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Imputan cargos a primeros capturados por el escándalo del MinTIC
Inicia la judicialización del contratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y el agente de seguros Juan José Laverde. Los primeros en ser vinculados a un proceso penal por el contrato que pretendía llevar conectividad a las escuelas rurales.
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6 Nov 2020 - 11:04 p. m.

Supertransporte imputa cargos contra Didi, Beat, Cabify y Fory

La investigación está relacionada con el presunto uso de herramientas o plataformas para la prestación de transporte ilegal. En caso de ser encontradas culpables cada empresa podría recibir una sanción de $8.602 millones.

Redacción Economía

Redacción Economía - Negocios

Ante las denuncias relacionadas con el presunto uso de herramientas o plataformas para la prestación de transporte ilegal, la Superintendencia de Transporte imputó cargos contra las empresas Didi, Beat, Cabify y Fory. También hubo denuncias contra Liftit, pero la entidad no encontró mérito para hacer la imputación y archivó la investigación contra esta empresa.

Al respecto, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, aclaró que “la tecnología siempre es un aliado. Con neutralidad hemos revisado cada caso, y por eso se archivó la actuación contra Liftit. Con la misma neutralidad hemos encontrado méritos para imputar cargos a cuatro empresas, cuyas multas podrían superar los $8.000 millones (aproximadamente unos US$2,3 millones) para cada una de las empresas, si se les encuentra responsables de los cargos imputados”.

De esta manera, a Didi, Beat y Cabify se les imputaron cargos por presuntamente:

  • Facilitar la prestación de transporte con vehículos que no tendrían las condiciones técnico mecánicas exigidas, ni contarían con los mantenimientos preventivos y alistamientos diarios exigidos por la ley.
  • Facilitar la prestación de transporte con vehículos que no están homologados ni matriculados para servicio público.
  • Facilitar la prestación de transporte con conductores que no tendrían la licencia de conducción para transporte público, ni las capacitaciones ni los programas de medicina preventiva requeridos.
  • Facilitar la prestación de transporte sin contar con un plan estratégico de seguridad vial.
  • Facilitar la prestación de transporte sin contar con los seguros que cubran los riesgos según las exigencias legales.
  • Facilitar la prestación de transporte por sujetos que no están constituidos ni habilitados de acuerdo con los requisitos legales.
  • Por alterar el servicio público.

“En el caso de Fory, la imputación tiene relación con que presuntamente no suministró información requerida por la Superintendencia de Transporte, sin perjuicio de que continua la averiguación preliminar respecto de otros posibles cargos”, explicó la Supertransporte.

En caso de ser encontradas responsables, cada empresa podría estar sujeta a órdenes administrativas y ser multada hasta con $8.602 millones.

Contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos no procede recurso alguno.

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