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No es poco el dinero que está en juego. A Telecall, una empresa brasileña de telecomunicaciones, se le adjudicó mediante subasta un importante bloque de espectro radioeléctrico, a cambio de pagarle al Estado colombiano COP 318.333 millones.
A esto se suman las obligaciones de hacer, es decir, aportes en especie que debe hacer el operador para avanzar en el cierre de la brecha digital, entre ellas: el despliegue de infraestructura móvil para ampliar cobertura en corredores viales, conectividad mediante fibra óptica para 343 instituciones educativas, expansión progresiva de infraestructura móvil en ciudades capitales y municipios de más de 200.000 habitantes, contribución al fortalecimiento de la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Una vez quedó en firme el permiso otorgado, el Ministerio inició el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador.
En reiteradas ocasiones hemos informado en El Espectador sobre el dolor de cabeza que esto se ha convertido para el Estado, pues Telecall sigue sin cumplir con las obligaciones que, en diciembre 2023, asumió con la nación.
El más sonado tiene que ver con los COP 41.000 millones que, para febrero de 2025, le adeudaba el mencionado operador al Estado correspondientes al primer pago de esos más de COP 318.000 millones.
En su momento, el representante legal de Telecall, Iván Mantilla, le explicó a El Espectador que los ruidos de inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones hicieron que su socio inversionista retirara los fondos de este proyecto, lo que les impidió cumplir con ese pago.
Mantilla también detalló que sin esa fuente inversionista, la empresa se vio presionada a reactivar su búsqueda de capital. No lo encontró antes del plazo y, por eso, incumplió su obligación. No obstante, señaló que le manifestaron su interés al MinTIC de llegar a un acuerdo de cumplimiento, mediante el cual se le permitiera pagar a la nación esos COP 41.000 millones más los intereses de mora causados (lo que para la fecha se traducía en un total de COP 46.000 millones). No obstante, el ministerio no aceptó dicha propuesta porque no se ajustaba con la normativa que había asumido el operador tras la subasta.
Sin embargo, han sido muchos los cuestionamientos que le han llovido al Ministerio de las TIC, pues diversas voces del sector de las telecomunicaciones señalan que el trato que le ha dado a la cartera a Telecall se aleja de lo que dictan las reglas de juego de la subasta.
Algunas fuentes le han señalado a El Espectador que lo que debió haber hecho el ministerio fue retirarle el espectro a Telecall tras el primer incumplimiento. En su lugar, alegando que esto es lo que permite la ley, la cartera ha emitido una sanción al operador (de más de COP 7.000 millones) con la intención de que esta sea pagada, así como las otras obligaciones pendientes, y se avance en el despliegue de la red.
Mediante un comunicado, el ministerio resaltó que “Telecall deberá cumplir la totalidad de las obligaciones adquiridas para ampliar la conectividad, desplegar infraestructura y llevar internet a instituciones educativas rurales del país”.
El ministerio también señaló que las decisiones que han sido adoptadas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la asignación de espectro y asegurar que las inversiones comprometidas se traduzcan en más conectividad, maximización del bienestar social, más infraestructura y mayores oportunidades para los colombianos.
En el comunicado, el ministerio también enlistó una serie de obligaciones que ha venido cumpliendo Telecall
• El 25 de marzo de 2026 realizó el pago correspondiente a la contraprestación económica, (13%) incluyendo la actualización monetaria por un valor cercano a COP 46.921 millones.
• El 27 de marzo de 2026 constituyó las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual exigidas por el Ministerio.
• El 13 de mayo de 2026 dichas garantías fueron revisadas y aprobadas por el Ministerio TIC tras verificarse el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos.
“No obstante, el cumplimiento tardío de estas obligaciones no eliminó la responsabilidad derivada de los incumplimientos previamente verificados. Por esta razón, luego de surtirse todas las etapas procesales previstas en la ley, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control expidió la Resolución 02044 del 29 de mayo de 2026, mediante la cual impuso una sanción administrativa de multa a TELECALL COLOMBIA S.A.S. por valor de $7.422.157.961”, añadió.
