Un presupuesto general cojo para un año importante

Esta semana, el Congreso le dio luz verde al presupuesto general de la nación para 2021. El trámite de la iniciativa -que define cómo se gastará la plata de todos los colombianos- se inició en agosto con la presentación por parte del Gobierno de un proyecto opaco y desfinanciado. Tras dos meses de trámite legislativo, el resultado es una ley que -además de opaca y desfinanciada- no detalla las acciones previstas para reactivar la economía en medio de la pandemia.

Vamos por partes. La ley de presupuesto es opaca porque no detalla peso por peso cómo -y específicamente en qué- se gastará la plata. Habla de “inversión” y de “funcionamiento”, pero no de programas puntuales ni planes de gasto.

Su trámite también fue opaco. Se transmitieron las sesiones de debate del proyecto, pero sobre las reuniones de ponentes -que son los congresistas que plantean cambios al texto de las iniciativas- poco se supo. No pudieron verse, por ejemplo, las “reuniones de trabajo” de los ponentes en el Ministerio de Hacienda. De hecho, ni siquiera los asesores de los congresistas pudieron entrar a algunas de ellas. No se sabe por qué. Si en estas reuniones imperaban el rigor técnico y la búsqueda del bienestar de todos, ¿por qué no podían los ciudadanos verlas?

Por otra parte, ni el Gobierno ni el Congreso les contaron detalladamente a los ciudadanos qué cambió entre lo presentado originalmente, lo aprobado por las comisiones económicas conjuntas (primer debate) y lo que finalmente salió tras el último debate en las plenarias de Senado y Cámara. En el Observatorio Fiscal hicimos la comparación -proyecto original versus texto definitivo-: encontramos que se movieron recursos originalmente destinados a siete entidades y se distribuyeron entre 66. Es decir, a medida que el proyecto avanzaba, se iba quitando un poco de aquí para poner allá. Esto no es inusual. Lo cuestionable es que las decisiones fueron tomadas por un grupo de cerca de 30 congresistas y no por el Congreso en pleno. No olvidemos que en el debate final del proyecto -que duró menos de 12 horas- no le hicieron cambios a la ponencia mayoritaria presentada.

Desde donde más se movieron recursos fueron el servicio de la deuda -que podría asimilarse al pago de la tarjeta de crédito del Estado colombiano, y que en el proyecto presentado por el Gobierno aumentó casi en un 30 % respecto al presupuesto de 2020- y el Ministerio de Hacienda -que originalmente tenía un presupuesto de más de $4 billones.

Es importante hacer una anotación sobre la deuda, pues se ha transmitido que endeudarse le sale barato al país. De momento, en el debate no se mencionaron cuáles son las operaciones de refinanciación que espera hacer el Gobierno. De hecho, ¿esa es una prioridad en este momento? Y, más allá de esto: ¿no habría sido mejor endeudarse desde el inicio de la pandemia para evitar que la economía se cayera, que endeudarse ahora para levantarla?

Alguien podría decir que terminado el partido todos somos técnicos de fútbol. Sin embargo, no debe olvidarse que, por ejemplo, a pesar de tener el dinero y la información, en abril el Gobierno decidió no brindar subsidios a las nóminas -una decisión que tuvo como consecuencia la destrucción de millones de empleos-.

Por otra parte, la ley de presupuesto para 2021 tiene un hueco de $38 billones. Para taparlo, el Gobierno planteó enajenar activos por $12 billones. Todavía no se sabe qué empresas del Estado o participaciones se venderán. ¿Y los otros $26 billones? Se obtendrían mediante “otros recursos de capital”. ¿Cuáles? No hubo claridad.

El presupuesto se raja en transparencia. La ciudadanía merece información más clara que la que está recibiendo. Si existe un desglose peso por peso -programa por programa- de cómo se gastará la plata de todos, no se hizo público a tiempo para que la ciudadanía lo viera conforme avanzaba su trámite en el Congreso, ni estuvo a disposición de la mayoría de los congresistas, cuyo deber como rama independiente del poder público es hacer vigilancia y contrapeso a las propuestas del Ejecutivo.

Tradicionalmente, el trámite de los presupuestos en Colombia no ha brillado por su transparencia. No obstante, el debate de este año mostró una involución. Por ejemplo, llegó a presentarse información de forma equívoca o parcial, con cifras planteadas “creativamente”. Además, opinadores cercanos al Gobierno -e incluso funcionarios del Ministerio de Hacienda- atacaron en redes sociales a los periodistas que plantearon cuestionamientos o hicieron denuncias argumentadas sobre recortes de presupuesto a entidades.

