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En el Gobierno se cocina un decreto que, en el corto plazo, le ahorraría dinero a la nación, pero pondría en riesgo las pensiones de los colombianos. Así lo advierten Asofondos y Fasecolda, gremios que le han solicitado al Ministerio de Hacienda la conformación de unas mesas técnicas para que se analice esto con argumentos y cifras.
El tema suena técnico, y lo es, porque de fondo esta discusión es de abogados y economistas. Pero se puede entender, y para eso vale la pena dedicar una parte de este artículo en explicar lo que le preocupa a estas agremiaciones.
Para empezar hay que tener en cuenta que las pensiones no pueden estar por debajo de un salario mínimo. De allí que, cuando se anuncia su incremento en cada mes de diciembre, los fondos deben ajustarse para garantizar este ingreso.
El problema es que nadie tiene la certeza de cuánto puede subir el mínimo, pues para definirlo se conforma una mesa de concertación en la que se reúnen empresarios, Gobierno y centrales obreras. En últimas, si estas partes no llegan a un acuerdo, es el presidente de la República quien determina el incremento.
Para calcularlo se emplean diversas variables, pero las principales son la inflación y la productividad. Con la primera se busca devolver el poder adquisitivo que perdieron los trabajadores por cuenta de la carestía, mientras que con la segunda se les reconoce esos aportes que hicieron a la economía.
Pero hay un tercer factor, al que se le suele llamar el incremento real o incremento político, que son los puntos porcentuales por encima de la inflación que se le otorga al salario mínimo. Es decir, si la inflación fue del 5 % pero el salario crece un 8 %, este incremento real es del 3 %. Esta es totalmente impredecible, pues depende de las voluntades de quienes se sientan a negociar el mínimo o en últimas, como ya se dijo, del presidente de la República.
Y es justo en esta cifra (la del incremento real) donde se encuentra la nuez del asunto ya que, por lo impredecible que puede llegar a ser, su cobertura en las pensiones de salario mínimo no la asumen los fondos, sino el Gobierno (así lo establece la ley). En promedio, cada año la nación gira COP 2 billones para cubrir este incremento, mientras que los fondos asumen el alza que se causa por la inflación y productividad.
Con esto claro, lo que cambiaría si se expide el decreto anunciado por el Ministerio de Hacienda es que el Estado reduciría sus aportes. Con menos recursos, advierten los gremios, los pensionados en Colombia quedarían más desprotegidos.
Por lo menos son tres los impactos que causaría este decreto:
- Menos personas se pensionarían
- Los que se pensionen recibirían menos dinero (20 % menos).
- Se reduciría el número de beneficiarios por pensiones de invalidez y sobrevivencia
Algo importante: los cambios aplicarían para los futuros pensionados, o sus beneficiarios. Quienes ya están pensionados o reciben una renta vitalicia no experimentarían cambios. Además, estos ajustes solo aplicarían para los fondos privados.
Sobre este último punto el llamado es especial, ya que las pensiones de invalidez y de sobrevivencia tienen como principal fuente de financiación el seguro previsional. Sin estos recursos, esa cobertura no sería viable (no habría aseguradora capaz de asumir ese riesgo) lo que afectaría el acceso a las 20 millones de personas afiliadas al Régimen de Ahorro Individual (RAIS).
“De materializarse dicho decreto, el cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30% más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas. Cabe recordar que esta modalidad de pensión hoy permite asegurar un ingreso estable de por vida para los trabajadores en su etapa de retiro”, explican los gremios.
Otro cambio importante es que, aunque en la actualidad, miles de personas que no cumplen el requisito de semanas, pero sí cuentan con un capital suficiente, logran pensionarse por esta vía, con el decreto esto se dificultaría, porque el capital exigido para acceder a la prestación sería mucho más alto. Se calcula que tendrían que trabajar 10 años más, o aportar COP 100 millones adicionales.
Legalmente también hay argumentos de peso. El principal es que la aplicación de esta medida sería regresiva y, por tanto, inconstitucional.
Esto también tiene un impacto económico. Como la Constitución obliga al Estado a garantizar las pensiones de invalidez y de sobrevivencia, el supuesto “ahorro” fiscal que generaría este decreto terminaría convirtiéndose en un boomerang: en los próximos años el Gobierno tendría que asumir el costo de esas desprotecciones. O, como lo explica el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, sería como jalar la cobija y dejar los pies descubiertos. Se estima que el impacto en 10 años rondaría los COP 20 billones.
“Resulta indispensable que cualquier modificación al marco regulatorio del sistema pensional sea evaluada desde una perspectiva integral y sistémica, invitamos al Ministerio de Hacienda a que revisemos conjuntamente las consecuencias adversas que podría generar el proyecto de decreto publicado y a procurar de manera armónica que las normas se articulen, para evitar regulaciones fragmentadas, inconsistentes o incluso contrarias a los objetivos del sistema, especialmente debido a la interdependencia que caracteriza a las disposiciones en materia pensional”, concluyó Morales.
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