Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El contrato para la construcción de una ‘carreterita’ de 22 kilómetros entre Medellín y Turbo, hace más de 25 años, cuyo costo era de $600 millones, podría terminar costándole al Estado más de $100 mil millones y llevando al banquillo a varios directivos y ex directivos del Invías.
Así lo denunció el contralor de la República, Julio Cesar Turbay, quien señaló que por este caso se abrirá investigación preliminar a varios funcionarios del Ministerio de Transporte.
Gustavo Canal, cuando era ministro de Transporte, pagó $24 mil millones para solucionar este problema. Sin embargo, el litigio no concluyó allí.
Durante la administración de Mauricio Ramírez en Invías se logró una conciliación por $74 mil millones, la cual fue avalada por el Consejo de Estado. Pero el ministro Andrés Uriel Gallego se negó a pagar y en cambio interpuso tutelas y acciones populares para defender los intereses del Estado.
Hoy la papa caliente está en la oficina de Enrique Martínez, director de Invías, quien para zafarse de esta situación debería pagar $60 mil millones. Sin embargo, él atiende la orden del Ministro, quien considera que seguirán luchando por evitarle este detrimento al Estado.
Lo cierto del contrato, que firmó en 1983 el desaparecido Fondo Nacional Vial, el cual fue reemplazado por el Invías, es que nunca se ejecutó, pero en cambio sí se abrió una vía en doble calzada a un pleito que crece en miles de millones.
El sonado caso de Dragacol, en el que se conciliaron $26 mil millones y que puso contra las cuerdas al ministro de Transporte Mauricio Cárdenas Santamaría, es pequeño frente a la problemática del Invías por no pagar una conciliación con la firma Conigravas, por un pleito que surgió cuando el contratista abandonó el proyecto por falta de pago de los avances de la obra, la cual debía hacerse en dos años, pero que nunca se concluyó. El contrato se porrogó ocho veces.
Por El Espectador
