6 Jun 2021 - 2:00 a. m.

Viaje hacia el final de la noche: ¿qué sigue para la economía con el paro nacional?

El paro nacional ha introducido una buena dosis de incertidumbre en un año que, de entrada, ya se presagiaba azaroso. Los efectos de los bloqueos, sumados a un escenario macroeconómico difícil, presentan un panorama con retos económicos y sociales. ¿Hacia dónde vamos?

Para enero de este año, 2021 se anunciaba como un tiempo particularmente extraño. A las incertidumbres normales de todo tiempo futuro se sumaba la evolución de la pandemia y la economía, ambas cabezas de la misma hidra, si se quiere: el devenir de la primera está atado, fundamentalmente, a la velocidad de vacunación, y el de la segunda, a factores como una reforma tributaria que nació muerta y ahora quiere renacer entre los fuegos de la protesta social, el déficit fiscal y el vencimiento inminente de programas de asistencia.

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Al monstruo mitológico en que se ha transformado este año hay que sumarle el paro nacional, que viene con su propia carga de incertidumbre, tanto por su posible disolución-resolución, como por la potencia que arrastra para impulsar cambios en una sociedad que se volcó a las calles para pedir, entre otros asuntos, mejores reglas de juego. Todo envuelto en el peligroso combustible de la violencia (ejercida por mano civil, estatal o incluso paraestatal).

Esta criatura formidable proyecta una sombra sobre el futuro que, en principio, se ve larga y acaso espesa. Pero, como sucede con todo monstruo, su incidencia y daño cambia en la medida en la que se ajustan ciertas perspectivas: el Kraken se ve menos grave desde el Olimpo, pero ciertamente más aterrador desde la costa de Argos.

En este punto nadie parece disputar que los bloqueos derivados del paro nacional tienen un efecto negativo en el conjunto de la economía. Qué tanto se pueden extender esos daños, y a quiénes perjudicar más, es motivo depende un poco del interlocutor.

Por ejemplo, en un análisis publicado esta misma semana, Fedesarrollo asegura que, sólo para mayo, el paro tuvo una afectación colectiva que oscila entre los $4,8 y los $6,1 billones, dependiendo del escenario que se elija mirar (entre pesimista y optimista).

En la realización del análisis, el centro de estudios económico tuvo en cuenta asuntos como el impacto en abastecimiento, la demanda de energía no regulada y el efecto que tuvo el paro camionero de 2016.

Fedesarrollo estima que el renglón que más encajó el golpe de los bloqueos fue el de comercio, transporte y alojamiento, seguido de las industrias manufactureras en segundo lugar y el agro en tercero. Entre la industria, el comercio y el agro se concentraría el 80 % del costo total estimado por el centro de análisis.

Y este puede ser un dato preocupante porque, según el DANE, las actividades del comercio y el agro lograron en marzo pasado volver a sus niveles de producción prepandemia, o sea, a los registrados en febrero de 2020. La manufactura, por ejemplo, tuvo un avance de 7 % para marzo de este año, de acuerdo con la misma entidad.

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Las actividades secundarias, entre las que se encuentran manufactura y construcción, por ejemplo, tuvieron un avance de 24,9 % en marzo pasado, “la primera vez que hay un crecimiento en la variación anual”, según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, quien afirma que también “vemos de forma significativa un impulso de 2,3 % en el valor agregado de este renglón frente a febrero, debido fundamentalmente al cambio de tendencia en la construcción”.

Y esto es importante porque marzo fue el motor que permitió que el PIB del primer trimestre no sólo volviera a terreno positivo, sino que superara los pronósticos más optimistas por encima de un punto entero (1,1 % fue la cifra final reportada por el DANE).

Estas afectaciones llevan a preguntarse, inevitablemente, por el peso de los bloqueos sobre la recuperación y las perspectivas del segundo trimestre y semestre del año. “Las mayores afectaciones, sin duda, llegan para los sectores que tienen una alta dependencia de la cadena de suministros y esto, en un mundo globalizado, involucra prácticamente a todos”, dice Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la U. Nacional. Y agrega: “El crecimiento del segundo trimestre con seguridad va a resultar afectado y en el marco más grande de la recuperación, el paro termina por introducir mucha más incertidumbre, que ya la había antes por cuenta de la evolución de la pandemia”.

Para la firma de análisis Sectorial, el paro dejó pérdidas por $10 billones en su primer mes de operación y el efecto colectivo en la economía recortaría la perspectiva de crecimiento de 5,1 % a 4,7 % para 2021.

