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El Departamento Nacional de Planeación publicó un borrador de decreto que busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas de los proyectos de infraestructura de transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Las vigencias futuras son compromisos presupuestales que el Estado adquiere para garantizar la continuidad de proyectos más allá de un periodo de gobierno.
Este martes se conoció una carta en la que seis exministros advierten las “graves consecuencias” que generaría esta medida.
El documento está firmado por Ángela María Orozco, exministra de Transporte; Germán Cardona, exministro de Transporte; José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda; Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, y Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.
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De acuerdo con los exministros, el decreto pretende “regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”. Por lo anterior, el proyecto genera dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, “además, desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas”.
La carta señala que el articulado contradice los planteamientos que ha hecho la Contraloría General de la República, en una advertencia que indica que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente.
Para los exministros, los funcionarios que expidan el decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales. Más allá de eso, preocupan las posibles demandas de los concesionarios que llegarían tras la medida, teniendo en cuenta que el Estado estaría incumpliendo los contratos.
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Aunque se ha dicho que la discusión podría zanjarse con la incorporación de un artículo que, a la luz de un acuerdo entre las partes, permita convenir la redistribución de las vigencias futuras; los exministros dicen que como los contratos ya contienen cláusulas en ese sentido, incorporar el mutuo acuerdo en el decreto “no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad”.
El decreto pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas y dejaría “en el limbo” la única apuesta de este gobierno en materia de infraestructura carretera, la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país, según los exministros.
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El 97 % de la financiación de esa vía depende de las vigencias futuras, pues el corredor solo tendrá un peaje. Si se expide el decreto, advierten, se generaría un clima de incertidumbre y desconfianza que dejaría al mercado “sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio”.
Vale aclarar que en el borrador de decreto no se tocan las vigencias de El Estanquillo-Popayán, pues este es un proyecto bandera del gobierno Petro. Pero como advierte la carta, el periodo del actual presidente finaliza en menos de un año y el próximo mandatario, a la luz del decreto (si se expide) podría redistribuir los recursos de esta iniciativa.
“De cara a lo aquí planteado, y por las incontrovertibles afectaciones que todo ello acarrearía para el sector de la infraestructura de transporte, solicitamos al gobierno abstenerse de expedir el referido decreto”, concluyen los exministros de Transporte y Hacienda.
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