Un nuevo aire para Grecia

El primer ministro griego Yorgos Papandreu vivió anoche uno de los triunfos más tensos de su gobierno, cuando los 155 parlamentarios afines a su administración (la mayoría en el Legislativo) aprobaron el nuevo plan de reformas para mantener la economía a flote. La celebración del Ejecutivo contrastó con el grito de “¡Ladrones!” que cientos de manifestantes (los llamados Indignados) entonaron a las afueras del Parlamento.

Protestas que se originan, precisamente, porque el paquete de reformas que los 143 votos de la oposición conservadora no pudieron bloquear contempla recortes estatales por US$40.000 millones. Entre ellos se incluyen recortes a las pensiones del Estado y a los subsidios sociales, un aumento en los impuestos, reajustes en los salarios de los funcionarios y despidos de una quinta parte del sector público.

Este plan, exigido por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como prerrequisito para seguir adelante con el salvavidas a la economía griega, también contempla privatizaciones por más de US$70.000 millones. Según Evangelos Venizelos, quien desde el viernes pasado asumió como ministro de Finanzas, este proceso será coordinado por funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), la UE y el FMI, los cuales “proporcionarán sus conocimientos y asegurarán la transparencia”.

De esta forma, el gobierno de Papandreu se aseguró el desembolso de US$17.200 millones, los cuales hacen parte del paquete de ayuda aprobado el año pasado por US$158.000 millones. El salvavidas le permitió a Grecia reducir el déficit fiscal, entre 2009 y 2011, de 12,7% a 10,5% del PIB, estimado hoy en US$34.400 millones. Por otra parte, su deuda asciende a US$485.000 millones, siendo Francia, Alemania y Reino Unido sus principales acreedores.

Estos dos factores han originado transformaciones profundas en Grecia, que desde 2009 dejó de ser visto como el paraíso vacacional de los millonarios para convertirse en un Estado al borde de la quiebra. La razón se encuentra en el gobierno anterior, del conservador Kostas Karamanlis, en el cual el país se endeudó más allá de su capacidad e importantes capitales desaparecieron por culpa de la corrupción; un panorama que empeoró con el estallido de la crisis financiera mundial de 2008, que redujo la confianza de los inversionistas en las economías del Viejo Continente.

El año pasado, después de tensas disputas diplomáticas al interior de la UE, Grecia se convirtió en el primer país comunitario en acudir a un salvavidas económico (después le seguirían Irlanda y Portugal). Su contraprestación han sido los bonos emitidos por Atenas, los cuales han mostrado gran volatilidad debido a los rumores sobre la solvencia de la economía; de hecho, en distintas ocasiones el BCE ha tenido que ampliar los plazos de vencimiento para garantizar el pago tanto de las obligaciones griegas como de los demás países que acogieron la misma estrategia para mantener con vida sus finanzas.

Una estrategia que ha generado roces al interior de la economía comunitaria, que acusa al BCE de atentar contra el Tratado de Lisboa, el cual reformó algunas de sus funciones. “Pedir, como se ha hecho últimamente, que el Banco amplíe los plazos de vencimiento o que acepte títulos de un Estado considerado en situación de impago como colaterales para las operaciones de refinanciación del sistema bancario, viola la prohibición prevista en el tratado de financiar monetariamente al Tesoro”, argumentó Bini Smaghi, directivo del BCE.

Críticas que probablemente se arreciarán el próximo viernes, cuando en la cumbre de la UE se reúnan las autoridades comunitarias con las griegas para discutir un nuevo paquete de ayuda financiera. Se estima que su monto sobrepasaría los US$170.000 millones.