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Las dificultades del sector energético ya pasaron factura. Los cuatro años del gobierno Petro estuvieron marcados por tensiones, cambios de rumbo y decisiones que, para varios expertos y centros de pensamiento, dejaron al sistema energético colombiano cerca de un déficit estructural.
Para Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la histórica dependencia de Colombia de los hidrocarburos es, todavía, una mina de oro para el país, y más aún ante la cruda realidad fiscal. “No hay plata”, resumió González. Y parte de esa estrechez, sostuvo, se agravó desde el momento en que el Gobierno decidió construir un liderazgo climático concentrado principalmente en la descarbonización, mientras la caja fiscal empezaba a resentirse por los costos de la transición y la adaptación climática.
Eso terminó generando tensiones dentro del propio Ejecutivo.
González recordó las diferencias que hubo entre José Antonio Ocampo, el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, e Irene Vélez, entonces ministra de Ambiente. En paralelo, el contexto internacional complicó todavía más el panorama energético global con la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio.
Hoy, asegura, el sector privado terminó convertido en el principal salvavidas del sistema energético colombiano. “Necesitamos trabajar muy seriamente con el sector privado. Es un problema de inversiones”.
Eso exige recuperar confianza.
A menos de tres meses del cambio de gobierno, González cree que la próxima administración tendrá que concentrarse rápidamente en tres tareas: pagar los COP 9 billones de deudas pendientes con las empresas energéticas, destrabar proyectos frenados y recuperar herramientas de articulación como la antigua estrategia Pines. La tercera prioridad, dice, pasa por la situación de Air-e, que sigue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
“El modelo Pines no funcionó perfecto”, admitió. Pero agregó que Colombia terminó trazando “una línea entre protección social y seguridad energética que quedó mal trazada”.
El trasfondo, advierte, es más profundo que una coyuntura regulatoria o fiscal. El sector energético sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos públicos del país. Según cálculos citados por González, entre regalías, utilidades de Ecopetrol e impuestos, el sector aporta cerca de COP 63 billones al Estado.
Tras el delicado estado financiero de las empresas y la baja oferta frente a la demanda energética, para evitar cualquier racionamiento en 2026-2027, los embalses deberán llenarse a fin de año y las térmicas funcionar a máxima capacidad. “Vamos a ver si son capaces de eso”, dijo.
A corte de ayer, 19 de marzo, el nivel de embalse útil se encuentra en 65,30 %, de acuerdo con cifras de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional.
Subsidios, hueco fiscal y señales de inversión
Para González, otra discusión inevitable es la de los subsidios a la energía y al gas natural.
En Colombia, cerca de nueve de cada diez hogares reciben algún tipo de subsidio. El problema, sostiene, es que el sistema dejó de estar verdaderamente focalizado.
“No se habla de subsidios focalizados”, afirmó.
A su juicio, hay hogares con ingresos por encima de la mediana que siguen recibiendo apoyos estatales mientras las cuentas fiscales se deterioran.
“No alcanza la plata”, dice. La salida, plantea, pasa por redistribuir mejor esos recursos. Quitar subsidios o reducirlos para algunos hogares y reforzarlos en los sectores con menores ingresos. El camino político, reconoce, es complejo. “Necesitamos un cambio que implica quitarle subsidio a unos o darle menos, y dárselo a otros que sí están por debajo del nivel de ingresos”.
Después citó una frase atribuida a Upton Sinclair: “Es muy difícil que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de no entender”.
El diésel aparece en el centro de esa discusión fiscal. Todo cuesta. Para González, el subsidio al ACPM debe desmontarse. Calcula que esa decisión liberaría cerca de COP 8 billones, recursos que podrían utilizarse para cubrir parte de las deudas pendientes con las empresas del sector energético, que está a punto de un “apagón financiero”.
Desde 2020, el Estado ha gastado cerca de COP 80 billones en subsidios a los combustibles fósiles. Este año, cuando la estimación se reducía por fin a COP 1,9 billones, el conflicto en Oriente Medio disparó el precio del barril y, por ende, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) volvió a desestabilizarse.
Cada dólar adicional encarece las importaciones de combustibles y presiona el déficit del fondo. Si además el peso se deprecia, el golpe es doble. Aunque esto segundo todavía no ha sucedido, los gremios ya han advertido que el margen del FEPC era estrecho incluso antes de este repunte.
“Tiene que ocurrir sí o sí, porque el verano eléctrico empieza en septiembre. No hay tiempo de reformas tributarias apenas se llegue ni cambios en la ley tan profundos”.
La inflación se resentiría de inmediato, admite a El Espectador. Pero sería mínimo frente a la ganancia de la decisión: “Si se sube el diésel y la gasolina en 10 %, la inflación apenas subiría 0,6 %. No es un problema del tamaño que piensa la gente”.
“No es fácil”, aclaró. Y sostuvo que cualquier ajuste tendría que mantener apoyos para los transportadores más vulnerables. Aun así, insiste en que el mensaje principal debe ser otro: reglas claras y estabilidad para atraer inversión.
“Si usted hace eso, da buenas señales de inversión y pone unas buenas reglas de juego, este sector se cuida solo”.
Ecopetrol y los límites de la política
La conversación también pasó por Ecopetrol y las tensiones entre política y gobierno corporativo.
González cuestionó decisiones recientes del Gobierno nacional, principal accionista de la petrolera, y mencionó específicamente el proyecto Oslo junto a Oxy en la cuenca Permian, en Estados Unidos. “La utilidad iba a aumentar cerca de 9 %”, afirmó. Además, dijo que los barriles producidos allí tenían una menor intensidad ambiental.
“Y en el último segundo, del último minuto, cuando iban a firmar los USD 4.000 millones de inversión, el presidente dijo ‘esto es fracking, yo no invierto’, y tomó una decisión en contra de su deber fiduciario. Eso no lo habíamos visto”.
Más allá del caso puntual, González cree que el país necesita blindar ciertos procesos estratégicos frente a los cambios políticos de cada gobierno.
“Lo que uno quisiera tener es unos procesos blindados a los caprichos políticos. No que no sean cambiables”, dijo. “Lo que necesitamos es que se sigan los procesos de gobierno corporativo”.
La deuda pendiente de la cobertura energética
Pero la transición, de nuevo, vuelve al paredón. Todavía hay 4 millones de personas sin acceso estable y de calidad a la energía. El problema es particularmente complejo en territorios dispersos y zonas apartadas donde la infraestructura sigue siendo insuficiente.
“Todavía se piensa únicamente en la conexión”, cuestionó.
Entre las alternativas que propone aparecen las llamadas subastas de nivel de servicio. La idea consiste en dividir el territorio en distintas zonas y licitar compromisos concretos de calidad y continuidad energética por períodos de cinco, diez o quince años.
No necesariamente con estándares equivalentes a Bogotá. Incluso podrían existir niveles permitidos de interrupción según las características de cada región.
La lógica, explicó, es que las empresas compitan por ofrecer el servicio más eficiente dentro de condiciones definidas previamente.
“No es algo que se haya hecho así”, reconoció.
La tarea es traer empresas con músculo financiero que soporten las dificultades y puedan entregar el servicio.
“La cobertura universal, solo conexión con la solución más barata, vale unos COP 38 billones”, dijo. Concluyó que, si no se soluciona el acceso y equidad completa, difícilmente se cambiará la estructura del sistema energético.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
