Transferencias a familias más pobres: ¿han servido tras 20 años?

Foto: AFP - EITAN ABRAMOVICH

La entrega por parte del Gobierno de incentivos económicos a los hogares más vulnerables, para apoyar el consumo y la superación de la pobreza, es una estrategia que en América Latina lleva dos décadas. En Colombia, el programa de transferencias monetarias condicionadas —como se conocen esos incentivos— es Más Familias en Acción, que existe desde hace más de 15 años. Está a cargo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad cuya directora, Tatyana Orozco, renunció hace pocos días y que entrega recursos a los hogares que tienen menores de edad, siempre y cuando estos vayan al colegio y al médico. Esas son las condiciones.

En 14 años, el programa ha crecido cerca de ocho veces y pasó de atender a unas 320.000 familias en 2002 a las más de 2,6 millones actuales, que reciben entre $100.000 y $200.000 al mes. Para unos, por supuesto, el Gobierno incluido, ha sido una estrategia exitosa y se la señala como un factor importante para llegar a que, según la Presidencia la República, cerca de cuatro millones de personas hayan salido de la pobreza en este gobierno. Sin embargo, otros lo ponen en duda.

Entre los críticos han estado políticos como la exministra Cecilia López, autora de la Ley de Economía del Cuidado. López aseguró hace algunos meses a este diario que, entre otras cosas, este tipo de estrategia “condena a las mujeres, que se están educando incluso más que los hombres, a reforzar su papel de ser las únicas responsables de la salud y educación de sus hijos, cuando eso es responsabilidad de la pareja”. Eso teniendo en cuenta que, no sólo en Colombia, las ayudas en dinero se entregan principalmente a las madres del hogar.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Así funcionan las transferencias condicionadas: Buenas prácticas a 20 años de implementación, concuerda con que esos programas “han sido inequívocamente efectivos en incrementar el consumo de los hogares beneficiarios, así como en reducir la incidencia y, especialmente, la intensidad de la pobreza y la desigualdad”. Y agrega: “No solamente han aumentado el consumo, sino que también han mejorado su composición en términos de calidad y la variedad del consumo de alimentos” y “han reducido el trabajo infantil y aumentado la inscripción y la asistencia escolar en muchos países”.

Los autores del documento tienen en cuenta que en 2013 alrededor de 137 millones de personas en 17 países de América Latina y el Caribe recibían transferencias que representaban en promedio entre el 20 % y el 25 % de su ingreso familiar. Los programas con mayor cobertura, dice el estudio, han llegado a invertir en promedio entre 0,3 % y 0,4 % del Producto Interno Bruto. De Colombia destaca hallazgos como que en el país el uso de servicios preventivos de salud se ha incrementado en 33 puntos porcentuales y que Más Familias en Acción haya sido empleado como herramienta en estrategias de inclusión financiera.

Sin embargo, en efecto no todo es halagador. “Una preocupación sobre los PTMC (programas de transferencias monetarias condicionadas) es la posibilidad de generar incentivos negativos, particularmente en términos de la oferta laboral de los adultos de hogares beneficiarios”, debido a que “hay evidencia reciente sobre posibles desincentivos a la formalidad, sobre todo cuando las transferencias están asociadas a la formalidad del empleo de los beneficiarios”. Por otro lado, señala que hay poca evidencia que analice si los impactos de los PTMC son “sostenibles en el largo plazo”.

El documento señala que a nivel regional es importante consolidar mecanismos regulares que revisen las certificaciones de las condiciones socioeconómicas que hacen que una familia pueda ser beneficiaria. En Colombia, por ejemplo, las víctimas del conflicto pueden acceder a Más Familias en Acción y también se tiene en cuenta el puntaje Sisbén, entre otros factores. Sin embargo, como lo ha expuesto el Departamento Nacional de Planeación, en el Sisbén ha habido un aumento de 63 % en el número de personas que ganan más de $3,8 millones, pero se cuelan en el sistema para tener privilegios en salud o subsidios del Estado.

Otra de las conclusiones que expone el documento publicado por el BID es que los cálculos indican “que uno de los programas más generosos es Prospera de México, donde la transferencia promedio representa el 41 % del ingreso de un hogar del quintil más pobre. En contraste, las transferencias de Más Familias en Acción de Colombia son menos generosas, ya que en promedio representan el 18 % del ingreso de un hogar del quintil más pobre”.

En diálogo con este diario, la saliente directora Tatyana Orozco, en respuesta a quienes señalan que la entrega de estos recursos fomenta la “pereza”, ha señalado, que “una familia que recibe una transferencia, ésta es de más o menos $100.000 al mes. El que más recibe no alcanza a $200.000 mensuales. Eso no le da a una familia para vivir y los estudios nos han indicado que, como es condicionada, los niños de Más Familias miden hoy 1,3 centímetros más que los que están por fuera, con todas las implicaciones que eso tiene para el sistema de salud”.

La publicación del BID, en definitiva, da cuenta de que las transferencias monetarias condicionadas han tenido tanto logros como retos pendientes. En un sentido similar apuntó el investigador Roberto Angulo, quien el año pasado estudió el desempeño de Más Familias en Acción. Angulo resaltó la transformación de la estrategia a través del tiempo, resultado de un ejercicio de prueba y error, que ha supuesto gran capacidad operativa y la participación de distintos sectores, como autoridades nacionales, locales, entes de control, sector privado y la comunidad, para cubrir los más de mil municipios de Colombia.