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El Gobierno sigue en la senda para reducir el déficit que se presenta en el Fondo Para la Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC). Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía informó que el Gobierno expidió el Decreto 1428 de 2025 mediante el cual se focaliza este subsidio.
Para entender mejor la razón de este ajuste, hay que recordar que el FEPC se creó en 2008 para proteger a los colombianos de las variaciones en los precios influenciadas por el mercado internacional. Si el petróleo subía, el fondo entraba en acción y el Estado cubría ese excedente, haciendo que la gasolina y el diésel se mantuvieran estables.
El problema es que, con el paso de los años, esto se convirtió en un hueco importante para las finanzas del Estado (al cierre de 2024 el Gobierno logró cancelar COP 57,3 billones correspondiente a deudas que se arrastraban desde 2022), lo que lo convirtió en insostenible.
Para aliviar esa carga fiscal, desde el mandato de Gustavo Petro se ha empleado una serie de acciones, las cuales comenzaron con la reducción paulatina del subsidio a la gasolina (el cual ya se cerró por completo).
Se intentó implementar lo mismo con el diésel, pero el problema es que de este combustible dependen sectores estratégicos para la economía colombiana, como lo es el gremio de los transportadores, quienes alertaron (incluso con un paro de por medio) que elevar el precio de ese combustible se traduciría no solo en una amenaza para sus negocios, sino en una presión inflacionaria para los principales productos de la canasta básica familiar.
Es por lo anterior que el Gobierno resolvió aplicar un diferencial en este subsidio, pues considera que no tiene sentido que vehículos particulares, diplomáticos y oficiales se sigan beneficiando del mismo.
Con este ajuste, se empezará a corregir el precio del diésel para los mencionados vehículos, pero el beneficio se mantendrá para el transporte de carga y pasajeros.
“Con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos”, informó el Ministerio de Energía.
Como detalló el ministro Edwin Palma, con esta medida se busca mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.
También se precisó que la implementación de los nuevos precios se hará de forma gradual, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.
“No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”, concluyó Palma.
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