Un último elemento es que, si bien el Gobierno Nacional ha subrayado que la generación de empleo y el crecimiento económico son ejes fundamentales del presupuesto de 2021, la ley que entrará en vigencia el próximo 1° de enero no tiene un trazador sobre reactivación económica -es decir, no es posible saber con claridad qué inversiones y qué programas concentran ese propósito-. Para temas como equidad de género y paz sí se incluyeron trazadores.

¿Qué viene ahora? Veeduría ciudadana y ejercicio político para garantizar no solo la buena gestión de los recursos, sino total transparencia en su ejecución.

Por último, aunque este es el proyecto de ley económico más importante del año, ya calienta motores una nueva reforma tributaria, cuyo núcleo seguramente será la ampliación del IVA a más productos de la canasta familiar, para así tapar el hueco fiscal que abrieron los beneficios otorgados por el Gobierno a los grandes capitales.

Será, sin duda, un año muy movido.

La voz del Gobierno

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el próximo año los recursos administrados por el Gobierno se focalizarán en contribuir al crecimiento económico, el apoyo a las empresas afectadas por la emergencia, la reducción de la pobreza y la generación de empleo. “Este es el presupuesto de la recuperación y vamos a ver una mejor Colombia el otro año”, aseguró el titular de la cartera, Alberto Carrasquilla.

“Llevamos un presupuesto de inversión de $53 billones. Con mucho esfuerzo llegamos a uno de $58. Hay un primer mensaje y es que lo que hemos venido aprobando va a ser gasto real y no se va a quedar en el papel como una congelación del presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante decir que al número que llegamos es al máximo que podemos llegar. Si seguimos incluyendo más gasto lo que vamos a tener es un problema en el momento de ejecutar porque no vamos a tener con qué. El llamado que hacemos es no generemos más gastos porque no va a estar financiado. La inversión está creciendo 40 %. Es el esfuerzo más grande que ha hecho un gobierno, y más en esta situación, en la que tenemos una caída de ingresos tan grande. Por eso decimos, ninguna proposición de gasto adicional tiene aval”, dijo Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, durante el debate final en la Cámara de Representantes este lunes.

Según el Gobierno, el rubro de inversión del presupuesto para 2021 es el más alto en la historia, con $56,8 billones. Deporte, cultura, educación, transporte, inclusión social, ambiente y vivienda fueron los sectores que más crecieron de cara a 2021, de acuerdo con la administración nacional.

Esta semana, el Congreso le dio luz verde al presupuesto general de la nación para 2021. El trámite de la iniciativa -que define cómo se gastará la plata de todos los colombianos- se inició en agosto con la presentación por parte del Gobierno de un proyecto opaco y desfinanciado. Tras dos meses de trámite legislativo, el resultado es una ley que -además de opaca y desfinanciada- no detalla las acciones previstas para reactivar la economía en medio de la pandemia.

Vamos por partes. La ley de presupuesto es opaca porque no detalla peso por peso cómo -y específicamente en qué- se gastará la plata. Habla de “inversión” y de “funcionamiento”, pero no de programas puntuales ni planes de gasto.

Su trámite también fue opaco. Se transmitieron las sesiones de debate del proyecto, pero sobre las reuniones de ponentes -que son los congresistas que plantean cambios al texto de las iniciativas- poco se supo. No pudieron verse, por ejemplo, las “reuniones de trabajo” de los ponentes en el Ministerio de Hacienda. De hecho, ni siquiera los asesores de los congresistas pudieron entrar a algunas de ellas. No se sabe por qué. Si en estas reuniones imperaban el rigor técnico y la búsqueda del bienestar de todos, ¿por qué no podían los ciudadanos verlas?

Por otra parte, ni el Gobierno ni el Congreso les contaron detalladamente a los ciudadanos qué cambió entre lo presentado originalmente, lo aprobado por las comisiones económicas conjuntas (primer debate) y lo que finalmente salió tras el último debate en las plenarias de Senado y Cámara. En el Observatorio Fiscal hicimos la comparación -proyecto original versus texto definitivo-: encontramos que se movieron recursos originalmente destinados a siete entidades y se distribuyeron entre 66. Es decir, a medida que el proyecto avanzaba, se iba quitando un poco de aquí para poner allá. Esto no es inusual. Lo cuestionable es que las decisiones fueron tomadas por un grupo de cerca de 30 congresistas y no por el Congreso en pleno. No olvidemos que en el debate final del proyecto -que duró menos de 12 horas- no le hicieron cambios a la ponencia mayoritaria presentada.

Desde donde más se movieron recursos fueron el servicio de la deuda -que podría asimilarse al pago de la tarjeta de crédito del Estado colombiano, y que en el proyecto presentado por el Gobierno aumentó casi en un 30 % respecto al presupuesto de 2020- y el Ministerio de Hacienda -que originalmente tenía un presupuesto de más de $4 billones.

