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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lleva meses siguiendo la evolución del mercado del gas en Colombia. La reciente serie de visitas a empresas del sector, incluida la agremiación Naturgas, responde a una indagación iniciada en 2024, como parte de sus actividades de monitoreo a sectores estratégicos. La investigación se centra en determinar las causas del alza en el precio del gas y su impacto en los consumidores.
La superintendente Cielo Rusinque le explicó a El Espectador que estas visitas no fueron improvisadas ni impulsadas por declaraciones del presidente Gustavo Petro o del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Esto no se planeó hace “ocho días ni hace 15″, aseguró. La programación de estas inspecciones comenzó desde finales del año pasado o principios de 2024, según detalló.
Según la funcionaria, cualquier persona, incluido el presidente, puede solicitar una intervención, pero eso no significa que la SIC actúe de inmediato sin un proceso previo de evaluación y planeación.
El objetivo de la SIC es recolectar información clave sobre la disponibilidad del gas, los contratos en la cadena de suministro y los términos en los que operan las comercializadoras y distribuidoras. Sin embargo, en esta etapa de la indagación no hay agentes formales investigados ni pliegos de cargos presentados.
La intervención de la SIC se da en un contexto de creciente inquietud sobre los precios del gas hasta 36 %. En los últimos meses, se han dado anuncios de aumentos en el costo del servicio, lo que llevó a cuestionamientos sobre la justificación de estos incrementos y su impacto en hogares y empresas.
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Pero ¿cómo son estas visitas y qué buscan?
Las inspecciones de la Superintendencia son procedimientos administrativos que buscan recolectar información relevante para un análisis posterior. No son allanamientos ni operativos judiciales, aclaró Rusinque.
En el caso de Naturgás, la SIC solicitó acceso a información corporativa, contratos y datos relacionados con la fijación de precios en la cadena del gas. Según Rusinque, en estos procedimientos se pueden revisar comunicaciones empresariales siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación. La ley permite que se acceda a ciertos datos corporativos mediante herramientas forenses que garantizan la integridad y trazabilidad de la información.
“Nosotros nunca quitamos celulares, ni hacemos allanamientos, porque eso, pues los hace la Fiscalía, la Policía. Ni quitamos celulares, ni rapamos computadoras y salimos corriendo”, enfantizó Rusinque, en respuesta a las versiones que indicaban que la SIC había incautado el teléfono de Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgás. Según la superintendente, las visitas suelen estar acompañadas por abogados de las empresas involucradas y se realizan dentro del marco legal.
En total, fueron 11 las empresas visitadas, entre ellas Naturgas, Vanti y Ecopetrol. La SIC no ha revelado la lista completa de compañías inspeccionadas, pero confirmó que se trató de actores clave en la cadena de suministro de gas en el país.
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¿Qué sigue después de estas inspecciones?
Tras la recolección de pruebas, la SIC entra en una fase de análisis. El material recopilado, que incluye contratos, correos electrónicos corporativos y documentos contables, es examinado por analistas forenses y luego por el equipo jurídico de la entidad.
Si en esta revisión se encuentran indicios de prácticas restrictivas de la competencia o incumplimientos normativos, se podría emitir un pliego de cargos, lo que significaría el inicio formal de una investigación contra empresas o personas específicas. En esta fase, los implicados tendrían derecho a presentar descargos y pruebas de defensa.
Estos procesos pueden extenderse por meses. En caso de que se encuentren violaciones al régimen de competencia, las sanciones pueden incluir multas económicas e incluso la reestructuración de prácticas comerciales dentro del sector.
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