El Gobierno presentó hace unas semanas ante el Congreso el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Varios aspectos deben ser revisados, en especial los que tienen relevancia para los mercados financieros y para el desarrollo de la infraestructura, el sostenimiento del crecimiento económico, la paz y la competitividad.
En primer lugar, el texto del proyecto de ley menciona la implementación de nuevas modalidades por medio de las cuales se busca ejercer mayor control sobre la facturación a través de medios electrónicos. Son atractivas, siempre y cuando no se conviertan en un “calvario” para las empresas que buscan cada año acoplarse a las exigencias de la DIAN. Falta una muy buena aplicabilidad, que sea definitiva, evitando cambios en las reglas de juego que trastornan la eficiencia de los gremios.
El anunciado Plan de Desarrollo contempla —lo cual es positivo— que entidades como el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancóldex), que han mostrado gran desempeño, sean líderes en puntos cruciales como fondear a los emprendedores en el país, ya que es un rubro al que es necesario apuntarle si el Gobierno quiere mantener la tasa de desempleo en tendencia descendente y fortalecer el crecimiento económico en los próximos años, el cual se ha resentido en varios sectores estratégicos, como el minero-energético y el agropecuario.
Quizá sea el agro, precisamente, uno de los más afectados en los últimos años, con menor crecimiento. Países como Perú y otros de Centroamérica nos toman ventaja teniendo en cuenta que desarrollan proyectos a gran escala de siembra y posterior producción de bienes que avanzan más allá de las materias primas. Además se ha visto un certero apoyo a la industrialización del gremio, llevando gran cantidad de maquinaria que permita volverlos más competitivos.
De otro lado, la dependencia de Colombia sobre los ingresos por materias primas (como el petróleo) es notoria, inclusive con otros países que compiten en el mercado, pero nos vemos más afectados por el lento desarrollo de grandes obras que permitan aumentar la competitividad, la cual no puede depender sólo de la tasa de cambio como mayor compensación para el exportador.
Es crucial que se atiendan las necesidades del sector minero. Somos claramente potencia, pero gran parte de la explotación es ilegal, afectando zonas rurales tanto geológica como demográficamente y generando en el futuro reparos hacia el Gobierno, que tendrá dificultades mayores. Urge aquí, entonces, mayor control, pero más que nada un mayor acompañamiento y apoyo para que el sector sea una real “locomotora” para un país que se beneficia de la alta presencia de recursos naturales. Es de anotar que el Plan de Desarrollo estaría apuntando hacia importantes medidas para apoyar este sector.
El propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que en el Congreso se deberá dar un debate para apoyar al sector minero-energético con medidas tributarias y de apoyo, teniendo en cuenta que es gran generador de recursos de regalías e impuestos, así como de mano de obra y contratación en las regiones, que, entre otras cosas, es otro de los grandes focos del Plan.
Para el sector petrolero se ven buenas intenciones, pues se pide a gritos una rápida reacción del Ejecutivo, el cual intentó suavizar el impacto por la caída en los precios del petróleo desde diciembre pasado ajustando sus presupuestos de inversión en $17 billones para el cuatrienio 2015-2018 y dejando un total de $160 billones dentro del Plan de Desarrollo.
A su turno, el Banco de la República hizo pública una reducción considerable de su estimación de crecimiento para 2015, pasando de 4,3% a 3,6% (como cifra más probable). Es posible que veamos en las próximas semanas una revisión a la baja por parte de la mayoría de analistas, inclusive del mismo Gobierno.
Esto nos mostraría que las medidas para el sector ya están llegando algo tarde. Se espera que se definan rápidamente temas como la agilización y la flexibilidad en los contratos para mantener la inversión. Por ende, se daría un aumento en la producción en las reservas comerciales (actualmente menores a los ocho años), que tanto urge a Colombia, y a Ecopetrol en particular.
Entre los pendientes queda tener más claro de dónde provendrán los recursos para pagar el costo del posconflicto, pues hoy apenas se encuentran incluidos en el presupuesto nacional recursos por alrededor de $8 billones para apoyar estrategias tendientes a la consolidación de la paz. Además es necesario tener claridad sobre el enfoque que tendrá el posible acuerdo de paz con los grupos ilegales y la posterior reinserción de sus miembros a la sociedad civil, con los respectivos retos que eso implica financiera, pública y socialmente.
Una deuda que tiene Colombia con la ciudadanía es la reducción en la cantidad de “tramitología” que aún frena las buenas propuestas e iniciativas que se puedan tener. Esto es paradójico, pues por un lado los gobiernos buscan metas importantes de crecimiento, pero las limitan con la creciente burocracia de los entes reguladores, en lugar de reducir y agilizar los procesos para que los grandes proyectos del país avancen.