Tras el equilibrio energético y agrícola

“Crecimiento desenfrenado perjudica el agro”

¿Cómo está esa balanza entre lo minero-energético y lo agropecuario en este momento?

Lo minero-energético está creciendo más rápidamente en esa fase de exploración, pero no es que esté invadiendo zonas que por naturaleza son agropecuarias. Por el contrario, está generando desarrollo en áreas rurales, permitiendo a la vez que se den más proyectos agropecuarios.

Por ejemplo, uno ve en muchos campos petroleros en los Llanos Orientales cultivos como palma africana, caucho o sorgo que son compatibles. Para la agricultura es bueno un desarrollo minero-energético ordenado, porque eso va a llevar más posibilidades al sector.

Si es desenfrenado en el sentido de que no hay control y hay depredación del medio ambiente, eso sí perjudica la agricultura. Un desarrollo ordenado de la minería como el que estamos proponiendo con las áreas de reserva estratégica es una muy buena noticia para la agricultura.

¿Cuál debería ser el equilibrio ideal en estos sectores productivos de la economía?

El sector rural colombiano se caracteriza hoy día por una mezcla de actividades entre el sector agropecuario y el minero-energético. Es lo que conforma la economía rural del país. Estos dos sectores han coexistido y pueden hacerlo hacia adelante, porque por definición el sector minero-energético no requiere grandes extensiones.

Una vez hay hallazgos, las producciones se dan en áreas pequeñas. En este sector, si bien las actividades exploratorias requieren cubrir áreas extensas, la producción está muy focalizada. Eso hace que puedan convivir con la agricultura, porque no la desplaza, sino que la complementa.

Para la minería es necesario tener vías de acceso, crear una infraestructura básica llevando electricidad y eso beneficia el sector agrícola.

¿Las políticas que ha planteado el Gobierno para el sector minero-energético son suficientes para afrontar lo que viene en inversión y aumento de la exploración?

Éstas van a inducir desarrollo rural y serán muy complementarias con el desarrollo del sector agropecuario, porque le llevan más infraestructura a la zona rural y le generan más ingresos.

¿La frontera agrícola se puede amenazar con una actividad demasiado intensiva?

Controlada no le veo riesgo, pero me preocupa la actividad minera ilegal. Esa sí puede generar grandes problemas, pero la formal no creo que ponga en aprietos el desarrollo agrícola del país. La idea es combatir la minería criminal o formalizar la artesanal y tradicional.

Esa minería informal puede depredar las fuentes de agua y la biodiversidad, lo cual afectaría la economía agrícola. Por eso, la acción de combatir la minería ilegal se debe defender con argumentos ambientales, de seguridad nacional y asociados a la posibilidad de aprovechar nuestro territorio para el desarrollo del agro.

¿Está claro cómo proteger páramos y áreas de reserva?

Partimos de la base de que las actividades en páramos y humedales están prohibidas.

¿A cuánto puede llegar el área exploratoria en minería e hidrocarburos este año?

Muy poco en términos de exploración, porque no abarca muchas extensiones de tierra. Es decir, se otorgan bloques —por definición grandes—, pero los puntos específicos para explorar no suman muchas hectáreas.

Llamado al orden territorial

Con el auge energético, ¿qué medidas debe tomar el Gobierno para que no se reduzca el área del agro?

Dado que cualquier país tiene una extensión fija, si un sector productivo se expande otros necesariamente se ven disminuidos, a menos que la expansión se haga sobre áreas naturales, lo que plantea otros problemas no menos importantes. El Estado debe hacer un esfuerzo sin precedentes para ordenar el territorio mediante un trabajo en equipo.

¿Cómo impedir que sobre la zona agrícola del país se superpongan títulos de explotación ?

Más que impedir la superposición, he llamado la atención sobre la necesidad de poner orden en el proceso. Hoy los títulos mineros otorgados cubren 6,6% del territorio incorporado a la producción agropecuaria. Y la producción de petróleo, 3,4%. En total, el 10%. Si tomamos en consideración las solicitudes mineras y la exploración de hidrocarburos, unidas a la explotación actual de estos recursos, se llega a un 53% del área agrícola y pecuaria. Claro está que no todas las solicitudes serán aprobadas.

Esta cifra debe alertarnos sobre un riesgo inminente para el agro de Colombia. Es fundamental garantizar las buenas prácticas en los sitios donde se aprueben dichas actividades. De no ordenarse las labores productivas en el territorio y realizarlas sin degradar el ambiente, se pondrá en riesgo la producción de alimentos.

¿Corren peligro 10 millones de hectáreas de la última frontera agrícola del país?

Claro. La actividad minero-energética, en las distintas etapas de explotación o de solicitudes y exploración, cubre un poco más de la mitad de la Orinoquia. Además, hay que demarcar claramente también los humedales en esa región para que allí tampoco se haga agricultura.

De cara a la Ley de Desarrollo Rural, ¿cómo cambiarían las cosas en este sentido?

El concepto de sostenibilidad ambiental permea toda la ley. Además, como normativa para el fortalecimiento de un desarrollo rural integral, le da más peso al sector como locomotora de desarrollo. La pobreza rural es mucho mayor que la urbana en nuestro país. El 60% de la población rural vive en pobreza extrema, y en las ciudades es del 40%. El esfuerzo del actual gobierno para modificar esta realidad impone la necesidad de coherencia con los demás programas de desarrollo, y también con el sector minero energético.

¿Cuáles deberían ser los parámetros para que no choquen las dos locomotoras?

Lo primero es lograr una buena comunicación entre sectores. La coordinación entre las entidades del Estado no se puede circunscribir a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía. En el marco de un esfuerzo común, el tema de las áreas de exclusión tiene que ser refinado. El Código de Minas, que se presentará al Congreso a mediados de este año, tiene que recoger algunos principios ordenadores de las actividades en el territorio, precisando las áreas de exclusión. En el caso del sector rural, las zonas altamente productivas, las de importancia por razones sociales, como la seguridad alimentaria, y las importantes para la conservación de servicios ambientales, deben ser excluidas.

¿Cómo se van a proteger páramos y reservas forestales?

La Ley de Tierras y Desarrollo Rural reconoce la necesidad de sujetar el desarrollo del agro a las áreas de conservación como determinantes ambientales. Debemos lograr un acuerdo lo antes posible sobre cuáles son los sitios que se deben conservar de manera estricta. Y esos sitios no pueden ser sólo los páramos y los humedales.