¿Un Uber en todos los sectores de la economía?

Daniel Medina fue ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y viceministro de María del Rosario Guerra en esa misma cartera. Cuando estuvo en el Gobierno, se expidió la Ley 1341 de 2009, la Ley de TIC, que cambió, entre otras cosas, las condiciones para los negocios de telecomunicaciones y permitió la libre entrada de plataformas tecnológicas.

Medina conoce de cerca lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por eso afirma que bajo la figura de “servicios de información”, contemplada en el tratado, Uber podría operar en el país. Como experto del sector, afirma que la polémica desatada por esa empresa de tecnología es sólo una manifestación del revuelo que desde hace rato se empezó a cocinar en todas las esferas de la economía.

¿Qué piensa de lo que ha pasado con Uber desde que llegó al país?

Uber es una de las muchas manifestaciones de cómo la tecnología cambia los negocios y la sociedad. Llegó Netflix y modificó el modelo de negocio. Los operadores de cable están molestos porque están en un régimen de licencia y pagan contraprestaciones al Gobierno y Netflix no paga nada. Lo mismo pasa con los hoteles. Llegó Airbnb y cambió la forma como la gente reserva una habitación o una casa. Los operadores postales estaban acostumbrados a transportar sus paquetes, y vienen los retailers online como Alibaba y Amazon, y cambian el negocio. Los gobiernos no se prepararon. La Ley de TIC es del 2009, ya es vieja, porque siete años en tecnología es viejo.

¿Pero realmente alguien pudo haber previsto que esto iba a ser así?

Claro. En el momento en que salió la Ley de TIC se dijo que la tecnología cambiará radicalmente los negocios y que tenemos que tomar una decisión: ¿Dejamos que la tecnología entre y los cambie, con todos los problemas que eso implica, o la bloqueamos? Se tomó la decisión, el Congreso dijo que los servicios (de telecomunicaciones) se prestan con una habilitación general, que es un registro en internet, y las aplicaciones y los servicios de información no necesitan nada. Si tengo una aplicación que quiero ofrecer al mercado y me piden una licencia porque soy “ilegal”, es absurdo.

Lo que han dicho las autoridades no es que la plataforma de Uber sea ilegal, sino el servicio que a través de ella se presta.

Mientras no puedan bloquear la plataforma, no pueden bloquear el negocio, cualquiera abre su app y ya está en Uber. La app no es ilegal e internet no puede bloquearse, porque Colombia hace parte de la ONU, que tiene eso entre sus principios. Pero se pone más grave. La revolución de la tecnología cambió el modelo de negocio pero mantuvo la figura de que hay una empresa detrás. En la segunda ola no hay una empresa detrás, sino que es de cada persona. Si tengo una casa, en el caso de Airbnb, yo soy el empresario. ¿Cómo controla un gobierno eso? Los empresarios son los señores a los que reclutan, porque los están reclutando. Ya dentro de poco vamos a tener un problema en el sector postal. Hay unos empresarios que están poniendo lockers en la ciudad. Un empresario pone una página web, hace un acuerdo con Amazon o Alibaba y monta una operación de comercio electrónico. Entonces le dice a la gente que el producto no le llega a la casa sino que hay unos lockers, que no están prohibidos, los puede poner donde quiera. Para transportar los productos luego de que el operador postal los entrega en la aduana, recluta gente y les dice que si les interesa transportar paquetes. Entonces no hace acuerdo laboral sino que lo mete en la aplicación, le sale a dónde llega el producto y en qué locker tiene que dejarlo. Los operadores postales van a decir que tienen licencias y que estos señores están compitiendo sin nada.

¿Se podría volver también un problema laboral?

Lo primero es que esto se sabía desde que salió la Ley de TIC. Han pasado siete años y ahora empiezan a explotar los problemas. Sé que hay un problema legal, pero si decimos que el mundo no cambió y bloqueamos a Uber, Netflix, Aribnb, un policía detrás de todos es irreal. No se podrá bloquearlos jurídicamente.

¿Por qué no?

Porque están resolviendo una necesidad del consumidor y tienen una financiación gigantesca. Si se habla de Uber, tiene US$50 billones (miles de millones) de capitalización. Tiene grandes inversionistas detrás como Google. Es muy difícil. Si se van por el lado del consumidor, la gente terminará defendiéndolas. El origen del problema es el derecho adquirido. Los taxistas consideran que hay un valor de su negocio que está en el cupo, que vale en la medida en que no les compitan. Ellos no tienen la culpa de la revolución tecnológica, se montaron en un negocio bajo unas normas, pero los consumidores no tienen la culpa de que eso haya cambiado. No puede el Gobierno tomar una decisión para favorecer un sector, pero tampoco puede decidir acabarlo. Las dos son malas salidas, entonces han decidido no hacer nada, que para mí es la peor de todas.

¿No da la sensación de que todo vale, de que como todos lo están haciendo, entonces ya no es ilegal? ¿Cómo evitar el “todo vale”, además frente al renombrado argumento de que la tecnología va más rápido que la legislación?

Pero es que estamos partiendo de que el modelo correcto es el modelo viejo.

Bien o no, hoy es lo legal.

