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La Superintendencia de Sociedades confirmó las multas impuestas a cuatro administradores de la sociedad Autofinanciera S.A. -Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial (Sapac)- por 350 millones de pesos.
Dice el informe que las multas fueron para Marco Antonio Peixoto y Fernando Alarcón en su calidad de representantes legales por 120,9 millones de pesos para cada uno; Óscar Pinto Zárate, como representante legal suplente 79,89 millones de pesoa y Clara Elisa Cervantes, en calidad de revisora con 29,64 millones de pesos.
La investigación fue motivada por la queja de un grupo de suscriptores por presuntas irregularidades en el funcionamiento de los planes de financiación ofrecidos, denominados “Multiplan, Transporplan y PLBO”.
El primer cargo formulado a los representantes de la sociedad Autofinanciera S.A. fue extralimitación del objeto social exclusivo, en la que incurrió con la entrega de dinero a los suscriptores, además de un plan de préstamos para la adquisición de vivienda, dice el informe de prensa de la entidad de control.
Precisa el comunicado que se evidenció conflicto de intereses en la operación por medio de la cual se otorgó un crédito a la firma Serven Ltda. El socio mayoritario, Marco Antonio Peixioto, y su gerente, Óscar Pinto Zárate, son representantes legal y suplente de Autofinanciera.
Otro hecho tiene que ver con la negativa de hacer la devolución de las cuotas no reclamadas por los suscriptores que se han retirado del grupo y que al 31 de julio de 2015 ascendían a más de 1.300 millones de pesos.
La superintendencia recuerda que la norma dice que los grupos deben estar conformados por planes que entre sí no difieran en su valor en más de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que para 2014 era de 19.330.500 pesos. Ese límite fue obviado por la sociedad.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, recordó que la resolución que reglamenta el sistema de autofinanciamiento comercial establece que “no está permitida la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos a los suscriptores, ni la colocación de planes para la adquisición de vivienda”.
Por Redacción Economía