Fedesarrollo, por otro lado, asegura que su pronóstico de crecimiento de la economía para 2021 sería revisado al alza, a pesar del paro. “El sorprendente dato de crecimiento en el primer trimestre del año, la aceleración del proceso de vacunación en las últimas semanas y la baja base de comparación de 2020 implican que la tasa de crecimiento del PIB de 2021 sería superior al 4,8 % que pronosticábamos a inicio de año”, según Luis Fernando Mejía, director del centro de análisis.

Por el lado del empleo, la situación también se anuncia incierta. Para abril, el dato más reciente presentado por el DANE (15,1 % de tasa de desempleo), se registró una mejoría frente a la situación de hace un año, pero aún persisten brechas con el escenario de antes de la pandemia.

Para BBVA Research, “el dato de abril representa un retroceso en términos de la recuperación del empleo y también del dinamismo de la fuerza laboral con respecto a marzo de 2021”. Y se espera que en mayo los niveles de empleo sigan siendo bajos, entre otras razones, por los efectos de las protestas”.

La presión del paro sobre el empleo se siente, entre otros asuntos, en suspensiones de contrato derivadas de la ausencia de suministros para producir en algunas industrias, según Guevara. Y esto podría continuar erosionando, no sólo la recuperación en general, sino el estado de formalidad laboral en Colombia, que ya de entrada es frágil, por decir lo menos.

Uno de los renglones más mentados en la recuperación económica es la construcción pública. Por ejemplo, el Conpes de reactivación económica centra 43 % de los esfuerzos de creación de empleos (uno de los ejes de la estrategia) en la creación de infraestructura de transporte. Por esto, es clave mirar cuál es el panorama de este sector.

Un horizonte con retrasos

El sector de construcción de obras civiles fue uno de los primeros en suspender actividades por cuenta de la pandemia. Para marzo de 2020 menos del 5 % de los proyectos tenían algún grado de ejecución, pues las actividades se limitaron a aquellas que no se podían suspender por la complejidad de los trabajos. Sin embargo, también fue de los primeros sectores en reactivarse, pues el 27 de abril se retomaron progresivamente las labores en todo el país y en menos de un mes la industria marchaba a la máxima capacidad que las condiciones permitían.

El impulso que traía esta actividad, por cuenta de la culminación de las concesiones viales de cuarta generación (4G) y la política del Gobierno de “Concluir y concluir para la reactivación de las regiones”, que se enfoca en terminar obras estratégicas inconclusas, ayudó a que el primer trimestre de este año el sector de la construcción registrara un crecimiento récord de 17 % respecto al último trimestre de 2020, pues la variación del grupo ‘Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil’ fue de 14,4 %.

Pero la dinámica se interrumpió abruptamente el 27 de mayo por cuenta del paro nacional. Algunos proyectos apagaron máquinas ese día y no pudieron volver a encenderlas. Los bloqueos en las vías nacionales, la situación de orden público en las principales ciudades y la desconexión con el puerto de Buenaventura, principalmente, donde hay 1,6 millones de toneladas de mercancía represada, les han impedido acceder a insumos para la construcción, a combustibles para sus vehículos operativos e incluso a maquinaria que llega de Asia en alquiler.

El Invías tuvo que suspender, entre otros proyectos, los trabajos en el cruce de la cordillera Central, más conocido por su obra cumbre, el túnel de La Línea, prácticamente un mes luego de que los manifestantes bloquearan el ingreso al corredor por Cajamarca (Tolima) y por Calarcá (Quindío) hasta el pasado 26 de mayo. A la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han llegado reportes de varias concesiones paralizadas, pero hasta ahora no reporta oficialmente retrasos o modificaciones en los cronogramas. Algunas empresas, como KMA Construcciones, han optado por darle vacaciones a sus trabajadores para no tener que terminarles el contrato.

El problema está en que la locomotora de la infraestructura, como los mismos gobiernos se han empeñado en llamarla, no se enciende tan fácilmente. Cada vez que un proyecto se frena, dicen los ingenieros, se rompe la inercia, hay que volver a empezar y el arranque de todo proyecto es lento hasta que se coordinan todas las actividades que van en serie. Esto significa que un mes de suspensión se convierte en dos meses de trabajos, mínimo, antes de llegar hasta el punto en el que estaban.

¿Qué sigue?