Esta cifra hay que desglosarla, pues COP 4.286 millones corresponden al incumplimiento de la obligación de realizar el primer pago por el uso del espectro, mientras que COP 3.135 millones se derivan del incumplimiento de su obligación de construir y presentar una garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
En el articulado de la Resolución 02044 emitida por el Ministerio de las TIC, se abstiene de declarar la condición resolutoria del permiso de uso del espectro radioeléctrico (es decir, Telecall conservará el espectro); así como de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta (en otra palabras, el Gobierno considera que no es necesario cobrar la póliza que Telecall entregó como garantía).
La cartera concluye diciendo que la gestión del espectro radioeléctrico se ejerce con rigor técnico, jurídico y administrativo. También que la actuaciones adelantadas demuestran que el Estado cuenta con mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los operadores, imponer las sanciones correspondientes cuando se presentan incumplimientos y, al mismo tiempo, adoptar las medidas necesarias para garantizar que los proyectos de conectividad se ejecuten y beneficien efectivamente a los ciudadanos.
Queda la pregunta si las actuaciones del ministerio podrían ser demandas por otros agentes del mercado que sienten que la cartera no le ha dado cumplimiento a las reglas de juego acordadas en la subasta, y que con esto perciben que a Telecall se le ha dado un trato diferencial que afecta la competencia de los otros tres operadores que también subastaron por el espectro.
Tras estas actuaciones, el ministerio deja en claro que con el pago de la multa, Telecall se queda con el espectro y tiene vía libre para empezar con su operación.
La defensa de Telecall
Todo este timpo Telecall intentó demostrar que quien ha obrado mal en todo este proceso ha sido el Ministerio de las TIC.
El pilar de su argumentación fue un concepto jurídico emitido por el exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien señala que el mencionado procedimiento administrativo iniciado por la cartera es “completamente ilegal”, pues viola de forma flagrante el marco normativo del sector y las reglas de la subasta 5G escritas por el mismo MinTIC.
“El análisis legal, que se produce en un momento crítico para el despliegue de la nueva red en el país, expone una serie de irregularidades que no solo afectan los derechos de la compañía, sino que además generan un grave riesgo de detrimento patrimonial para la Nación y envían una señal de incertidumbre a la inversión extranjera”, señala Telecall.
La empresa añadió que, según el análisis hecho por Santofimio, el principal error que habría cometido la cartera fue elegir el camino procesal equivocado.
“La ley especial que rige al sector TIC (Ley 1341 de 2009) es clara y taxativa: cualquier presunto incumplimiento que pueda acarrear una sanción debe tramitarse a través de un procedimiento administrativo sancionatorio. Este procedimiento está diseñado para proteger el derecho a la defensa y a la contradicción. Sin embargo, el MinTIC optó por un procedimiento común, una vía que el experto califica como una negación directa del texto “claro e indiscutible” de la ley”, expresa.
Por este presunto error, insistía en su defensa, se habrían desencadenado una serie de irregularidades. Por ejemplo, señala que la normativa vigente, específicamente el Decreto 1078 de 2015, permite explícitamente los pagos extemporáneos, y establece que para estos casos la consecuencia es una sanción de tipo multa, pero jamás la pérdida del permiso. En otras palabras, el MinTIC debió recibir esos pagos extemporáneos y nunca cancelar los permisos para el uso del espectro.
“Hemos llegado a Colombia con un compromiso de inversión a largo plazo y con el objetivo de ser un actor clave en la transformación digital del país, incluyendo la obligación específica de conectar escuelas rurales. Por eso, recibimos con suma preocupación esta serie de actuaciones que se apartan de la ley. Nuestra voluntad siempre ha sido y sigue siendo cumplir con todas nuestras obligaciones. Lo único que pedimos es que se nos brinden las garantías que la propia ley colombiana otorga, en un marco de seguridad jurídica y respeto por las reglas establecidas”, manifestó un portavoz de Telecall Colombia S.A.S.
En su momento, para la empresa la negativa del ministerio puso en juego una importante cantidad de recursos para la nación, específicamente los más de COP 318.000 millones, más los demás compromisos adquiridos por Telecall tras la subasta del espectro.
“Los funcionarios responsables podrían estar generando un grave detrimento al patrimonio público y enfrentan una posible responsabilidad personal”, concluye, al señalar que su llamado sigue siendo el mismo: permitir que la empresa cumpla con sus obligaciones de pago y, con esto, el inicio de la ejecución del proyecto que planea desarrollar en el país.
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