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En 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió 419 nuevas demandas de conflictos entre socios empresariales. Esta cifra es mayor a las 320 que se registraron en 2020, pero inferior a las 462 consolidadas en 2019. En suma, hasta este tipo de procesos se están reactivando luego de lo que ha sido la temporada más compleja de la pandemia.
No obstante, el balance presentado por la superintendencia en esta materia es positivo, pues se ha logrado reducir el tiempo promedio en el que tarda en dictarse una sentencia.
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Según lo explicado por el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, en los últimos años se ha logrado pasar de un tiempo promedio de resolución de casos de un año, a ocho meses. “Esto contribuye a que las sociedades puedan solucionar sus conflictos con mayor prontitud, en beneficio del desarrollo de sus actividades”, dijo.
El histórico de los últimos nueve años muestra que en 2013 se recibieron 181 denuncias relacionadas a conflictos societarios, con un tiempo promedio de resolución de 6,5 meses. Este ha sido el punto más bajo. El más alto fue en 2016, cuando se recibieron 411 denuncias, las cuales tardaron en resolverse unos 13,7 meses, en promedio. Puntualmente, en 2021 se registraron 419 denuncias, las cuales tuvieron que esperar 8,1 meses para obtener una sentencia.
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“A pesar del crecimiento del número de demandas, en 2021 la Delegatura logró la definición de 107 procesos con sentencias, y la terminación de 312 procesos a través de otros mecanismos (conciliación, desistimiento, o por el mecanismo de excepción, o la pérdida de competencia, rechazo, retiro o transacción de los mismos). De esta forma el 2022 inicia con un saldo de 225 procesos en trámite ante la Entidad”, precisó la superintendencia.
Estos fueron los asuntos más demandados ante la superintendencia:
- Abuso del derecho de voto
- Responsabilidad de los administradores
- Resolución de conflictos societarios
- Desestimación de la personalidad jurídica
- Designación de peritos
- Discrepancias sobre el acaecimiento de casuales de disolución
- Ejecución específica de acuerdos de accionistas
- Impugnación de decisiones sociales
- Reconocimiento de presupuestos de ineficacia
- Responsabilidad de socios y liquidadores
- Oposición a la reactivación
