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Una nueva estrategia de lucha contra la corrupción y el delito de soborno internacional puso en marcha la Superintendencia de Socidades y se la presentó a delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aprovechando que Colombia acaba de ser aceptado como un de los integrantes de ese ese organismo.
Se trata de ver los avances que ha tenido el país para prevenir, detectar y sancionar conductas ilícitas en las que puedan incurrir compañías domiciliadas en Colombia, que tengan negocios en el exterior, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
“En múltiples sesiones del grupo de trabajo sobre soborno transnacional, llevadas a cabo en la OCDE, la Superintendencia atendió las inquietudes de ese organismo, en torno los instrumentos con que cuenta para identificar, perseguir y sancionar conductas ilícitas relacionadas con la corrupción empresarial, de modo que el País se sintonizó con los estándares impuestos por ese organismo”, explicó el superintendente Reyes Villamizar, en un comunicado de prensa.
El informe indica que la entidad ha incorporado avances tecnológicos y normativos en esta materia, como la consolidación del laboratorio forense. Igualmente, ha implementado la ley 1778 de 2016, que otorga amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para ejercer sus labores, relacionadas con estos asuntos.
La Superintendencia cuenta con la facultad de aplicar sanciones a "cualquier persona jurídica, que por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, dé, ofrezca, o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones", precisó el funcionario. Las sanciones por estas conductas, fueron establecidas en multas que pueden superar los US$50 millones.
En la misma ley “antisoborno”, se le asignaron a la Superintendencia atribuciones relativas a la prevención de esta clase de conductas. La entidad de control ha recordado que les ha exigido a más de 500 compañías que supervisa, la adopción de programas de ética empresarial para crear conciencia acerca de la gravedad de estas conductas y para facilitar la detección temprana de prácticas que, además de atentar contra el orden público, pueden destruir la reputación de las corporaciones.
Por Redacción Económia
