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La Superintendencia de Sociedades abrió el proceso de intervención y tomó posesión de los bienes, negocios y patrimonio de la sociedad Real Business S.A.S. y de sus responsables, María Camila Morales y Andryun Ríos Góez.
Según las cifras oficiales, se captaron ilegalmente por lo menos $11.903 millones. La sociedad recibió recursos de más de 4.740 personas, con supuestas inversiones que iban desde $100.000 hasta $50 millones.
Los captadores ofrecían el retorno de la inversión más rentabilidades fijas de entre el 3 % y el 9 % , en 12 meses; según la Supersociedades sin tener explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios. Cuando la inversión era superior a $10 millones se presentaba a través de un contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial.
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El esquema funcionaba por redes sociales como Instagram, correo electrónico y también con voz a voz. Tenía como fachada el apoyo de emprendimientos, con énfasis en el empoderamiento de la mujer y la promesa de invertir los recursos captados en operaciones de trading e inversiones en activos financieros o en criptoactivos.
La Superintendencia Financiera afirma que ni Real Business S.A.S. ni sus responsables tenían autorización para administrar fondos de inversión colectiva, tampoco existe evidencia de que hayan invertido el dinero que recibieron.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas”, manifestó el Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González.
El proceso se inició por la remisión de la actuación administrativa por parte de la Superintendencia Financiera, quien ordenó la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público; la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y la remisión a la Supersociedades para la intervención. El expediente también fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio.
La intervención, en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, tiene dos objetivos fundamentales: suspender de manera inmediata las operaciones y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.
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