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Hoy, durante la alocución presidencial desde la Casa de Nariño, el mandatario Gustavo Petro anunció una alternativa para financiar las vacunas contra la fiebre amarilla. El presidente explicó que se usarán los recursos de concesiones en vilo para financiar la campaña de 14 millones de dosis, “y si no es suficiente, acudiremos a una emergencia económica”.
La propuesta pretende redirigir los dineros congelados en fideicomisos bancarios de concesiones 4G y 5G que no han cumplido con lo pactado. Según el mandatario, hay cerca de $8 billones atrapados en contratos de peaje en zonas de alto riesgo, sin que estos recursos estén siendo ejecutados efectivamente. El dinero está, dice Petro, pero sin acción, sin concreto.
“Se han dedicado a guardar la plata en los bancos en fideicomisos, porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras”, dijo Petro. Agregó que los ministerios de Transporte y Hacienda se encargarán de investigar a las concesiones.
La denuncia no es nueva. Desde la entrada a su mandato en 2022, el presidente ha tenido una narrativa en vaivenes con los consorcios y el modelo de Asociación Público-Privado (APP), porque el recaudo, al menos durante unas fases de construcción, se quedan varados en fiducias hasta que avance la obra. El problema está cuando algunos corredores viales están en pausa por trámites en tribunales de arbitramiento, es decir, disputas contra el Estado.
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El presidente acusa una distorsión presupuestal, ya que hay proyectos sin ejecución, mientras el dinero sigue fluyendo a cuentas inmóviles. Y, en contraste, la falta de financiación para contrarrestar la fiebre amarilla encuentra un bolsillo apretado, mientras mantiene en tensión las relaciones con el Congreso de la República, que ha empeorado desde la caída de la ley de financiamiento que buscaba recaudar $12 billones.
El foco está en las concesiones viales en vilo. La mayoría de concesiones es financiada con recursos públicos a través de peajes y vigencias futuras (dineros a largo plazo, según los avances del proyecto y cumplimientos contractuales), y que, hasta cumplir ese plazo, deben conseguir los recursos por su cuenta, usualmente con deuda. Algunos ejemplos son el de Mulaló-Loboguerrero ($2,6 billones), detenido por disputas legales de la concesión Covimar y la ANI, más una década después de su adjudicación. O el caso de Santana-Mocoa-Neiva ($2,31 billones) de Ruta al Sur, que está en tribunal de internacional para resolver una controversia contractual sobre la atención de sitios críticos inestables a lo largo del corredor.
Cabe anotar que una vez la infraestructura está operativa (terminada), las concesiones reciben ingresos por recaudo de peajes, mientras el Estado compromete los recursos a largo plazo (las vigencias) para asegurar el pago durante el periodo del contrato; de modo que, aunque haya cambios de gobiernos, los pagos fluyan en el tiempo. Por eso se guarda en fiducias. El presidente cuestiona, precisamente, que haya billones estancados en concesiones con presuntos incumplimientos contractuales.
Las cifras no son menores: las concesiones 4G movilizan inversiones por $63,5 billones, con un avance promedio de 89,1 %, frente al 61,1 % que recibió el actual Gobierno.
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A esto se suman las carreteras de quinta generación, nacidas para corregir los errores del pasado, pero que a marzo de 2025 presentan un avance físico de 8,7 %, con cuatro proyectos en construcción y dos en preconstrucción.
Según el presidente, parte del déficit fiscal es ficticio porque responde a deudas heredadas no registradas (como la del Fondo de Estabilización de Combustibles, estimada en $57,3 billones entre 2024 y 2023) y no a un desorden del actual gasto. Por eso, insiste, no se trata de más deuda, sino de reorganizar los usos del dinero público.
El pasado 15 de abril, Petro ordenó una investigación “minuciosa” en el cumplimiento de sus contratos, debido a que los ministros “temerosos” han permitido priorizar programas diferentes al del Gobierno para el “gran capital”.
“En mi opinión, esta es la mayor corrupción que existe, pero se viste de legalidad”, escribió en X.
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Es simple entender lo que sucede, mientras hay deudas por pagar, el dinero del presupuesto si lo giran religiosamente para que quede consignado en fiducias sin uso en los concesiones de las 4G.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2025
Es un mecanismo perverso que he ordenado parar. Cada concesión vial será investigada… https://t.co/s4p3cQsRbJ
Pero el camino legal no será sencillo. Modificar vigencias futuras o tocar recursos de concesiones activas requiere revisar contratos firmados y sortear advertencias técnicas, como las que ya ha señalado la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, ha reiterado que debido al modelo de APP, el país ha señalado un rezago de 100 años en infraestructura vial.
Por lo tanto, el país enfrenta una paradoja de tener obras clave que avanzan lento y una crisis sanitaria que exige velocidad; sin embargo, la incertidumbre y la inestabilidad para los inversionistas también puede estar en juego a largo plazo en términos de desarrollo de infraestructura que, a la larga, es más que concreto: conecta a las personas de diferentes regiones con diversos motivos.
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