Por la discusión de lo legal y lo ilegal no vamos a llegar a ningún lado. Me preocupa que al tratar de pararlo legalmente masifiquemos el fenómeno. El carpool por ejemplo es non-profit, es pagarle al amigo por la gasolina. No creo que la Policía me pueda perseguir por eso. Para mí, el problema es que hay un marco legal que no funciona. Hay que generar uno nuevo que tenga en cuenta que ya no funciona. Podría haber un período para que los taxistas se acomoden. Ellos tienen un problema, creado por nuestro marco legal, y tienen una plata que van a perder. Al Gobierno le tocará decir: “¿Cuánto van a perder y por qué no se convierten a los nuevos servicios?”, y apoyarlos, porque es un problema social. Supongo que eso es lo que el Gobierno está trabajando ahorita.

Se ha hablado del decreto de taxis de lujo…

Pero eso no soluciona nada.

¿Qué pasaría con los taxis en el nuevo modelo del que habla?

Hay antecedentes. Transmilenio. Había una cantidad de buses viejos, comprados, que tenían licencias. Si ha funcionado o no es otra discusión, pero por lo menos legalmente lo que pasó fue que les compraron los buses viejos para chatarrizar y reconvertir. Se podría crear un fondo para los taxistas y no que se pasen a Uber, porque hay mil “Uber”. Cuando estuve en el Gobierno tuvimos un problema parecido: me acuerdo de una reunión con los presidentes de las compañías de taxis, estaba Uldarico (Peña), y los otros. Ellos usan unas frecuencias para sus radios y estaban en lo que se llama el Dividendo Digital (banda de 700 MHz), que es muy valiosa para el servicio móvil. La ministra (María del Rosario Guerra) sacó una resolución diciendo que se tenían que ir de ahí y obviamente se preocuparon, porque compraron los radios y eso valía, y les dijimos: “¿Por qué no se pasan a aplicaciones, que eso ya está resuelto?”.

¿En el 2009?

Sí. 2009. Después les dimos un plazo para entregar las frecuencias, ellos empezaron a pedir una plata, después me fui del Gobierno y entró Diego Molano y no sé qué pasó. Pero eso ya se sabía, no es que cayó de sorpresa.

Si va a pasar entonces en todos los sectores, ¿de quién serían las competencias? ¿De cada ministerio?

¿Por qué le preocupa tanto el control?

Porque alguien tiene que responder.

Si voy a alquilar mi casa, el hotelero puede decir que le compiten deslealmente, que la casa no está limpia, que alguien se puede enfermar, que al usuario lo puedan asaltar. Pero el Gobierno puede decir que el que se dedique a esa actividad tiene que cumplir con un reglamento técnico, porque normalmente el problema es técnico. En el transporte, que tengan unas pólizas, seguros, inspecciones para dar garantía al consumidor.

¿Que una empresa fuera la que le respondiera al Gobierno y se encargara de que quienes trabajen con ella cumpla los requisitos?

El problema es que el concepto de empresa se está destruyendo. La tecnología lo está destruyendo, ahora los empresarios son las personas. Los que prestan los servicios son personas naturales. Esas personas tendrían que cumplir unos requisitos ante el Gobierno, inscribirse, supongamos, ante la Supertransporte.

¿Que el Gobierno vigilara que cada persona que por ejemplo presta un servicio en su carro particular tenga todo en regla? ¿No es un poco difícil?

Cambiemos de sector. Sector de comida. ¿Cuántos restaurantes unipersonales hay en la ciudad? Muchos, miles o millones. Imagínese que haya una aplicación que reclute empresarios y les da el producto, unos burritos. Y que les digan que pueden vender en línea prestándoles una página y que lo único es que traigan clientes y que por cada uno les pagan una plata. Los restaurantes unipersonales tienen que cumplir unas normas, si tienen un sitio, van y los inspeccionan, el modelo ya existe. El nuevo modelo debería proteger entonces a los conductores, no a las empresas.

¿Es doble el discurso del Gobierno que invita al desarrollo de contenidos digitales pero que no resuelve aún estos vacíos?

Dije alguna vez que acá estamos de acuerdo con las aplicaciones siempre y cuando no rompan con oligopolios. Tenemos un Apps.co y esos negocios tienen que ser disruptivos, pero si no les estamos dando mercado en Colombia…

Se ha dicho que Uber estaría cobijado por el TLC. ¿Es válido ese argumento?

En el TLC hay un capítulo de servicios de información que antes no existían. Dice que se deben prestar en Colombia de manera libre. Cualquier abogado, que seguramente aparecerá, dirá que están violando el TLC y ahí tendríamos un problema diplomático porque Uber es una compañía de capital estadounidense. Es válido, y no sólo con el argumento del TLC sino con la Ley que aprobó el Congreso. Por eso el ministro (TIC) Luna dice en su concepto que no puede bloquear internet hasta que un juez lo ordene, pero un juez nunca se lo va a ordenar, a no ser que quién sabe qué pase, porque después de eso lo que viene es ordenar, por decir algo, bloquear una página como la de El Espectador.

Pero el servicio que se presta no deja de ser ilegal.

Pero entonces el Mintic diría “no es conmigo” y le pasa la responsabilidad a Mintransporte, y ellos van a decir: “¿y yo qué hago si hay un montón de gente haciendo eso? ¿Cómo los persigo?” Por eso los taxistas montaron su bloque de búsqueda. Y esto es sólo el inicio de un montón de problemas, en todos los sectores.