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El lunes 25 de enero, a la 1:19 de la tarde, justo cuando miles de quindianos terminaban de almorzar, la tierra se sacudió y dejó los mayores estragos en la ciudad de Armenia, que tenía cerca de 270.000 habitantes. Un terremoto de magnitud 6,2, con epicentro en Córdoba (Quindío), dejó más de 1.100 víctimas mortales en los 28 municipios afectados en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle.
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Más de 90.000 viviendas sufrieron algún tipo de avería. Durante días hubo problemas con el suministro de agua potable y el fluido eléctrico, y las consecuencias también se sintieron en los daños en centros educativos y de salud, en tanto que la economía de la región se vio ampliamente impactada. Sólo en el sector cafetero se calcularon daños directos por US$9 millones.
El 29 de enero del mismo año, el entonces presidente Andrés Pastrana –quien se preparaba para ir al encuentro anual del Foro Económico Mundial, al que nunca llegaría– declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, y un día después creó el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), cuyo liderazgo quedó a cargo del presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas –posterior ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos–.
A este fondo, en total, fueron destinados $1,6 billones, y su estrategia ha sido tomada como ejemplo en la atención de emergencias posteriores. Villegas destacó que la eliminación de intermediaciones entre los recursos públicos y las víctimas –o los contratistas de las obras por reconstruir– fue uno de los mayores aciertos. “Eso aumenta inmensamente la transparencia y la confianza”, dijo este viernes desde Armenia en diálogo con W Radio.
Sin embargo, otros, como el analista e investigador Alpher Rojas, han sido críticos de la gestión de dicho fondo.
La investigadora Liliana Patricia García, de la Universidad Nacional, en su momento señaló que el trabajo interinstitucional entre los gobiernos locales y el nacional representó una de las mayores dificultades.
En vista de que el fondo administró los recursos a través de gerencias zonales, estas, por un lado, "no se ajustaban a las divisiones tradicionales del municipio, y de otro, no aprovecharon la capacidad instalada de las Juntas de Acción Comunal”, dijo García en el aniversario 13 de la tragedia.
Rojas, por su parte, ha manifestado que el plan no fue el éxito que muchos creen que fue y que los indicadores sociales y económicos de la región han sido muestra de ello.
Hoy la capital del Quindío tiene más de 300.000 habitantes, la mayoría de ellos urbanos, y su economía depende sobre todo (28 %) de las actividades de servicios sociales y personales, seguidas por el comercio, restaurantes y hoteles (16,7%) y la construcción (16 %). La tasa de pobreza de la ciudad (22,7 %) se encuentra por debajo del total nacional (26,9 %).
El departamento, de forma similar, depende de las actividades de servicios (21,1 %), la construcción (15,99 %) y el comercio (15,92 %). Esta parte del Eje Cafetero sustenta en la agricultura el 14 % de su economía. Es destacable que, según cifras que tiene Planeación Nacional, el PIB del departamento escaló cerca de 240 % entre el 2000 y 2016.
Quindío arrancó el nuevo milenio con tasas de desempleo que superaban el total nacional. Hoy el reto persiste. Según la más reciente cifra del DANE, sólo Armenia tiene una tasa de desempleo en 14 %, frente al 8,8 % del total nacional, en tanto que la pobreza es en proporción similar a la cifra nacional, con un índice en 26,4 %.
El Eje Cafetero logró levantarse de los escombros y consolidarse como uno de los destinos turísticos más populares en el país. Pese a que cultivos como el tomate o el plátano le han ido quitando protagonismo al tradicional café (que cuenta con alrededor de 20.000 hectáreas en Quindío), empresas de la región, como el Parque del Café o Café Quindío, hoy intentan mantener viva la cultura del grano nacional.
Es claro que los retos sociales y económicos no terminan. Reconociendo esa realidad, en el marco de la conmemoración de los 20 años de esta tragedia, entidades del gobierno, como el Ministerio de Vivienda y el de Trabajo, anunciaron recursos para atender las necesidades de una casa digna que todavía tienen miles de cuyabros y la atención a los adultos mayores, que constituyen el 15 % de la población del departamento.