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Uso de redes bajo presión: gremios alertan por falta de regulación de plataformas

En una carta enviada por cinco gremios del sector de comunicaciones, se advierte que mientras el uso de datos crece y la rentabilidad baja, la regulación de las grandes plataformas se mantiene intacta.

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22 de julio de 2025 - 05:28 p. m.
El ARPU bajó hasta cerca de $18.200 en ingresos móviles por acceso en junio de 2024. EFE/Alejandro García
El ARPU bajó hasta cerca de $18.200 en ingresos móviles por acceso en junio de 2024. EFE/Alejandro García
Foto: EFE - Alejandro García
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Durante los últimos años, el tráfico de datos móvil creció a un promedio anual de 25 %, multiplicando por 1,57 entre 2022 y 2024, mientras que el ingreso promedio por usuario (ARPU) cayó casi 70 % en la última década. Esta brecha profundiza una falla de mercado: plataformas digitales que concentran más de 67 % del tráfico global no pagan por el uso de las redes, aunque dependen de ellas para llegar al usuario final.

Según los gremios Andesco, Asomóvil, GSMA, Asiet y Asotic, las telecomunicaciones han invertido más de $55 billones, ajustados a 2025, en infraestructura, cobertura digital y calidad. Aun así, generar valor agregado se vuelve inviable si los ingresos por usuario no alcanzan para sostener expansión, especialmente hacia zonas rurales. Así las cosas, las asociaciones alertaron que, sin correcciones regulatorias, el despliegue se paralizaría.

La carta también propone adaptar modelos exitosos de países como Corea del Sur, donde grandes plataformas negocian con operadores bajo la supervisión de reguladores independientes, equilibrando costos y beneficios.

“Si esta situación desbalanceada no se corrige, tendrá una afectación directa sobre los servicios de telecomunicaciones, pues continuará disminuyendo la capacidad financiera de los operadores para sostener las inversiones en redes, las cuales son indispensables para otorgar a los usuarios finales un servicio de calidad a precios asequibles”, se lee en la carta.

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Según los indicadores de oficiales de Postdata, el ARPU bajó hasta cerca de $18.200 en ingresos móviles por acceso en junio de 2024, cuando el tráfico viene subiendo cerca de 11 % anual. En líneas generales, es bueno para el usuario, porque el acceso a los servicios de comunicaciones está más al alcance del bolsillo; sin embargo, deja un margen mínimo a las empresas para expandir su capacidad operativa.

La cobertura, por otro lado, sigue limitada. Hoy llega a 85 % de la población, pero para alcanzar 95 % se requieren US$4.500 millones, una cifra apenas rentable en Bogotá, y costosa en regiones como Meta, Boyacá, Antioquia o Santander.

Para los firmantes de la carta, el dilema es que no regular hoy tiene un costo social, ya que, como se explicó, la sostenibilidad del sector compromete menos inversión en zonas rurales, profundizando la brecha digital; reduce la calidad de la cobertura, lo que impacta en educación, salud, empleo y acceso a servicios digitales, y de paso, pone en relieve la desventaja regional frente a países vecinos que avanzan hacia ecosistemas digitales más competitivos.

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¿Qué requiere Colombia para reconectar?

La solución, dicen, es sencilla: reglas claras. De ese modo se evitaría que los operadores carguen con todos los costos de infraestructura. Por lo que hizo un llamado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para cumplir sus mandatos en el ecosistema de las telecomunicaciones y contenidos digitales.

A esto se le suma las obligaciones para grandes generadores de tráfico, de modo proporcional al uso de redes. Sin especificar quiénes, la carta señala que “solo tres plataformas generan 67 % del tráfico total, lo que equivale a la descarga de más de 213 millones de películas en HD en un solo mes”.

Por último, la simplificación regulatoria, para reducir cargas distorsivas y tributaciones que encarecen el acceso, propuesta que viene desde hace dos años.

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Los gremios instaron al Gobierno, al Congreso de la República y a los entes de control a actuar para avanzar con los todos los actores en “reglas claras y justas sobre el uso de las redes”, incluyendo a los actores que más tráfico generan a pagar “por los insumos que usan”.

La carta cerró con una advertencia: regular es una decisión necesaria para proteger el derecho ciudadano a conectarse y asegurar un desarrollo digital equitativo.

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