requerimientos de la CNTV en la apertura y el pliego de condiciones.
Con estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo, concluyó que si la entidad pública, es decir la CNTV, opta por la aplicación de la subasta como mecanismo de selección, también es claro que tiene que sujetarse a las disposiciones que regulan esta figura. En otras palabras, dada la naturaleza del tema se exige que exista una pluralidad de oferentes a la hora de tomar decisiones sobre el tercer canal privado.
Y agregó el organismo que esta tesis cobra mayor sustento si se tiene en cuenta que uno de los fines de la subasta es precisamente maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, un objetivo que no se lograría en el caso de que participara un solo oferente. Así, solo se desnaturalizaría la subasta como mecanismo de adjudicación.
Con un único participante en el proceso para la adjudicación del tercer canal, es claro que sólo existiría una propuesta económica, “la cual obviamente no podría competir ni menos pujar con sí misma”, añade la decisión. En estas condiciones, como quiera que la CNTV optó por la subasta, el pliego de condiciones en que está sustentada su fórmula contraría abiertamente la ley y por eso el Consejo de Estado decretó sus suspensión provisional.
Lo que viene ahora es que los opositores a la suspensión provisional, entre los cuales seguramente estarán los abogados de Canal 3 Televisión de Colombia S.A. (propuesta del Grupo Planeta), podrán presentar los recursos de ley contra la medida. Asimismo, como está regulado en este tipo de litigios, y por tratarse de una acción pública, el demandante Jaime Jaramillo podrá participar en el debate al reconocersele personería jurídica.
La decisión del Consejo de Estado paraliza un proceso que estaba a punto de concluir. De hecho, la audiencia de adjudicación del tercer canal privado de televisión debía realizarse este martes 27 de julio. Escasamente bastaba resolver un incidente presentado por la empresa Programar por un lío aparte que mantiene con su socio RTI, pero se habían sorteado favorablemente para el proceso cuatro acciones judiciales más.
Una acción popular que no prosperó en el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Judicial, una acción de tutela invocada por el periodista Felipe Zuleta en la Sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca, una más en la Sección Primera de la misma corporación, y un recurso más con el que el ex comisionado Alberto Guzmán pretendía cuestionar la conclusión de su período en la CNTV.
Las reacciones a la decisión del Consejo de Estado no se hicieron esperar. El abogado del Grupo Pacsa (propuesta de Prisa), Sergio Michelsen, observó que no fue más que un fallo anunciado, pues ya se tenía el antecedente del concepto, en el mismo sentido, de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Michelsen reclamó una nueva licitación haciendo un “alto serio en el camino” para desarrollar un proceso ajustado a la ley y a la justicia.
A su vez, el abogado del grupo Cisneros, Diego Muñoz, resaltó la decisión como un respeto a la ley, y manifestó que con el fallo del Consejo de Estado se defiende el principio de la defensa del patrimonio público, de la prevalencia del interés general sobre el interés particular y de la libre competencia. Muñoz argumentó que con un proceso transparente se puede garantizar hacia futuro la adjudicación del tercer canal en óptimas condiciones.
RTI y Canal 3 anuncian demanda
RTI y la Sociedad Canal 3 Televisión de Colombia S. A., en comunicado a la opinión pública divulgado el jueves por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), retomando una publicación del diario ‘El Tiempo’, hizo saber que presentará denuncia ante la Fiscalía por las declaraciones del representante legal de la firma Programar, Felipe Madriñán. Éste asegura que fue cambiada la fecha de un documento que lleva su firma y que, con la vocería de Programar, formalizaba la decisión de renunciar a sus espacios en el Canal Uno para facilitar a —su socio en estos espacios— presentarse como aliado del único proponente del tercer canal. RTI y Canal 3 sostienen que no es cierto y que tienen pruebas de que Madriñán firmó la renuncia voluntariamente. En carta a la CNTV Madriñán se ratificó en que ni RTI ni Canal 3 ni la Comisión puede usurpar su voz.