Es importante hacer una anotación sobre la deuda, pues se ha transmitido que endeudarse le sale barato al país. De momento, en el debate no se mencionaron cuáles son las operaciones de refinanciación que espera hacer el Gobierno. De hecho, ¿esa es una prioridad en este momento? Y, más allá de esto: ¿no habría sido mejor endeudarse desde el inicio de la pandemia para evitar que la economía se cayera, que endeudarse ahora para levantarla?

Alguien podría decir que terminado el partido todos somos técnicos de fútbol. Sin embargo, no debe olvidarse que, por ejemplo, a pesar de tener el dinero y la información, en abril el Gobierno decidió no brindar subsidios a las nóminas -una decisión que tuvo como consecuencia la destrucción de millones de empleos-.

Por otra parte, la ley de presupuesto para 2021 tiene un hueco de $38 billones. Para taparlo, el Gobierno planteó enajenar activos por $12 billones. Todavía no se sabe qué empresas del Estado o participaciones se venderán. ¿Y los otros $26 billones? Se obtendrían mediante “otros recursos de capital”. ¿Cuáles? No hubo claridad.

El presupuesto se raja en transparencia. La ciudadanía merece información más clara que la que está recibiendo. Si existe un desglose peso por peso -programa por programa- de cómo se gastará la plata de todos, no se hizo público a tiempo para que la ciudadanía lo viera conforme avanzaba su trámite en el Congreso, ni estuvo a disposición de la mayoría de los congresistas, cuyo deber como rama independiente del poder público es hacer vigilancia y contrapeso a las propuestas del Ejecutivo.

Tradicionalmente, el trámite de los presupuestos en Colombia no ha brillado por su transparencia. No obstante, el debate de este año mostró una involución. Por ejemplo, llegó a presentarse información de forma equívoca o parcial, con cifras planteadas “creativamente”. Además, opinadores cercanos al Gobierno -e incluso funcionarios del Ministerio de Hacienda- atacaron en redes sociales a los periodistas que plantearon cuestionamientos o hicieron denuncias argumentadas sobre recortes de presupuesto a entidades.

Un último elemento es que, si bien el Gobierno Nacional ha subrayado que la generación de empleo y el crecimiento económico son ejes fundamentales del presupuesto de 2021, la ley que entrará en vigencia el próximo 1° de enero no tiene un trazador sobre reactivación económica -es decir, no es posible saber con claridad qué inversiones y qué programas concentran ese propósito-. Para temas como equidad de género y paz sí se incluyeron trazadores.

¿Qué viene ahora? Veeduría ciudadana y ejercicio político para garantizar no solo la buena gestión de los recursos, sino total transparencia en su ejecución.

Por último, aunque este es el proyecto de ley económico más importante del año, ya calienta motores una nueva reforma tributaria, cuyo núcleo seguramente será la ampliación del IVA a más productos de la canasta familiar, para así tapar el hueco fiscal que abrieron los beneficios otorgados por el Gobierno a los grandes capitales.

Será, sin duda, un año muy movido.

La voz del Gobierno

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el próximo año los recursos administrados por el Gobierno se focalizarán en contribuir al crecimiento económico, el apoyo a las empresas afectadas por la emergencia, la reducción de la pobreza y la generación de empleo. “Este es el presupuesto de la recuperación y vamos a ver una mejor Colombia el otro año”, aseguró el titular de la cartera, Alberto Carrasquilla.

“Llevamos un presupuesto de inversión de $53 billones. Con mucho esfuerzo llegamos a uno de $58. Hay un primer mensaje y es que lo que hemos venido aprobando va a ser gasto real y no se va a quedar en el papel como una congelación del presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante decir que al número que llegamos es al máximo que podemos llegar. Si seguimos incluyendo más gasto lo que vamos a tener es un problema en el momento de ejecutar porque no vamos a tener con qué. El llamado que hacemos es no generemos más gastos porque no va a estar financiado. La inversión está creciendo 40 %. Es el esfuerzo más grande que ha hecho un gobierno, y más en esta situación, en la que tenemos una caída de ingresos tan grande. Por eso decimos, ninguna proposición de gasto adicional tiene aval”, dijo Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, durante el debate final en la Cámara de Representantes este lunes.

Según el Gobierno, el rubro de inversión del presupuesto para 2021 es el más alto en la historia, con $56,8 billones. Deporte, cultura, educación, transporte, inclusión social, ambiente y vivienda fueron los sectores que más crecieron de cara a 2021, de acuerdo con la administración nacional.