Para empezar a buscar soluciones, para algunos expertos, hay que centrar la atención en puntos claves en el estallido social: los jóvenes, la educación, el empleo y una buena comunicación. Para Helena García, experta en desarrollo económico y competitividad, es fundamental abrir el diálogo, pero a nivel local para atender las necesidades de las comunidades, “que después, con metodologías, tiempos y acompañamiento del Gobierno, puede ir de lo más local para luego construir algo a nivel nacional”.

Además de una reforma tributaria que dé “la tranquilidad de cubrir las necesidades de gasto que ya había antes del paro”, en palabras de García, es necesario retomar la educación presencial. “Uno de los problemas que veíamos en 2019 era el desempleo juvenil. Ahora, desgraciadamente, se estima que la capacidad de aprendizaje y retención a través de medios virtuales es menor que cuando es presencial. Estos jóvenes tienen una pérdida de acumulación de capital humano que va a hacer que sea más difícil encontrar trabajo”.

Para Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar, “hay que lograr que la gente vuelva a la cotidianidad. El problema no es la plata, sino que la plata se mueva. Hay que lograr que los negocios se abran”. Sin embargo, el reto es “mover todo el baile al mismo tiempo”, es decir, si bien es necesario, por ejemplo, que los niños y niñas vuelvan al colegio para que las mujeres (que asumen la mayoría de la carga de cuidado) puedan regresar al mercado laboral, hay que garantizar que haya oportunidades de empleo para ellas.

Para soluciones de más largo plazo, señala Helena García, es necesario dar la discusión de una reforma laboral. “No se trata de reducir la seguridad social, pero hay que ser conscientes de que en la medida en que se hace más caro el empleo, la solución es empleo informal; eso sí es precarización”, dice. Señala que el asunto es aun más urgente teniendo en cuenta el futuro de la automatización del trabajo. “Si en ese contexto tenemos esas cargas adicionales para contratar personas, veremos una adopción acelerada de estas tecnologías en los lugares de trabajo”.

Otro elemento es la eficiencia del gasto. Helena García menciona el asunto pensional: “No es que gastemos menos en pensiones, sino que lo gastemos bien”, en referencia a los subsidios que llegan al quintil más alto de la población. Carlos Córdoba, director de Rimisp en Colombia, señala algo similar, pero relacionado con el desarrollo rural. “Ese gasto es muy grande, pero es muy ineficiente y está muy centralizado. Urge reducir los costos de transacción y medir la inversión en este sector contra su efecto específico en reducción de pobreza rural. Este es un debate especialmente relevante en medio de la pandemia, pues los resultados de pobreza muestran que las ayudas contrarrestaron la caída del ingreso laboral en el 2020. Es clave evaluar la sostenibilidad de la estrategia de transferencias monetarias y pensar en programas que apunten al desarrollo productivo rural”.

Asimismo, Córdoba señala “la escandalosa cifra de $29 billones” en caja que tienen los municipios y departamentos. “Cada nueva reforma que le hacen al sistema de regalías enreda más los procedimientos y aleja la posibilidad de ejecución. La Comisión Rectora de regalías debería agilizar la ejecución de esos recursos y priorizar proyectos de desarrollo social y reactivación”. Es dinero que, agrega el director de Rimisp, puede destinarse a emprendimientos o creación de empleo para jóvenes y mujeres rurales. Finalmente, no deja de mencionar la implementación de la reforma rural integral. “Aunque el gobierno muestra algunos avances en el los PDET, no hay que olvidar que el punto 1 del Acuerdo también incluía el tema de tierras y los planes nacionales sectoriales”.

Para todas estas reformas los modos de comunicar son esenciales. Herrera afirma que es urgente una adecuada gestión de la comunicación para empezar a “desenredar la pita” de la crisis actual. “Hay gente inconforme y hay muchas razones para estarlo. Toca bajar el tono de la conversación”, por ejemplo, que de parte del Gobierno haya condolencias por las personas que han muerto en medio del paro. “No digo que asume la culpa, sino al menos visibilizar lo que está pasando”.

En un sentido similar, García señala que es necesario recuperar la confianza, pues de otra manera no solo no serán exitosas las reformas que se propongan. Hacer promesas viables, sostenibles y que se cumplan, es clave para eso. “Además, se vienen retos por el cambio climático, con desastres naturales más frecuentes. Habrá una necesidad de la solidaridad entre personas, sin dejar de lado el rol del Estado en gestión del riesgo y atención de desastres. Pero probablemente veremos conflictos redistributivos por agua, tierras fértiles, y, si estamos en este clima, va a ser realmente difícil resolverlos”.

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